Un esquema de tercerización de auditorías médicas reaviva cuestionamientos por contrataciones directas, montos elevados y ausencia de información pública sobre resultados y controles.
La contratación de servicios de auditoría en el ámbito del IProSS y Salud Pública volvió a quedar en el centro de la polémica tras una denuncia del vocal gremial Omar Pizzio, quien advirtió sobre la firma de un acuerdo con la empresa Pyxis por 59 millones de pesos mensuales para la evaluación de prestaciones médicas.
El señalamiento no surge en el vacío. Según se detalla, la metodología administrativa recuerda a una operatoria implementada en 2012, cuando mediante contratación directa —expediente 150053-A-12 de Fiscalía de Estado— se rubricó un “Contrato de prestación de Servicios de Asistencia Especializada Científico Técnica y Gestión” con la firma Toulupas Solages SH. En aquel momento, el esquema contemplaba un pago de 1,09 pesos por afiliado sobre un padrón de 140.500 beneficiarios, incluyendo también intervenciones en Salud Pública.
Uno de los principales cuestionamientos radica en que, tanto entonces como ahora, existen en el país múltiples empresas que prestan servicios similares, lo que pone en duda la elección de mecanismos de contratación directa sin procesos más abiertos o competitivos.
A más de una década de aquel primer contrato, persisten interrogantes sin respuesta. No se conocen informes públicos sobre los avances, resultados o impacto de los trabajos realizados por Toulupas Solages SH. Tampoco está claro si las tareas comprometidas se ejecutaron en territorio o de manera remota. A esto se suma la falta de información sobre modificaciones en el vademécum, cambios en protocolos de enfermedades crónicas de alto costo, eventuales ahorros generados o el funcionamiento del sistema informático previsto en el acuerdo.
Las dudas se replican en el presente. En relación con la contratación de Pyxis, no trascendieron detalles sobre los criterios técnicos aplicados, los mecanismos de control ni los resultados esperados de una erogación mensual de tal magnitud.
En ambos casos, se advierte además un posible incumplimiento de la Ley de Administración Financiera Nº 3186 y del artículo 40 de la Ley K 2753, normativas que establecen pautas claras para la contratación y el uso de fondos públicos.
Sobre el tema, el Dr. Alcides Pinazo apuntó que “el debate de fondo apunta a si este tipo de tareas podría realizarse dentro de las propias estructuras del IProSS y del sistema de Salud Pública, evitando la tercerización. Sin embargo, voces del sector señalan que la complejidad del sistema sanitario y la presión de corporaciones médicas dificultan la implementación de controles internos eficaces bajo los esquemas actuales”.”
Mientras tanto, crecen los reclamos por mayor transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, en un área tan sensible como el manejo de recursos destinados a la salud de miles de rionegrinos.
