Un viaje de gestión que debía traer resultados concretos terminó en un vendaval político que expone las tensiones entre Nación, Provincia y municipios en torno a la seguridad y la protesta social. El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, viajó esta semana a Buenos Aires para reclamar en Vialidad Nacional por la Ruta 151 y firmar un convenio para recibir cámaras de seguridad. Pero la foto con Patricia Bullrich y un tweet de un funcionario nacional encendieron la mecha de una disputa que sigue creciendo.
El mensaje publicado por Martín Matzkin, integrante del equipo de Bullrich, fue explícito: “Dialogamos sobre el Protocolo Antipiquetes y el Programa Seguridad Productiva, con el objetivo de evitar bloqueos en los yacimientos petroleros”. No se trató de un trascendido anónimo, sino de información oficial, difundida desde un área del propio Ministerio de Seguridad de la Nación.
De inmediato, el secretario de Trabajo de La Pampa, Marcelo Pedehontaá, recogió el guante y planteó su rechazo a la posibilidad de que 25 de Mayo se convirtiera en terreno de prueba para el cuestionado protocolo de Bullrich. A él se sumaron las concejalas del Movimiento Popular Veinticinqueño, Vanesa Sosa y Jésica Martínez, que denunciaron una “traición a la memoria del pueblo” y repudiaron lo que consideraron un acuerdo cerrado a espaldas de la comunidad.
La reacción del intendente, sin embargo, no fue la de un dirigente dispuesto a aclarar las dudas, sino la de un jefe comunal que eligió colocarse en un rol casi judicial: exigió retractaciones inmediatas y amenazó con llevar a la Justicia a quienes osaron interpretar —desde fuentes oficiales y públicas— que su encuentro con Bullrich implicaba algo más que una charla de café.
Monsalve se escudó en la formalidad: “Para firmar un convenio con Nación necesito la autorización de Provincia, como ocurrió con el de las cámaras. En ningún momento se firmó nada”. Pero su explicación contrasta con el peso político de la foto y del comunicado difundido por el propio equipo de la ministra.
El episodio deja al descubierto dos cuestiones centrales. Por un lado, la estrategia del gobierno nacional de instalar su agenda de “mano dura” a través de municipios periféricos, aun a riesgo de generar ruido institucional con los gobiernos provinciales. Por otro, el estilo de conducción de un intendente que, frente a las críticas, no eligió transparentar ni dialogar, sino advertir sobre demandas judiciales contra funcionarios y concejales que, con lógica política, reaccionaron ante un mensaje oficial.
En definitiva, lo ocurrido en 25 de Mayo muestra cómo el gobierno nacional utiliza a los intendentes como piezas descartables de su propaganda: los exhibe en fotos con Bullrich, los involucra en discursos de orden y represión, pero los deja solos para afrontar el costo político en sus territorios, donde el malestar social y las tensiones institucionales recaen únicamente sobre ellos.
