Falta de recursos, salarios por debajo de la pobreza y renuncias en cadena exponen un deterioro estructural que el Gobierno no logra —o no quiere— revertir, mientras trabajadores y comunidades salen a cubrir lo que el Estado no garantiza. Hoy hay una jornada de visibilización y lucha en todos los hospitales rionegrinos.
La salud pública en la provincia de Río Negro atraviesa uno de sus momentos más críticos, y ya no hay margen para disimulos administrativos ni discursos tranquilizadores. La precariedad dejó de ser una excepción para convertirse en regla en la mayoría de los hospitales rionegrinos, donde la combinación de bajos salarios, falta de personal y escasez de insumos empuja al sistema a una lógica de supervivencia.
El problema no se limita a los magros sueldos —claramente por debajo de la canasta básica— sino que se agrava por la falta de provisión oportuna de recursos que el propio Ministerio de Salud está obligado a garantizar. Cuando esos insumos no llegan, o lo hacen tarde, las direcciones hospitalarias quedan libradas a la improvisación de un “plan B” que muchas veces depende de la solidaridad comunitaria.
Un caso que grafica con crudeza esta realidad se vivió en Choele Choel, donde la Cooperadora del hospital debió donar cuatro cubiertas para la ambulancia. El dato, lejos de ser anecdótico, expone una disyuntiva incómoda: o la previsión estatal falló de manera alarmante, o la intuición social terminó reemplazando la responsabilidad del Estado. En cualquiera de los dos escenarios, el resultado es el mismo: personal y pacientes expuestos a riesgos evitables.
En este contexto, el miércoles 8 de abril, durante el acto de traspaso de funciones en el hospital de Ingeniero Huergo, delegados de ASSPUR interceptaron al ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, para entregarle un petitorio que detalla la profundidad de la crisis. Entre los reclamos más urgentes figuran salarios dignos que superen la línea de pobreza, el pago inmediato de horas adeudadas y la incorporación urgente de profesionales, especialmente en zonas donde la cobertura médica es alarmantemente baja.
El caso del área programática Huergo-Mainque resulta paradigmático: apenas tres médicos generalistas para una población que no puede —ni debe— esperar. A esto se suma la denuncia de exclusión de las discusiones paritarias reales, lo que profundiza el malestar en un sector que ya sostiene el sistema con pluriempleo, jornadas extensas y un desgaste creciente.
Lejos de tratarse de hechos aislados, desde ASSPUR —integrante de FESPROSA— advierten que la crisis es estructural. En las últimas semanas se registraron renuncias de cargos de conducción en hospitales de Bariloche, Maquinchao, Fernández Oro, Cipolletti, Viedma y Jacobacci, además de dimisiones en el nivel central del Ministerio. La señal es clara: ya no se trata solo de sostener la atención, sino de poder sostener la gestión misma del sistema.
El deterioro también se manifiesta en la infraestructura: equipos fuera de servicio, falta de insumos básicos y procesos de digitalización implementados sin condiciones reales. Mientras tanto, crecen las derivaciones al sector privado, consolidando un modelo de desigualdad donde el acceso a la salud depende cada vez más de los recursos individuales.
Ante este escenario, ASSPUR convocó para este jueves 9 de abril a una jornada provincial de visibilización y lucha, con asambleas en todos los hospitales. La consigna es contundente: sin salarios dignos, no hay salud posible. Y el mensaje político no deja lugar a interpretaciones: el vaciamiento existe, tiene consecuencias concretas y, sobre todo, responsables.
Porque cuando una ambulancia circula gracias a cubiertas donadas y un hospital funciona al borde del colapso humano y material, ya no se trata de una crisis sectorial. Es, lisa y llanamente, el síntoma de un Estado que está llegando tarde —o directamente no está llegando— a donde más se lo necesita.
