A más de cuatro años de la muerte del oficial Gabriel Mandagaray, su madre, Adriana Fabi, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, a quienes acusa de “mal desempeño” y “abuso de autoridad” por las reiteradas impugnaciones que, según su versión, han demorado y puesto en riesgo la concreción de las condenas por la muerte del joven.
Mandagaray, de 25 años y Oficial Ayudante de la Policía de Río Negro, falleció el 15 de abril de 2021 durante una capacitación del COER en Bahía Creek. Según la investigación y los relatos aportados por la familia, el efectivo sufrió una hemorragia subaracnoidea tras ser golpeado contra un tronco durante una práctica en el mar en el marco de un entrenamiento extremo.
“Mi hijo no perdió la vida, a mi hijo lo mataron”, comienza el documento presentado por Fabi, que reúne el relato del dolor familiar y críticas a la actuación del Poder Judicial. En la denuncia, la madre repasa años de presentaciones, las demoras procesales y lo que define como fallos que “han llevado la causa a un camino de impunidad”.
Fabi sostiene que su hijo fue “convocado por orden directa” a realizar el curso básico del COER —no se trató, en su representación, de una actividad voluntaria— y destaca la trayectoria de Gabriel dentro de la fuerza: cursos, ascensos, distinciones en tiro y su vocación por la seguridad pública, que incluso lo llevó a estudiar Abogacía en la Universidad Nacional del Comahue.
El escrito detalla además las condiciones en las que se desarrollaron las prácticas: jornadas extenuantes con caminatas de más de 40 kilómetros, ejercicios en el mar sin pausas ni agua, y un clima de humillación hacia Mandagaray por ser “hijo de jefes de renombre”. Según el relato familiar, el joven pidió no ingresar al agua porque no sabía nadar, pero fue obligado mediante frases humillantes como “la mierda flota”.
Causa, condenas y apelaciones
El caso fue inicialmente caratulado como “homicidio culposo”. Tras la investigación y un primer juicio, los responsables recibieron condenas en abril de 2023, ratificadas en noviembre de ese mismo año. Más recientemente, el Tribunal de Impugnación confirmó en marzo de 2025 penas de prisión efectiva para cuatro policías del COER: Alejandro Gatoni (4 años y 10 meses); Alfredo Nahuelcheo (4 años y 6 meses); Maximiliano Vitali Méndez (4 años y 3 meses); y Marcelo Contreras (3 años, pena de ejecución condicional). Las condenas se fundaron en los delitos de homicidio culposo y abuso de autoridad, y se consideró además la existencia de una modalidad abusiva en la formación profesional.
Sin embargo, esas sentencias todavía no están firmes: el expediente fue remitido al Superior Tribunal de Justicia para su revisión, y allí las resoluciones se estancaron. Fabi denuncia que el STJ “ha actuado con hostilidad” y que, en dos ocasiones, los magistrados anularon decisiones que ya habían sido confirmadas en instancias previas. “Aceptamos la primera impugnación, porque puede pasar que algo se haya revisado mal. Pero lo volvieron a hacer y otra vez anularon todo. Es evidente que quieren evitar que los responsables vayan presos, pero sin pagar el costo ellos”, afirmó.
La familia presentó además un recurso extraordinario dirigido a la Corte Suprema de la Nación para que evalúe si el proceso, la motivación de las sentencias y las revisiones intermedias respetaron los estándares constitucionales. En caso de que la Corte no admita el recurso, los representantes legales anunciaron que recurrirán a una “queja” para seguir intentando que las condenas queden firmes. Paralelamente, la defensa de la familia pidió que se revoque la decisión del STJ y se restituya el fallo original del Tribunal de Juicio de Viedma o, alternativamente, que se ordene una nueva revisión con un tribunal distinto.
Audiencia y situación de la familia
En la última audiencia, celebrada el 2 de septiembre de 2025, la familia volvió a reclamar justicia. Sofía Villalba, la madre del hijo de Gabriel —quien tiene hoy cinco años—, describió la precariedad económica y el impacto emocional que atraviesan desde la muerte del oficial. “Cuando Gabriel se fue al curso, dejó todo listo para un mes. Pagó las cuentas, llenó la alacena y prometió volver. Solo volvió en un féretro”, relató Villalba en la audiencia.
Fabi, en su presentación al Consejo de la Magistratura, insistió en que lo ocurrido no fue un accidente circunstancial sino el resultado de decisiones y omisiones institucionales. “Yo no sé nada de derecho. Pero soy policía. Y conozco de instituciones. Me pregunto, ¿Por qué no resolvieron ellos? ¿Porque no tomaron una definición? No tengo dudas que esto de volver para atrás es intentar evitar que las condenas se den y los responsables no vayan presos, pero sin pagar el costo ellos”, sostuvo.
Respuesta del Superior Tribunal
El Superior Tribunal de Justicia, por su parte, sostuvo que el refrendo de condenas exige una motivación robusta, un análisis pormenorizado de las autorías y que la revisión de segunda instancia no puede limitarse a formalidades. Fuentes del STJ señalaron que su intervención busca asegurar que las sentencias estén debidamente fundadas y cumplan con las garantías procesales previstas por la ley.
La presentación de Fabi ante el Consejo de la Magistratura abre ahora una nueva vía de reclamo institucional y contribuye a mantener en la agenda pública un caso que, para la familia Mandagaray, sigue representando una deuda de justicia. Mientras tanto, las condenas esperan definición final en la esfera judicial y la familia continúa reclamando que los responsables cumplan las penas que les fueron impuestas en instancias anteriores.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIASNET.COM.AR
