La cesantía de Claudia Daniela Gómez como directora del Jardín de Infantes Nº 12 de 25 de Mayo, dispuesta por el decreto 1809 firmado por el gobernador Sergio Ziliotto, generó una fuerte ola de repercusiones. La sanción llega después de casi dos años de denuncias por hostigamiento, maltrato y violencia psicológica y física hacia docentes, entre ellas la vicedirectora Lucrecia Ramírez, quien fue la primera en animarse a visibilizar el caso.
Ramírez, que terminó marchándose de 25 de Mayo por el feroz hostigamiento que padeció, celebró la resolución provincial:
“Al final yo no mentía… Y consta en el expediente que hoy el mismo Ministerio ha decidido publicar. Ya no es más un secreto a voces, hoy ya es OFICIAL. Se hizo justicia”, escribió en redes sociales.
Ramírez, en septiembre de 2022, sacaba a luz el hechoi en el noticiero que por entonces se emitía por el canal de cable local
Un recorrido político que alimentó impunidad
Distintas fuentes locales señalan que Gómez hacía valer su militancia en diferentes espacios políticos —desde el MPV, el PJ y el PRO hasta la línea Plural del peronismo pampeano— como una herramienta de presión hacia sus subalternas. Fue presidenta de la agrupación “Juana Azurduy” y se mostraba en actividades de la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), vinculada a Mariana Baudino y Daniel Lovera, lo que -acertada o equivocadamente- alimentaba la idea de un respaldo político que supuestamente la protegía.
IMÁGENES QUE DAN CUENTA DE SU MILITANCIA POLÍTICA
Voces que se sienten reivindicadas
La cesantía fue celebrada por varias dirigentes. Rocío Obreque, de La Cámpora, escribió con dureza:
“Hasta que por fin se hizo justicia con esta cara dura que se hacía la pionera de la Educación emocional con terribles antecedentes. Esta mujer que jugaba a ser Juana Azurduy se cansó de injuriarme a mí y a un montón de personas más. Ojalá con esto se atrevan a hablar el resto de quienes la padecieron. La Justicia la desenmascaró”.
Justicia lenta, responsabilidades pendientes
El caso de Gómez no solo expone la violencia ejercida dentro de una institución escolar: también desnuda la inacción del propio Estado provincial. Las denuncias eran conocidas desde marzo de 2022 y se multiplicaron con el paso de los meses, pero el Ministerio de Educación eligió callar, dilatar y dejar que las docentes enfrentaran solas un hostigamiento que, finalmente, quedó probado en el expediente.
La cesantía llega como un alivio y una validación para las víctimas, pero también como una condena implícita a las autoridades políticas y educativas que prefirieron mirar hacia otro lado. Porque mientras se protegía a una funcionaria con vínculos partidarios, se abandonaba a trabajadoras de la educación a su suerte.
En 25 de Mayo ya nadie duda de la violencia ejercida por Gómez. La verdadera duda que queda es si el Ministerio de Educación —y la política provincial en su conjunto— está dispuesto a hacerse cargo de sus omisiones, o si seguirá guardando silencio hasta que los escándalos exploten en la cara.
