A solo dos meses de su aprobación por parte de la Legislatura de Río Negro, la nueva Ley de Fauna ha generado fuertes críticas entre especialistas, conservacionistas y organizaciones ambientales, tras la omisión deliberada de mantener el histórico Cuerpo de Guardafaunas, una institución reconocida nacionalmente por su eficacia en la protección de la biodiversidad provincial.
Hace más de veinte años, Río Negro se convirtió en pionera al crear un cuerpo especializado de guardafaunas, cuya labor permitió frenar significativamente actividades ilegales como la caza furtiva, el tráfico de animales silvestres y la explotación ilegal de especies autóctonas. Estos agentes, altamente capacitados y con profundo conocimiento del territorio, no solo realizaban operativos en zonas rurales y naturales, sino que también colaboraron en investigaciones judiciales, dictaron capacitaciones a fuerzas de seguridad, jueces y fiscales, y promovieron la educación ambiental en escuelas de todo el territorio.
Sin embargo, en una decisión que muchos califican como un retroceso sin precedentes, la Legislatura provincial aprobó en el segundo semestre de 2024 una nueva ley de fauna que no solo no contempla la continuidad del Cuerpo de Guardafaunas, sino que directamente omite su existencia, derogando sin reemplazo el artículo 47º de la anterior Ley 2056/85 que lo creó.
“Sancionar una nueva ley de fauna sin un cuerpo de control que la haga cumplir equivale a una mera declaración de principios”, denunciaron Hernán Ibáñez y Claudio Bertonatti, referentes de la Fundación Azara, en un comunicado conjunto. “Esto no solo destruye un equipo de trabajo formado durante décadas, sino que vulnera el esfuerzo cotidiano de conservación que se realiza en áreas naturales protegidas”.
La desaparición del Cuerpo de Guardafaunas pone en riesgo especies emblemáticas y en peligro de extinción como el cardenal amarillo (declarado Monumento Natural Provincial), el huemul, la mara, el huillín, y diversas especies de cauquenes. A nivel global, la Lista Roja de la UICN sigue ampliándose, y el tráfico ilegal de fauna —de animales vivos, pieles, maderas y plantas ornamentales— es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad.
Desde la Fundación Guardafaunas Honorarios de Río Negro, se lanzó una campaña de firmas online con el objetivo de revertir la decisión gubernamental. En su denuncia, destacan que entre 2018 y 2023, con recursos limitados, lograron:
– 70 allanamientos por delitos contra la fauna.
– 1.654 animales rescatados, entre ellos 277 cardenales amarillos.
– Más de 100 mamíferos y reptiles recuperados.
– Actas de infracción por caza furtiva que generaron ingresos para el Estado.
– Capacitación anual a entre 300 y 400 agentes de seguridad.
– Charlas educativas en escuelas rurales y urbanas.
– Intervenciones de rescate en zonas urbanas y coordinación con bomberos y defensa civil.
– Formación a jueces y fiscales en delitos de tráfico de fauna.
“Fuimos, en ese período, ni más ni menos que el Estado presente en esta temática”, afirmaron desde la fundación en una publicación de redes sociales este miércoles, a dos meses de la “fatídica sesión” legislativa.
Actualmente, los ex guardafaunas —ahora reconvertidos en “Agentes Inspectores” sin funciones definidas— permanecen sin vehículos, sin directivas, sin herramientas ni autorización para operar en terreno desde diciembre de 2023. “La desidia en su máxima expresión”, denunciaron.
Organizaciones como la Fundación Azara y la Fundación Guardafaunas insisten en que esta situación tiene solución: basta con que las autoridades de Río Negro reactiven el Cuerpo de Guardafaunas, fortaleciéndolo con presupuesto, formación y autonomía operativa.
“El cuidado de la fauna silvestre no es un tema menor. Es esencial para el equilibrio de los ecosistemas y, en última instancia, para nuestro propio bienestar humano. Hoy, lamentablemente, no es agenda del actual gobierno de Río Negro”, concluyeron.
La campaña de firmas continúa sumando apoyos a nivel nacional e internacional, con el objetivo de exigir al Ejecutivo y Legislativo provincial una urgente reconsideración de la ley y la restitución de un cuerpo que, durante décadas, fue ejemplo de compromiso con la conservación.
