El Congreso vuelve a abrir sus puertas con sesiones extraordinarias marcadas por dos proyectos sensibles para el Gobierno. Mientras el Ejecutivo acelera gestiones para blindar la reforma laboral en el Senado, también empuja el Régimen Penal Juvenil, que despierta reparos entre aliados y vuelve a tensar la relación política.
(Data Clave).- El Congreso retoma su actividad hoy bajo el paraguas de las sesiones extraordinarias, con una agenda cargada y negociaciones que ya se sienten en los pasillos. El oficialismo llega decidido a empujar un paquete de iniciativas que considera prioritarias, con la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil como ejes centrales del debate parlamentario.
En el caso de los cambios en la legislación del trabajo, el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei ya cuenta con dictamen en comisión en el Senado, aunque los números todavía no están cerrados. El texto, tal como fue redactado, enfrenta resistencias y obliga al Ejecutivo y a sus aliados a moverse contra reloj para evitar modificaciones que alteren el espíritu de la propuesta.
Desde la Casa Rosada definen a la reforma laboral como una pieza clave para “generar empleo registrado y terminar con la judicialización de conflictos”. Con ese argumento, figuras de peso del oficialismo salieron a recorrer despachos y provincias. El ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, encabezaron reuniones con legisladores y gobernadores para sumar respaldos y reducir el margen de incertidumbre antes de que el proyecto llegue al recinto.
Ese sprint final incluyó un encuentro en la Casa de Salta entre Santilli y los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, quienes reclamaron una compensación por la pérdida de fondos coparticipables que implicarían los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en la iniciativa. La cumbre reunió a tres mandatarios considerados dialoguistas, claves para sostener otras propuestas libertarias en el Congreso. El misionero Hugo Passalacqua también integra ese grupo, aunque no participó de la reunión.
Mientras la reforma laboral concentra buena parte de la tensión política, el Gobierno volvió a abrir otro frente al incluir el Régimen Penal Juvenil en el temario de las extraordinarias de febrero. La decisión llegó diez días después de haber anunciado la postergación de la modificación del Código Penal para enfocarse en el debate laboral, pero ahora volvió a escena con un mensaje de firmeza desde el oficialismo.
En ese contexto, Patricia Bullrich se reunió con familiares de Jeremías Monzón y reforzó la apuesta al asegurar: “Va a ser ley”. Sin embargo, las dudas persisten entre los bloques aliados. Desde la conducción del PRO marcaron una posición clara al señalar que “la edad de imputabilidad debe fijarse en los 14 años”. En la UCR advierten que insistir con los 13 años “tiene el riesgo de que no se vuelvan a tener los consensos que tuvimos y significa volver a abrir la caja de pandora”, y sostienen que “respetar el año de trabajo es defender el dictamen que firmamos muchos bloques”. Las posturas divergentes vuelven a colocar al oficialismo frente a una disyuntiva conocida cada vez que impulsa este tema.
La agenda de extraordinarias también incluye la discusión por la Ley de Glaciares. La iniciativa del Ejecutivo modifica la definición de ambiente periglacial respecto de la norma vigente, al referirse a territorios que pueden no contener glaciares pero presentan suelos permanentemente congelados o sometidos a ciclos de congelación y descongelación. El texto propone que solo queden bajo protección los glaciares y áreas periglaciares con función hídrica comprobable, como el almacenamiento o suministro de agua, y transfiere a las provincias la facultad exclusiva para determinar esos espacios. Además, prevé la creación de un registro nacional de glaciares para identificar las zonas alcanzadas por el régimen.
Otro punto que aparece en el radar legislativo es el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el pasado 9 de enero. El tratado establece la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de las exportaciones de ambos bloques, con plazos de transición de hasta 15 años para productos considerados sensibles. Para el Mercosur, implica mayores cuotas de exportación de bienes agropecuarios hacia Europa, mientras que para la UE supone un mejor acceso al mercado sudamericano para autos, autopartes, maquinaria, productos químicos, vinos y quesos.
