La Justicia avanza tras la denuncia del legislador Luciano Delgado Sempé por presuntas irregularidades en la licitación de un helicóptero hidrante de 6,72 millones de dólares. Señalan sobreprecios, exclusión de una oferta 39% más barata y posibles incumplimientos técnicos.
La contratación del alquiler de un helicóptero para el combate de incendios forestales por parte del Poder Ejecutivo de Río Negro quedó formalmente bajo la lupa judicial. Este miércoles, a las 9 de la mañana, el legislador Luciano Delgado Sempé, del bloque “Vamos con Todos”, fue citado por el fiscal de Viedma, José Chirinos, para ratificar y ampliar su presentación ante el Procurador General, Jorge Crespo, en la que denunció presuntas irregularidades en la licitación que culminó con una adjudicación por 6,72 millones de dólares.
La investigación gira en torno a la Licitación Pública Nº 98/2025, tramitada por el SPLIF, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Aunque el procedimiento se encuadró formalmente bajo la figura de licitación pública, la denuncia pone en cuestión aspectos medulares del proceso: la confección del expediente, la evaluación de las ofertas y el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y resguardo de la hacienda pública.
Uno de los puntos más sensibles es la exclusión de una propuesta presentada por Helicopters AR S.A., que —según detalló Delgado Sempé— era un 39% más económica que la finalmente adjudicada. El contrato quedó en manos de Aeroguardian S.A., por un monto considerablemente mayor. La diferencia económica no es menor: en términos fiscales, implica millones de dólares adicionales en un contexto de restricciones presupuestarias y demandas sociales crecientes.
El legislador también advirtió que los plazos establecidos en el proceso licitatorio habrían sido exiguos e irrazonables, lo que pudo haber afectado la igualdad de condiciones entre oferentes y limitado la concurrencia efectiva. Si se comprueba que los tiempos no respetaron los estándares legales mínimos, el procedimiento podría quedar seriamente comprometido.
Pero la controversia no se agota en el plano económico. Según la presentación, la aeronave adjudicada no cumpliría con todas las especificaciones técnicas exigidas en el pliego, particularmente en lo referido a la capacidad de descarga de agua y al traslado de brigadistas, dos variables críticas para la eficacia operativa en incendios forestales. De confirmarse, no solo se trataría de un eventual sobreprecio, sino de una contratación que podría no responder adecuadamente a la finalidad pública invocada.
Delgado Sempé también solicitó que se investigue la posible existencia de sobrecostos en comparación con valores de mercado y contrataciones similares en otras jurisdicciones, sin que conste —hasta el momento— una fundamentación técnica robusta que explique la diferencia.
“Cuando se trata de incendios forestales, estamos hablando de proteger vidas, bienes y nuestros recursos naturales, pero también de cuidar los recursos de todos los rionegrinos. Por eso pedimos que se investigue el procedimiento y se garantice transparencia”, afirmó el legislador.
La causa recién comienza, pero el caso ya expone una tensión estructural: la urgencia que imponen las emergencias ambientales no puede convertirse en coartada para relajar los controles administrativos ni para comprometer millones de dólares sin una trazabilidad clara. En un Estado que administra recursos públicos escasos, la transparencia no es un gesto voluntarista; es una obligación indelegable.
