El abogado del ex intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, aseguró que “no hay ninguna irregularidad” en el manejo de los fondos de la causa Techo Digno, en el marco del juicio que comenzó este martes. “Esperamos que así lo entienda el Tribunal”, expresó Manuel Maza, defensor del ex jefe comunal.
En diálogo con Noticiero Seis, Maza explicó que el delito de peculado “requiere que los fondos sean apartados de la administración pública a tal punto que los funcionarios que deben controlarlos ya no puedan hacerlo porque fueron sustraídos del erario municipal”. En ese sentido, aclaró que “la cuenta del Banco Nación estaba a nombre de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, así como la cuenta a la que se destinaron los fondos”.
El abogado precisó además que la cuenta del Banco Credicoop, utilizada para las operaciones cuestionadas, “fue abierta en 1997, no por Gennuso ni para esta operatoria”. Agregó que “siempre los organismos de control tuvieron pleno seguimiento de esos fondos: Tesorería, Hacienda y el Tribunal de Contralor”.
Consultado sobre la posibilidad de que se pruebe peculado si Nación no fue notificada del movimiento de los fondos, Maza descartó esa interpretación. “El hecho fijado por fiscalía se refiere a sacar los fondos de la esfera de custodia de la Municipalidad, no de Nación. Una vez que llegaban al municipio, este los administraba, ejecutaba y rendía cuentas sobre su uso”, señaló.
Respecto de las presuntas irregularidades en la construcción de los planes de vivienda —destino original de los fondos—, el letrado aclaró que “no es lo que está en discusión” en este juicio. “El ex intendente seguramente, cuando tenga el último uso de la palabra, hará un descargo político sobre ese tema. Pero nosotros nos remitimos a lo técnico y nos circunscribimos exclusivamente al tema de los plazos fijos. De eso debo defender a mi cliente”, sostuvo.
Finalmente, Maza recordó que la ordenanza de Contaduría autoriza al Poder Ejecutivo a constituir plazos fijos, por lo que el accionar de Gennuso estaría amparado legalmente. “Además, la fiscalía sostiene que los fondos fueron confiados en razón de su cargo, y tampoco es así: esos fondos ingresan a Tesorería, y los funcionarios que tienen su custodia por razón del cargo son otros, no el intendente”, concluyó.
