La mediación prejudicial se consolidó en todo el territorio rionegrino como un espacio fundamental para la resolución de disputas, ya que favorece el diálogo entre las partes y evita su judicialización innecesaria. En el último tiempo se fortalecieron los equipos de profesionales que se dedican diariamente a este fin.
En el Ministerio Público existen defensorías de mediación, conformadas por defensores/as coordinadores y adjuntos/as, que acompañan a quienes buscan resolver diferencias en esta instancia mediante acuerdos, sin necesidad de acudir a la confrontación propia del proceso judicial. Esta dinámica se refleja particularmente en los trámites vinculados con alimentos y regímenes de comunicación de niñas, niños y adolescentes, donde la desjudicialización es una realidad concreta.
Los datos recogidos en todo el territorio provincial muestran que casi el 80% de los casos que ingresan y se gestionan corresponden a cuestiones de familia. Entre ellas, las más frecuentes son las discusiones vinculadas con el cuidado y manutención de hijos/as en común, la atención a adultos mayores y la gestión de permisos para que personas menores de edad puedan salir del país. El resto de los casos se relaciona principalmente con cuestiones patrimoniales (como desalojos o conflictos de medianería) y, en menor medida, con asuntos contractuales.
Los coordinadores de las defensorías de mediación coinciden en que existe un estrecho vínculo entre la economía familiar y la posibilidad de alcanzar acuerdos. En períodos de menor actividad económica —asociados en las distintas regiones de Río Negro a la temporalidad productiva (turismo, cosecha, etc.)— suele observarse una disminución de convenios alimentarios. Esto revela que, en muchos casos, no se trata de falta de voluntad, sino de dificultades materiales para sostener compromisos en el tiempo. Frente a ello, se implementaron acuerdos revisables en plazos breves, con el fin de mantener abierto el diálogo y resguardar los vínculos familiares.
En la mediación familiar intervienen personas unidas por lazos y emociones. Por ello, resulta fundamental que el proceso no agrave el conflicto, sino que lo contenga y lo transforme. Así lo establece la normativa vigente, que obliga a todos los operadores judiciales a no profundizar las disputas familiares.
En el ámbito provincial, el trabajo desarrollado en los espacios de mediación ha demostrado la relevancia de este mecanismo para la resolución pacífica de los conflictos, al tiempo que fortalece los vínculos y evita el desgaste que genera la judicialización. En los casos de familia, aproximadamente la mitad concluye con acuerdos, porcentaje que se incrementa de manera significativa cuando ambas partes cuentan con la asistencia de defensores/as públicos.
Las audiencias suelen fijarse en plazos breves desde la apertura del legajo, salvo en los períodos de mayor demanda. El promedio de duración de los trámites es de entre 30 y 40 días hábiles, lo que evidencia la posibilidad de brindar una respuesta ágil y cercana a las necesidades de las familias. Aun así, la experiencia acumulada en los últimos años permitió mejorar las prácticas profesionales, dejando atrás lógicas confrontativas para avanzar hacia un abordaje transformador y pacificador.
La mediación, además de resolver conflictos puntuales, tiene un valor pedagógico: contribuye a instalar una cultura de paz, basada en el respeto mutuo y en la centralidad de la palabra empeñada. Incluso cuando no se alcanza un acuerdo formal, los compromisos asumidos en la mesa de mediación conservan su valor y deben cumplirse.
Los equipos de trabajo también impulsan un seguimiento de las causas, siempre respetando la autonomía de cada persona. No se trata de imponer soluciones, sino de ofrecer herramientas que permitan reconstruir vínculos familiares y encontrar respuestas acordes con las necesidades de cada caso.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
