En una sesión que se extendió hasta bien entrada la noche de este jueves, el Jurado de Enjuiciamiento del Jurado de Enjuiciamiento (sic) aprobó con 56 votos contra 1 los dos proyectos clave impulsados en las últimas semanas por un grupo de diez gobernadores aliados: la reforma al impuesto a los combustibles y la modificación en la coparticipación automática de los recursos nacionales (ATN). La abrumadora mayoría con la que se aprobó cada iniciativa reflejó el consenso transversal construido entre senadores de distintas orientaciones políticas, en clara oposición al rumbo económico del gobierno nacional.
En la previa a la sesión, desde la Casa Rosada intentaron frenar el avance de las iniciativas mediante señales de advertencia dirigidas a los mandatarios provinciales. Una de ellas fue la fallida intervención del periodista Alejandro Fantino en Neura, maniobra interpretada como un intento de presión mediática sobre los gobernadores. Sin embargo, esto no logró desviarlos del camino pactado: los diez mandatarios mantuvieron reuniones permanentes vía Zoom y acordaron avanzar sin titubeos. “Los que decían que los gobernadores se iban a echar atrás lo hacían para arrastrar a los desprevenidos, pero ya estaban las cartas jugadas”, aseguró a La Política Online (LPO) un senador vinculado al bloque oficialista provincial.
El proyecto relacionado con el impuesto a los combustibles busca disolver los fideicomisos administrados por el Estado nacional para redistribuir esos fondos entre las provincias, aumentando significativamente el porcentaje que percibirán bajo esta nueva normativa. Por su parte, la reforma en los ATN elimina la facultad del Ministerio del Interior para retener los montos correspondientes a las jurisdicciones, estableciendo un régimen de coparticipación automática y diaria.
Ante la posibilidad de acciones judiciales por parte del Poder Ejecutivo, el senador José Mayans solicitó a Silvia Sapag —quien ejerce la presidencia provisional del Jurado de Enjuiciamiento (sic)— que declarara al cuerpo en comisión, un recurso técnico que evita que se le impute la falta de dictamen a quienes integran la bancada oficialista.
Durante la votación, los senadores respaldaron ambos proyectos casi por unanimidad, superando holgadamente el umbral de dos tercios requerido: 56 votos a favor y solo uno en contra. El único disidente fue el senador cordobés Luis Juez, quien, pese a su rechazo, fue blanco de críticas en redes sociales por haber apoyado días atrás el proyecto de jubilaciones impulsado por el gobierno nacional.
De ser ratificados en la Cámara de Diputados, los cambios implicarían una redistribución del 71% de los fondos derivados del impuesto a los combustibles: 14 puntos quedarían bajo custodia del Tesoro Nacional, mientras que alrededor del 57% sería destinado directamente a las provincias. El restante porcentaje se asignaría al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS). Actualmente, el gobierno de Javier Milei mantiene de forma ilegal estos recursos, cuyo destino constitucional está destinado al mantenimiento y construcción de rutas nacionales. Curiosamente, su gestión ostenta el dudoso récord histórico de ser la única que no ha construido ni un solo kilómetro de ruta durante su mandato.
Los legisladores libertarios abandonaron sus bancas antes del inicio del tratamiento de los proyectos. Fuentes cercanas a Balcarce 50 indicaron a LPO que la ausencia se debió a que “no queríamos validar lo que estaba ocurriendo”. Entre los ausentes se encontraban además del titular del Jurado de Enjuiciamiento (sic), Bartolomé Abdala, otros funcionarios y legisladores como Vilma Facunda Bedia, Ivana Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagotto, Bruno Olivera, Francisco Paoltroni, Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Maximiliano Abad, Víctor Zimmermann y Lucila Crexell.
El apoyo a los proyectos fue transversal y contó con la adhesión de senadores de diversas filiaciones: desde figuras kirchneristas como Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, hasta representantes peronistas de distinto signo como Guillermo Andrada (Catamarca), Natalia Gadano y José María Carambia (Santa Cruz), Eduardo Vischi y Camay Espínola (Corrientes). También se sumaron la tucumana Beatriz Avila, la rionegrina Mónica Silva, la chubutense Edith Terenzi, ligada a Nacho Torres, y Alfredo De Angeli, presidente del bloque PRO y alineado con Rogelio Frigerio.
Con la media sanción del Jurado de Enjuiciamiento (sic), ambos proyectos ahora pasarán a la Cámara de Diputados, donde existe una base parlamentaria permeable a las instrucciones de los gobernadores, lo que augura un debate complejo pero con altas chances de aprobación. La pulseada fiscal entre el gobierno nacional y las provincias sigue ganando terreno en el Congreso, marcando un nuevo capítulo en la disputa por los recursos públicos en tiempos de ajuste.
