Un informe incorporado a la causa judicial revela que fueron activadas en abril de 2025, con un contacto vinculado a Karina Milei. La querella habla de “higiene digital” y apunta a un presunto intento de encubrimiento.
En el marco de la investigación por la presunta criptoestafa vinculada al token $LIBRA, un nuevo elemento incorporado al expediente judicial encendió alarmas: entre el 5 y el 6 de abril de 2025, apenas 24 horas después del congelamiento de fondos asociados al caso, se dieron de alta diez líneas telefónicas prepagas a nombre del presidente Javier Milei.
El dato surge de la información remitida por la empresa Telecom a la Justicia y fue presentado por el querellante Martín Romeo junto a su abogado Nicolás Oszust, quienes solicitaron 16 citaciones a indagatoria, incluyendo al propio jefe de Estado y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según consta en la documentación, el contacto utilizado para gestionar esas líneas fue el de la funcionaria.
De acuerdo a lo publicado por el medio digital El Destape, los denunciantes interpretan este movimiento como parte de un supuesto protocolo de “higiene digital” destinado a establecer canales de comunicación difíciles de rastrear ante posibles intervenciones judiciales. En esa línea, sostienen que se trataría de un “acto de encubrimiento ejecutado desde la propia Casa Rosada”.
Las diez líneas —seis activadas el 5 de abril y cuatro el 6— fueron dadas de baja en simultáneo el 4 de junio de 2025, lo que añade un elemento adicional de sospecha para la querella. El período coincide con una etapa clave de la causa, luego de que la Justicia lograra congelar 44,5 millones de USDC y avanzara en la recolección de pruebas técnicas, incluyendo la extracción de datos de dispositivos vinculados a los traders investigados, Mauricio Novelli y Sergio Morales.
El escrito judicial, de más de 200 páginas, también señala que el número asociado al alta de las líneas figura en el teléfono de Novelli bajo el nombre “KARINA MILEI RRPP”, lo que refuerza, según los querellantes, la conexión directa con la estructura del Poder Ejecutivo.
No obstante, la información disponible aún presenta zonas grises: se desconoce quién gestionó concretamente las líneas, por qué se vincularon a un domicilio particular en el barrio porteño de Almagro —y no a sedes oficiales como Casa Rosada u Olivos— y si los dispositivos fueron utilizados por una sola persona o distribuidos entre distintos usuarios.
En paralelo, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolin, aportó informes técnicos que, según la querella, respaldan la hipótesis de fraude. Entre otros puntos, se destaca la trazabilidad de operaciones, la geolocalización de IP en Estados Unidos y la sincronización entre el tuit presidencial del 14 de febrero de 2025 promocionando $LIBRA y compras masivas realizadas por cuentas vinculadas a insiders.
Para los denunciantes, el cuadro es contundente: mientras la investigación avanzaba sobre el circuito financiero de la maniobra, desde las más altas esferas del poder se habrían implementado mecanismos para “blindar comunicaciones y asegurar impunidad”.
Con este nuevo elemento sobre la mesa, la atención se posa ahora sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien deberá definir si profundiza la investigación sobre estas diez líneas telefónicas y su eventual conexión con la causa principal.
