Un bypass sobre calle Roque Sáenz Peña busca aliviar un sistema saturado, pero el Concejo declaró la emergencia y apuntan contra Provincia y ARSA por el deterioro estructural del servicio.
Con el objetivo de descomprimir un sistema cloacal que desde hace décadas muestra signos de colapso, Aguas Rionegrinas (ARSA) llevó adelante un operativo sobre la calle Roque Sáenz Peña de Catriel, en un tramo comprendido entre Guatemala y Viviana García. La intervención incluyó la ejecución de un bypass que permitirá derivar el flujo de líquidos y evitar que el colector trabaje en carga, reduciendo así el riesgo de desbordes y retrocesos.
La problemática no es nueva: periódicamente, la saturación de la red provoca que aguas servidas circulen por calles céntricas, generando preocupación sanitaria y malestar entre los vecinos. En este contexto, también se dispuso el trabajo de un camión desobstructor, que realizó limpiezas profundas para remover sedimentos y obstrucciones que dificultaban el escurrimiento.
Desde la empresa estatal insistieron en la necesidad de un uso responsable de la red cloacal, evitando arrojar residuos sólidos que agraven la situación. No obstante, las soluciones de fondo aún están en evaluación y el sistema continúa bajo presión.
El escenario técnico se cruza con un creciente conflicto político e institucional. En los últimos días, el Concejo Deliberante de Catriel aprobó sobre tablas la Emergencia en los servicios que presta ARSA, una decisión que expone la gravedad del cuadro y la falta de respuestas estructurales.
En ese marco, la concejal oficialista Carolina Piris fue especialmente crítica con el gobierno provincial y la empresa estatal. “Esta emergencia es un mensaje claro: ante el abandono de la Provincia, la gestión municipal toma la iniciativa. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras ARSA mira para otro lado”, expresó. Además, denunció falta de inversión y “desidia” en la gestión de los servicios básicos, al advertir que la ciudad “no puede seguir siendo rehén” de esta situación.
El cuadro se complejiza con la paralización del Plan Director de Agua Potable, una obra estratégica que quedó inconclusa con apenas un 26,7% de avance tras la rescisión del contrato por parte de la Provincia. Mientras se reclama a la empresa contratista la devolución de más de 1.000 millones de pesos, la infraestructura permanece a medio hacer y sin horizonte claro de finalización.
Para Piris, el problema excede lo local y se inscribe en un contexto más amplio de paralización de la obra pública a nivel nacional y falta de garantías provinciales en servicios esenciales. En ese cruce de responsabilidades, los principales afectados son los vecinos, que enfrentan fallas recurrentes en prestaciones básicas.
“Catriel no puede seguir esperando”, resumió la edil, en un reclamo que sintetiza el creciente malestar social frente a un servicio vital que hoy evidencia falencias críticas.
