Un nuevo caso de violencia de género sacudió a la comunidad de Valcheta, luego de que una mujer denunciara haber sido víctima durante más de dos décadas de agresiones verbales, psicológicas y físicas por parte de su pareja y padre de su hijo. La situación se tornó insostenible la noche del 28 de junio, cuando una discusión por un desperfecto en el automóvil desató una nueva agresión.
La víctima relató que, si bien en muchas ocasiones la hostilidad era mutua, las discusiones solían escalar hasta derivar en episodios de violencia. Esa noche, LGJ –así fue identificado el hombre en el expediente– le propinó una cachetada tras un cruce de palabras, seguido de insultos y agravios. Fue entonces cuando la mujer decidió comunicarse por primera vez con la policía.
Al llegar un patrullero al domicilio, los efectivos constataron que el conflicto se había calmado. La mujer informó que al día siguiente formalizaría la denuncia. Sin embargo, tras la retirada de los uniformados, el agresor volvió a atacar: le dio golpes de puño en ambas mejillas, lo que la llevó a huir en su auto hacia la unidad policial. Durante su huida, LGJ intentó abrir la puerta del vehículo, aunque fue disuadido por la presencia de un móvil policial.
El hecho ocurrió en Valcheta, una localidad del este rionegrino ubicada a unos 100 kilómetros de Las Grutas. El caso fue encuadrado dentro de la Ley 3040 de protección contra la violencia familiar y de género, y derivado al Juzgado de Paz local. La jueza Denise Gattoni ordenó de inmediato una serie de medidas cautelares por un plazo de 180 días.
Entre las disposiciones principales, se estableció la exclusión del hogar de LGJ y la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de la víctima. Tampoco podrá contactarla por ningún medio ni transitar por la vereda de su domicilio. Para asegurar el cumplimiento, se dispusieron rondines policiales.
En cuanto a la vivienda, la jueza resolvió que sea restituida a la mujer, quien informó que viajaría a Córdoba junto a su hijo para visitar a su familia. Se permitió al agresor retirar sus pertenencias mediante un tercero de confianza, en un día y horario previamente definidos.
La magistrada también ordenó la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia, verbal o física, tanto hacia la mujer como hacia el hijo de ambos, de 14 años. Además, se le impuso una cuota alimentaria: deberá depositar el 20% de sus haberes entre el 1 y el 10 de cada mes, presentando el recibo de sueldo y comprobantes en sede judicial.
En cuanto al vínculo con el hijo, se autorizó un “régimen amplio de comunicación”, con la condición de respetar los tiempos de descanso, estudio y la restricción perimetral vigente.
Ambas partes fueron obligadas a iniciar tratamiento psicológico a través del Servicio de Salud Mental del Hospital de Valcheta. Además, se dio intervención a la SENAF, a la Defensora de Menores e Incapaces y al Juzgado Civil N° 9 de San Antonio Oeste.
Finalmente, se les advirtió que cualquier incumplimiento de las pautas judiciales será considerado delito de desobediencia.
Este nuevo episodio pone en evidencia, una vez más, la persistencia de la violencia de género en el ámbito familiar y la necesidad de continuar fortaleciendo los dispositivos de protección y contención para las víctimas.
