En una audiencia realizada este martes, el Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación contra un hombre de 32 años por una serie de hechos de violencia cometidos contra su expareja. La imputación incluye los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias, amenazas con arma blanca, desobediencia a una orden judicial, daño y coacción.
Según relató la fiscal durante la audiencia, el primer episodio ocurrió el 13 de octubre en la vivienda del acusado. Allí, en medio de una discusión, el hombre arrojó el teléfono de su pareja al suelo y lo destruyó por completo, mientras la amenazaba con el objetivo de retomar la relación.
El segundo hecho tuvo lugar el 11 de noviembre por la mañana, cuando el imputado volvió a amenazar de muerte a la joven, nuevamente con la intención de restablecer el vínculo. Ese mismo día, pero por la tarde, el acusado se presentó en el domicilio de la víctima y repitió las amenazas, configurando un tercer episodio.
El cuarto hecho ocurrió el 17 de noviembre, en el marco de la Fiesta Provincial del Petróleo. En ese contexto, el hombre abordó a la víctima, la amedrentó, la empujó e insultó reiteradamente. Con estas acciones, el imputado incumplió en al menos tres oportunidades la prohibición de acercamiento dictada por la jueza de Paz y luego ratificada por la jueza de Familia.
Horas más tarde, el acusado se dirigió a la vivienda de la joven, la obligó a caminar hasta su domicilio y allí la ingresó a un monoambiente, donde la encerró con llave, privándola de su libertad. En el interior del lugar la amenazó con un arma blanca y le provocó lesiones leves.
La fiscal subrayó que “todos los hechos ocurrieron en un contexto de violencia de género, en el que existía una relación de subordinación sostenida en el tiempo, con manifestaciones de violencia física, psicológica y simbólica”.
Ante la gravedad de lo ocurrido, la parte acusadora solicitó la prisión preventiva por el riesgo de entorpecimiento de la investigación. El defensor público no objetó ni los hechos ni la calificación legal, aunque pidió morigerar la medida cautelar.
Finalmente, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses y dispuso que el imputado permanezca en prisión preventiva mientras avance la investigación.
Con información del Ministerio Público Fiscal
