Con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, el Senado le dio media sanción en general al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares impulsado por La Libertad Avanza (LLA), que ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados. La iniciativa, cuyo eje central es que cada provincia determine qué áreas considera zona periglaciar, logró el respaldo de bloques aliados y de un sector del peronismo disidente, aunque el oficialismo debió aceptar modificaciones sobre el texto original para garantizar los votos.
La votación dejó en evidencia una nueva configuración de mayorías circunstanciales. El oficialismo contó con el acompañamiento de la mayoría de la Unión Cívica Radical, del PRO y de bloques provinciales, además de senadores del bloque Justicialista como Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca). También se alineó el bloque Convicción Federal —escindido esta semana del interbloque justicialista y con terminales en los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz—, consolidando una mayoría que permitió avanzar con una reforma de alto impacto ambiental y político.
En la vereda opuesta, la negativa fue encabezada por la mayoría del bloque Justicialista. A ellos se sumaron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, y el interbloque Impulso País, integrado por Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), esta última cercana al gobernador Ignacio Torres.
La discusión expuso no solo diferencias de criterio sobre el desarrollo productivo, sino también un debate de fondo sobre el alcance de los presupuestos mínimos ambientales establecidos por la Constitución Nacional. La rionegrina Ana Marks advirtió que la ley vigente, sancionada hace quince años, es “absolutamente clara” al prohibir la minería en ambiente glaciar y periglaciar, y cuestionó la “fragmentación absoluta de la normativa” que implicaría delegar en cada provincia la definición de estas áreas. “Rompe las reglas claras y el establecimiento de presupuestos mínimos que manda la Constitución”, sostuvo.
En la misma línea, la mendocina Anabel Fernández Sagasti calificó la eventual aprobación definitiva como “irreversible” y alertó que la explotación de un glaciar supone su desaparición definitiva: “Son formaciones que tardan millones de años en formarse y ni por todo el oro del mundo lo vamos a volver a tener”. Además, denunció que uno de los requisitos del acuerdo con Estados Unidos sería modificar la Ley de Glaciares, agregando un componente geopolítico al debate.
Desde el oficialismo, la defensa fue frontal. El senador Bruno Olivera (LLA) aseguró que la reforma “no habilita las actividades prohibidas y no viola la Constitución”, y planteó el debate en términos de oportunidad económica y transición energética: “Si Argentina puede extraer el cobre, el oro, la plata y el litio, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué le vamos a negar a las provincias y a los argentinos la oportunidad de explotar nuestra cordillera, sin distorsionar estas fuentes de agua, para que podamos proveer al mundo los minerales que demanda la transición energética?”, interpeló.
La jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, endureció el tono y rechazó la dicotomía planteada por la oposición: “No es agua o trabajo”, afirmó, y desafió a sus detractores a “cambiar su matriz de gobiernos que solo pueden ofrecer empleo público por empleo privado”. El mensaje fue claro: el Gobierno busca instalar la idea de que la discusión no es ambiental sino productiva, y que la protección de los glaciares no debe convertirse —según su visión— en un freno estructural a la minería.
La sesión también estuvo atravesada por cuestionamientos procedimentales. El senador justicialista Pablo Bensusán denunció que, antes de la votación en general, se distribuyó “un papel impreso” con modificaciones al dictamen original. Su par de LLA, Agustín Coto, explicó que se trataba de cambios surgidos de conversaciones en comisión y que serían introducidos en la votación en particular. La respuesta no calmó los ánimos: “¿De qué vamos a hablar, entonces? Porque no sabemos cuáles son las modificaciones. Otra vez lo mismo que con la ley laboral. ¿De dónde corno salió esto? ¿Para qué están las comisiones?”, estalló el pampeano, comparando la situación con el polémico artículo 44 de la reforma laboral.
El clima político previo a la votación también fue sintomático: desde un palco del recinto siguieron el debate la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una señal de la relevancia estratégica que el Ejecutivo le asigna a la iniciativa.
Con la media sanción ya obtenida, el proyecto pasa ahora a Diputados, donde el oficialismo deberá revalidar una mayoría compleja y heterogénea. Lo que está en juego no es solo la redefinición técnica de la zona periglaciar, sino el equilibrio entre desarrollo extractivo y protección de reservas de agua dulce en un contexto de crisis climática. El Senado dio el primer paso; la discusión de fondo recién empieza.
