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Escuela primaria 218 de Catriel oscuras desde el 3 de septiembre por robo de cables y demoras del Estado

La escuela primaria 218 de Catriel continúa enfrentando problemas eléctricos más de dos semanas después de un robo de cables que dejó sin energía a parte de las instalaciones. A principios de septiembre, casi 100 metros de cable fueron sustraídos, afectando dos aulas, la dirección, la secretaría y la sala de docentes. Pese a que los ladrones no ingresaron al edificio, el robo dejó a la comunidad educativa trabajando solo con luz natural, un problema especialmente grave para los alumnos de sexto y séptimo grado en días nublados.

La denuncia se realizó el 3 de septiembre y se notificó al Consejo Escolar, organismo encargado de reponer los cables. Sin embargo, hasta este miércoles las reparaciones no se concretaron y solo se realizó una visita para verificar la cantidad de cable necesaria. La notable demora burocrática genera preocupación entre padres y docentes, quienes advierten que la falta de iluminación afecta la atención de los estudiantes y el funcionamiento administrativo de la escuela.

“Lamentablemente los tiempos de ellos no son los mismos que los de nosotros, ni de los chicos. En secretaría están trabajando con alargues, y en las aulas los chicos dependen únicamente de la luz natural”, relató una madre de la comunidad educativa.

A esto se suma un problema de seguridad: la Cooperadora detectó un boquete en el cerco perimetral que no había sido advertido antes. Ante la inacción estatal, los padres decidieron destinar fondos originalmente previstos para arreglos menores y mantenimiento de juegos a reforzar el perímetro, con el fin de evitar un nuevo robo que podría dejar a toda la escuela sin electricidad.

Este caso evidencia no solo la vulnerabilidad de la escuela frente a delitos menores, sino también la necesidad de revisar los tiempos de respuesta del Estado ante situaciones que afectan directamente la educación y seguridad de los alumnos. Mientras tanto, la Cooperadora se ve obligada a cumplir un rol que debería ser del Estado, garantizando el funcionamiento básico de la institución.

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