El gobierno rionegrino insiste en que la actualización de índices no implica recortes, pero intendentes que ya conocen los números advierten fuertes caídas en sus ingresos. Choele Choel anticipa una pérdida cercana al 15% y en Catriel crece otro frente de conflicto por el recorte del 50% en regalías hidrocarburíferas.
Mientras el gobierno de Río Negro difunde a través de su aparato de prensa la idea de que el nuevo esquema de coparticipación avanza con diálogo y consenso, empiezan a aparecer señales concretas de que la reforma podría implicar fuertes pérdidas para varios municipios. La narrativa oficial insiste en que “no habrá recorte”, pero algunos intendentes que ya conocen los números preliminares describen una realidad muy distinta.
Uno de los casos más claros es el de Choele Choel, cuyo intendente, Diego Ramello, reveló públicamente que su ciudad podría perder cerca del 15% del coeficiente de coparticipación, una reducción que tendría impacto directo en la capacidad del municipio para sostener servicios y planificar su presupuesto.
En una publicación realizada hace una semana en su cuenta de Instagram, Ramello expuso con tono institucional pero con evidente preocupación que el informe preliminar presentado por la Provincia muestra una caída significativa en los recursos que recibiría la ciudad. El jefe comunal explicó que una reducción de esa magnitud obligaría a revisar proyecciones financieras y prioridades de gestión, y reclamó al Ministerio de Economía provincial información técnica detallada sobre los indicadores y la metodología utilizada para calcular el nuevo índice.
“Una modificación de esta magnitud exige contar con información clara, completa y detallada”, señaló el intendente, quien adelantó que el municipio participará de las mesas de discusión con estudios técnicos propios y con la decisión de defender los recursos que considera le corresponden a la localidad.
La inquietud en el Valle Medio no se limita al Ejecutivo municipal. El concejal oficialista de Choele Choel, Nahuel Perfumo, también expuso esta semana la preocupación regional tras una reunión en el Concejo Deliberante con ediles de Chimpay. Aunque evitó una crítica directa al gobierno provincial, su mensaje dejó entrever la dimensión del problema.
“Lo que está en juego son recursos que impactan directamente en nuestros vecinos, en los servicios y en el desarrollo de cada comunidad”, expresó Perfumo, quien además adelantó que los concejos deliberantes del Valle Medio comenzarán a coordinar acciones para analizar el impacto del nuevo esquema.
La propia necesidad de articular una defensa regional revela que el tema está lejos de ser una discusión meramente técnica, como intenta presentarlo la comunicación oficial.
En paralelo a estas señales de alarma, el gobierno provincial continúa desplegando reuniones regionales con intendentes para explicar la reforma. Este jueves el encuentro se realizó en Villa Regina, con la presencia del ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, la secretaria de Gobierno Natalia Almonacid y los intendentes de Cervantes, General Enrique Godoy, Mainqué, Fernández Oro, Villa Regina, Chichinales e Ingeniero Huergo.
Durante la jornada, equipos técnicos de Hacienda y Rentas explicaron que la actualización del índice se basa principalmente en reemplazar los datos poblacionales del censo de 1991 por los del último censo nacional, lo que permitiría reflejar la realidad demográfica actual de la provincia. También se repasó el esquema vigente de distribución, que asigna 40% según población, 40% según la recaudación provincial generada en cada jurisdicción y 20% en partes iguales entre los municipios.
Desde la Provincia insistieron en que la masa coparticipable total no se reducirá, y que el objetivo del proceso es simplemente actualizar los criterios de distribución en una provincia que, según sostienen, ha cambiado profundamente en las últimas décadas.
El ministro Ríos calificó el encuentro como “muy positivo” y afirmó que el camino es “dialogar, construir acuerdos y pensar una provincia que crece y acompaña a cada uno de sus municipios”.
Sin embargo, el contraste entre ese discurso y los números que empiezan a circular en algunos municipios abre interrogantes sobre quiénes serán los ganadores y quiénes los perdedores de la actualización.
El cronograma de reuniones continuará este viernes en Viedma con los municipios de la Zona Atlántica, mientras que el martes 10 se realizará un encuentro en Bariloche y el miércoles 11 en Los Menucos con localidades de la Región Sur.
Pero el debate por la coparticipación no es el único frente de tensión entre la Provincia y los gobiernos locales. En paralelo crece el conflicto por el nuevo esquema de distribución de regalías hidrocarburíferas, que según denunció el municipio de Catriel implicaría un recorte cercano al 50% de los fondos que recibe la ciudad.
Ante esa situación, la intendenta Daniela Salzotto convocó a toda la comunidad a una reunión abierta para definir una posición colectiva y organizar la resistencia al recorte que, según sostienen desde el municipio, afectaría directamente a una ciudad cuya economía está ligada históricamente a la actividad petrolera.
Así, mientras el gobierno provincial insiste en presentar el proceso como una modernización técnica del sistema, cada número que comienza a conocerse en los municipios amenaza con convertir la discusión en un conflicto político de escala provincial, donde lo que está en juego no es sólo una fórmula estadística, sino la distribución real del poder y los recursos en Río Negro.
