La aparición de miles de peces muertos en el dique Cuesta del Viento, en el departamento Iglesia, volvió a encender las alarmas en el norte sanjuanino. En una conversación por FM Ciudad de 25 de Mayo (La Pampa), Saúl Ceballos —referente histórico de la Asamblea Ciudadana Jáchal No Se Toca— relató la secuencia de hechos que, según explica, vuelve a poner en evidencia una década de contaminación minera, encubrimiento político y abandono estatal.
La mortandad comenzó el pasado 3 de noviembre. Tres días después, el Gobierno de San Juan difundió un comunicado atribuyendo el fenómeno a la falta de oxígeno disuelto en el agua. Pero los habitantes no quedaron conformes. “Es mentira”, afirma Ceballos sin rodeos. La Asamblea contrató un laboratorio privado y, a partir de mediciones realizadas el 7 de noviembre, concluyeron que los niveles de oxígeno estaban dentro de parámetros normales. “El pejerrey vive con 6 mg/l; nosotros detectamos entre 7,84 y 9,16. No había falta de oxígeno. Esa explicación es una maniobra para proteger los intereses de Barrick Gold”.
Para los vecinos, la hipótesis gubernamental no sólo era insuficiente sino también contradictoria con la realidad física del dique, que se encontraba con mayor caudal que el año anterior y sometido a los habituales vientos que favorecen la oxigenación. “El oxígeno no era. Es un intento de ocultar otro derrame de Veladero”, insiste.
Un Estado que niega información
El 17 de noviembre, integrantes de la Asamblea se presentaron ante la Secretaría de Gestión Ambiental Minera para solicitar los reportes completos de calidad del agua. Primero —relata Ceballos— se los negaron; luego, ante la advertencia de presentarse con escribano, les ofrecieron apenas datos básicos: temperatura, turbiedad, oxígeno, conductividad. “No quieren entregar los informes de mercurio, ni de metales pesados, ni de nada que provenga de la minería. ¿Para qué sirve un organismo así?”.
La Asamblea sostiene además que detectó 0,12 mg/l de cloro en el agua, un químico cuya presencia en ríos cordilleranos es anómala y que, según explican, se usa para neutralizar derrames de cianuro. “Cada vez que Veladero derrama, Barrick tira hipoclorito de sodio al río”, señala Ceballos. “Eso no retiene el mercurio. Y el cloro queda como prueba de que algo pasó”.
Mientras tanto, pescadores y trabajadores de actividades náuticas siguieron en contacto con el agua sin ser advertidos de ningún riesgo. Uno de ellos, según reveló Ceballos, desarrolló manchas en la espalda días después del episodio. “Es el reflejo de la irresponsabilidad y la indiferencia hacia la salud de los sanjuaninos”.
Una década de negligencias y causas que se diluyen
La Asamblea lleva más de diez años realizando presentaciones judiciales y denunciando sucesivos derrames de la mina Veladero. El punto más crítico fue en septiembre de 2015, cuando un serio derrame de cianuro y mercurio contaminó la cuenca del río Jáchal. Se inició entonces una causa penal: el juez local procesó a empleados de menor rango, pero ningún directivo de la compañía fue alcanzado. “Procesaron a ocho perejiles”, resume Saúl.
Más tarde, la causa que tramitaba en Comodoro Py avanzó hasta llegar a instancia de juicio oral. Pero la jueza María Servini declaró la prescripción hace siete meses. “Nuestro abogado Enrique Viale presentó apelación ante Casación. Estamos peleando para que se realice el juicio. Mientras tanto, los responsables se mueren o quedan impunes”.
Para Ceballos, la secuencia es siempre la misma: primero niegan los derrames, luego los admiten ante la evidencia, finalmente dejan que la justicia dilate y prescriba. “La conclusión —dice— es que no hay que permitir megaminería en nacientes de ríos ni sobre acuíferos, porque cuando contaminan nadie los sanciona”.
Silencio político y complicidad institucional
El entrevistado fue tajante sobre el rol de la dirigencia sanjuanina. Señaló que los últimos tres gobernadores —José Luis Gioja, Sergio Uñac y el actual mandatario, Marcelo Orrego— “inclinaron la balanza siempre hacia las mineras”, y que la relación con Barrick Gold y Shandong Gold es de mutua conveniencia económica: desde financiamiento político hasta aportes a celebraciones provinciales como la Fiesta del Sol.
“El gobernador Orrego es socio político de los intendentes de Jáchal e Iglesia, ambos de apellido Espejo. Pero ninguno tuvo reflejos para proteger a la población”, criticó. Tampoco hubo pronunciamiento de legisladores, concejales ni del Defensor del Pueblo. “El silencio es ensordecedor. El pueblo salva al pueblo, porque desde el Estado nadie nos cuida”.
La única excepción —agrega— es la intervención del fiscal de Jáchal, que inició de oficio una investigación por envenenamiento de aguas el 4 de noviembre. Sin embargo, a la fecha no se conocen avances.
Un escenario aún más adverso
En el tramo final de la conversación, Ceballos manifestó preocupación por la intención del gobierno nacional de modificar la Ley de Glaciares. “Eso viola el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú”, advirtió. “Si se debilita la protección de glaciares y ambientes periglaciares, nos condenan a quedarnos sin agua o con agua contaminada. Es una catástrofe para los pueblos cordilleranos”.
Con una década de denuncias, decenas de medidas judiciales sin resultados y un nuevo episodio de contaminación que aún aguarda explicaciones oficiales, las comunidades de Jáchal e Iglesia vuelven a encender voces que resuenan en toda la provincia. “San Juan se quiere mostrar como modelo de control —siente Ceballos—, pero en realidad es un modelo de descontrol minero”.
