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Odarda pidió al Defensor del Pueblo frenar bajas a discapacitados hasta que se aclare la causa de corrupción que involucra a Karina Milei.

La legisladora provincial Magdalena Odarda (Vamos con Todos) denunció la existencia de graves irregularidades en las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que están dejando sin pensiones, terapias y prestaciones básicas a personas con discapacidad en Río Negro. Al mismo tiempo, reclamó la suspensión inmediata de estas auditorías hasta que la Justicia esclarezca el escándalo de corrupción que sacude al Gobierno nacional y que involucra a Federico Sturzenegger, Mario Lugones, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y empresarios vinculados al negocio de los medicamentos.

En este marco, Odarda se comunicó con el Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Bockel, a quien le solicitó formalmente que el organismo se presente como amicus curiae en la causa penal que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello. También pidió que se promueva una medida cautelar para reincorporar a los beneficiarios dados de baja y frenar el proceso de auditorías que, según múltiples denuncias, se lleva adelante con métodos arbitrarios, notificaciones engañosas y un claro objetivo de ajuste fiscal a costa de los sectores más vulnerables.

“Estamos frente a una contradicción intolerable: mientras se recortan derechos con auditorías humillantes y se ajusta sobre los más débiles, la Justicia investiga si los responsables de estas políticas se llenaban los bolsillos con coimas millonarias. No se trata de eficiencia del Estado, se trata de corrupción, negocios espurios y de un Gobierno que predica austeridad mientras negocia a espaldas de las personas con discapacidad”, denunció Odarda con dureza.

La legisladora advirtió que en localidades como Viedma, Bariloche, El Bolsón, Sierra Grande e Ingeniero Jacobacci se multiplicaron las escenas de largas colas de personas con discapacidad y sus familias, angustiadas por perder el único ingreso que les permite subsistir, al mismo tiempo que trascendían audios y allanamientos que revelaban negociados millonarios en el seno de la ANDIS. “Es obsceno —dijo— que se persiga con cartas documento a personas que apenas sobreviven, mientras se investiga si en los despachos oficiales se repartían sobres con coimas por la compra de medicamentos”.

Finalmente, Odarda solicitó que se comunique al Congreso Nacional la necesidad de crear una Comisión Investigadora Independiente con participación de organizaciones de la sociedad civil, para garantizar transparencia y evitar que el ajuste y la corrupción sigan golpeando a quienes más necesitan protección. “No se puede tapar el sol con la mano: si este Gobierno quiere hablar de moralidad y equilibrio fiscal, primero debería explicar por qué los audios y las pruebas de la Justicia apuntan a sus propios funcionarios”, concluyó la legisladora.

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