Los bloques legislativos de Fuerza Patria presentaron un proyecto de ley que busca suspender los cortes o interrupciones de los servicios públicos esenciales —gas natural, energía eléctrica y agua potable— en todo el territorio de Río Negro hasta el 31 de diciembre de 2027.
La iniciativa, denominada “Ley de Garantía de Continuidad en los Servicios Públicos Esenciales”, apunta a proteger a los hogares rionegrinos en situación de vulnerabilidad social y económica, garantizando condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad.
El proyecto, impulsado por las bancas del PJ-NE y VcT, dispone que no podrán efectuarse cortes de servicios a jubilados, pensionados, familias con ingresos inferiores a la canasta básica o que tengan a cargo personas con discapacidad, cuando no puedan afrontar el pago.
El beneficio será aplicable a quienes habiten una vivienda única familiar, sin importar la titularidad del servicio, y podrá gestionarse mediante una declaración jurada ante las empresas prestatarias, tanto de forma presencial como digital.
Además, las prestadoras deberán ofrecer planes de pago accesibles, cuyos montos no superen el 20% del valor de la factura de mayor consumo, y en los casos donde ya se haya efectuado el corte, deberán restablecer el suministro en un plazo máximo de 48 horas, sin cobrar costos de reconexión.
La Agencia de Recaudación Tributaria será la autoridad de aplicación de la norma y tendrá potestad para intervenir ante negativas injustificadas de las empresas, pudiendo aplicar multas diarias de $50.000 hasta que se garantice el acceso al beneficio. También se prevé una campaña de difusión obligatoria por parte de la Legislatura, la Agencia y las empresas prestatarias para asegurar que la población conozca sus derechos.
Los legisladores destacaron que la propuesta amplía y actualiza los alcances de la histórica Ley N° 4395, sancionada en 2009 por iniciativa de Magdalena Odarda y prorrogada en distintas oportunidades, la última hasta diciembre de 2025.
En los fundamentos, los autores advierten que el contexto actual de bajos ingresos, subempleo y aumento del costo de vida “vuelve urgente garantizar el acceso ininterrumpido a los servicios básicos para evitar que la crisis económica derive en una crisis humanitaria”.
El proyecto es fruto del trabajo conjunto con la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Bariloche, que desde hace años promueve medidas de protección para los sectores más afectados por los cortes de servicios públicos.
“Este proyecto no busca desfinanciar a las empresas prestatarias, sino establecer mecanismos de protección temporales y focalizados”, aclara el texto. “Garantizar el acceso a la energía, el gas y el agua potable es garantizar derechos humanos básicos y condiciones de vida dignas”.
La legisladora Ana Marks explicó que la iniciativa surge del seguimiento sobre la aplicación de la ley vigente y la falta de información y control sobre su cumplimiento:
“Durante el último año hicimos pedidos de informe porque vimos que no había difusión suficiente y que muchas familias seguían sufriendo cortes o acumulando deudas. Por eso entendemos necesario fortalecer la norma con sanciones ante el incumplimiento y una ampliación de los beneficiarios”, señaló.
Marks subrayó además la urgencia social de la medida:
“Son muchas las familias que hoy deben elegir entre comprar alimentos, medicamentos o pagar la luz y el gas. Esta ley es una herramienta concreta de protección, aunque sabemos que es un paliativo ante un problema estructural que requiere mejorar los ingresos y el acceso a servicios públicos de calidad”.
Por su parte, Magdalena Odarda destacó que la propuesta “tiene un carácter tuitivo para las familias con menos recursos” y que su espíritu se enmarca en el reconocimiento de los servicios públicos como derechos humanos fundamentales.
“Desde 2008 venimos sancionando leyes con contenido similar por unanimidad. Esta norma vuelve a poner en el centro a las personas, no a los balances de las empresas”, afirmó.
