Tras la absolución del exintendente Juan Reggioni, intendentes, legisladores y congresistas peronistas cargaron con dureza contra el Poder Judicial de Río Negro, al que acusan de parcialidad, demoras irrazonables y de actuar en connivencia con el poder político.
Bajo el título “La judicialización selectiva de la política no es justicia: es persecución”, cinco intendentes peronistas, seis legisladores provinciales y los representantes nacionales de Fuerza Patria difundieron este miércoles un documento en el que cuestionan con inusual severidad al Poder Judicial de Río Negro por la causa Techo Digno, a la que consideran “símbolo del mal desempeño, la parcialidad y el abuso de un sector” judicial.
El pronunciamiento se conoció horas después del fallo que absolvió al exintendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni (PJ), quien se convirtió en el segundo exjefe comunal en llegar a juicio oral por este expediente y obtener un veredicto favorable, tras el antecedente del barilochense Gustavo Gennuso (JSRN). La decisión reavivó el debate político en torno a una causa que, lejos de cerrarse, mantiene en vilo a otros 15 exintendentes —una de ellos actualmente en funciones— de distintas fuerzas políticas.
En el documento, los dirigentes peronistas no sólo celebran el resultado judicial sino que redoblan la ofensiva contra el Ministerio Público Fiscal y parte del sistema judicial. Sostienen que la causa, “lejos de constituir un proceso orientado a la búsqueda de verdad o justicia”, se transformó en “una herramienta de presión y disciplinamiento”, ejecutada —según denuncian— “en connivencia con el poder político”, lo que dejaría “seriamente cuestionada la independencia judicial”.
La crítica apunta, en particular, a lo que definen como una “prolongación irrazonable de los tiempos procesales”, la “construcción de imputaciones genéricas” y la “incorporación sistemática de nuevos acusados año tras año”. Para Fuerza Patria, este esquema no es casual sino un “mecanismo de hostigamiento que vulnera derechos y garantías constitucionales básicas”, instalando sospechas permanentes sobre dirigentes que —afirman— no han sido condenados.
Sin mencionar fiscales en particular, el texto acusa a la parte acusadora de actuar con una lógica expansiva y difusa, donde las imputaciones avanzan sin precisión y el proceso mismo se convierte en castigo. En esa línea, advierten que se estaría utilizando la Justicia para “definir, desde el poder, quiénes pueden convertirse en adversarios políticos e incluso dirimir conflictos internos dentro del propio esquema gubernamental”.
El documento lleva las firmas de las intendentes y los intendentes María Emilia Soria (Roca), Sergio Hernández (Lamarque), Héctor Leineker (Conesa), Daniela Salzotto (Catriel) y Albino Garrone (Godoy); de los legisladores José Luis Berros, Ayelén Spósito, Leandro García, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé; y de los diputados y senadores nacionales Martín Soria, Ana Marks, Adriana Serquis y Marcelo Mango.
En un tramo de fuerte contenido político, los dirigentes sostienen que el accionar judicial “erosiona la credibilidad institucional y naturaliza una peligrosa confusión entre poder político y poder judicial”. Y advierten: “Cuando la Justicia deja de ser un poder independiente para transformarse en una herramienta del Ejecutivo de turno, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales”.
La ofensiva no se limita a la causa Techo Digno. El texto también cuestiona los “privilegios inadmisibles” del Poder Judicial, como los altos salarios, beneficios impositivos y los recesos —un mes en verano y 15 días en invierno— que califican de “excesivos”. En esa enumeración subyace una crítica más amplia: la de un poder que, a juicio del peronismo, se mantiene blindado frente al escrutinio público mientras avanza sobre dirigentes electos.
“La Justicia es una de las instituciones que deben ser transformadas profundamente, en beneficio de la ciudadanía”, afirman, y reclaman una reforma que recupere la confianza social y que “deje de arrodillarse ante los poderosos y de castigar a quienes trabajan y sostienen la provincia todos los días”. En ese marco, evocan las premisas de reforma judicial impulsadas años atrás por el exgobernador Carlos Soria.
Con 15 exintendentes aún bajo investigación y expedientes que se arrastran desde hace años, la causa Techo Digno se consolida así no sólo como un proceso judicial de alto impacto institucional, sino como un campo de disputa política abierto. La absolución de Reggioni no cerró el capítulo: lo reactivó con más fuerza, dejando al descubierto una tensión estructural entre justicia y política que en Río Negro parece lejos de resolverse.
