La Cancillería adjudicó de manera directa casi $115 millones a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por María Josefina Roulliet. El caso expone tensiones en el discurso oficial contra la “casta” y los contratos estatales cuestionados.
La Cancillería que conduce Pablo Quirno adjudicó de forma directa un contrato por $114.044.133 a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para capacitar en idioma inglés a su personal. La institución está dirigida por María Josefina Roulliet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, uno de los principales arquitectos del discurso oficial en favor del achicamiento del Estado y la eficiencia administrativa.
La contratación pasó inadvertida hasta que trascendió el nombre de la titular de la entidad beneficiada. El dato, revelado por la periodista Luciana Glezer en La Política Online, activó cuestionamientos tanto desde la oposición como desde sectores libertarios, al poner en tensión el relato gubernamental contra la corrupción y los contratos direccionados.
El objeto del contrato —la capacitación en inglés del personal diplomático— también abrió interrogantes. El ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), requisito para integrar la carrera diplomática, exige dominio avanzado del idioma. En ese contexto, la necesidad de destinar casi $115 millones a cursos de inglés para funcionarios que, en teoría, ya acreditan competencia lingüística, resulta cuanto menos llamativa según publicó la periodista Luciana Glezer en el diario digital La Política Online.
Quirno defendió la adjudicación ante las críticas. “No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario, Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal”, sostuvo. El argumento oficial se apoya en la continuidad administrativa y en la inexistencia formal de incompatibilidades legales.
Sin embargo, el episodio reavivó antecedentes que rodean a Roulliet. Durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Sturzenegger presidía el Banco Central, fue designada al frente del Fondo Nacional de las Artes (FNA), organismo encargado de administrar subsidios y programas culturales. Su gestión concluyó tras el decreto anti-nepotismo que obligó a familiares de funcionarios a abandonar cargos en la administración pública.
Posteriormente, Roulliet impulsó iniciativas culturales financiadas mediante el régimen de mecenazgo del Gobierno porteño para sostener actividades del British Art Centre. Ese esquema, que permite a empresas desgravar impuestos a cambio de financiar proyectos culturales, volvió a situarla en la intersección entre recursos estatales, beneficios fiscales y espacios conducidos por personas cercanas al poder político. El mecanismo, defendido como herramienta de promoción cultural, fue también objeto de críticas por la reiteración de vínculos entre estructuras estatales y círculos afines al oficialismo de turno.
El nuevo contrato con Cancillería golpea la línea de flotación del discurso libertario. La administración de Javier Milei ha construido buena parte de su identidad política sobre la denuncia de la “casta” y el señalamiento de supuestos privilegios y negociaciones opacas durante gestiones anteriores. En ese marco, cualquier adjudicación directa vinculada a familiares de altos funcionarios adquiere una dimensión política que excede la legalidad formal.
Más allá de la defensa oficial, la escena vuelve a instalar una discusión clásica en la política argentina: la distancia entre la retórica de austeridad y la práctica concreta en el uso de recursos públicos. Un gobierno que proclama la reducción drástica del Estado enfrenta ahora cuestionamientos por una contratación millonaria que, aunque pueda encuadrarse en la normativa vigente, resulta difícil de conciliar con el estándar ético que dice imponer.
