Con una caída del 45% en el despacho y 2.000 locales cerrados desde el cambio de mando, el sector alerta sobre un “exterminio” planificado. Mientras los costos se disparan por decisión oficial, la administración nacional se mantiene al margen ante el derrumbe del consumo masivo.
El símbolo máximo de la canasta básica, el pan, ha dejado de ser un consumo garantizado para convertirse en un termómetro del derrumbe social. En lo que va de 2026, el despacho en panaderías se desplomó un 45% respecto al mismo período de 2025, una sangría que el sector atribuye directamente a la política de ajuste y a la indiferencia del gobierno nacional, que mantiene la “motosierra” encendida mientras los costos se disparan. La caída del poder adquisitivo no es solo una estadística macroeconómica; es una realidad que se mide en mesas vacías y persianas bajas.
La radiografía del sector es devastadora. Martín Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo, confirmó este martes que la retracción asciende al 70% en productos típicos como repostería, sandwichería y confitería. El saldo humano y comercial es contundente: desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, 2.000 panaderías cerraron sus puertas a nivel nacional, arrojando a la calle a 12.000 trabajadores. No se trata de una crisis cíclica, advierten los protagonistas, sino de un vaciamiento sistemático sin precedentes.
La ecuación para los comerciantes se ha vuelto insostenible. Los panaderos absorben el golpe sin trasladarlo totalmente al precio final, obligados por la necesidad de retener a una clientela empobrecida, pero los costos de producción se han vuelto inmanejables. La suba de servicios públicos, autorizada directamente por el gobierno nacional, junto con el encarecimiento de combustibles y materias primas, achica los márgenes hasta la asfixia. “Seguimos con los aumentos en materia prima, combustibles, servicios. La verdad que este gobierno sigue con la motosierra y nos va a llevar al exterminio de las panaderías”, denunció Pinto con crudeza.
Ante este escenario de emergencia, los comerciantes apelaron a la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, pero se encontraron con un muro de silencio. La administración económica, que eliminó las políticas de administración de precios y subsidios apenas asumió el mando, brilla por su ausencia. Tres años consecutivos de bajón en el consumo culminan en este 2026 sin reacción de las autoridades, validando el temor del sector: el “exterminio de las panaderías” no es una metáfora, es una proyección real bajo el actual modelo.
“La culpa siempre la tiene el resto y nunca la política que ejecutan”, agregó el dirigente, subrayando la desconexión entre el discurso oficial y la realidad de los pequeños comercios. Mientras los récords de cierres se baten trimestre a trimestre, la mesa de los argentinos se vacía. La panadería, históricamente el refugio del consumo inmediato, hoy es la primera víctima de una política que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la supervivencia de los negocios de barrio y el derecho a la alimentación de las familias.
