Mientras el gobierno celebra una “actualización” que ni siquiera cubre los uniformes obligatorios, efectivos de Roca, Cipolletti, Choele Choel, Catriel y Viedma sostienen la protesta. Exigen $1.800.000 mínimos y el derecho a sindicalizarse, avalado por la Corte Interamericana.
La protesta de la familia policial rionegrina se expande y ya no hay maquillaje contable que la oculte. Con la incorporación del acampe de Catriel, se suman a los de General Roca, Cipolletti, Choele Choel y Viedma, visibilizando un malestar estructural que el gobierno provincial insiste en ignorar: salarios que no alcanzan para vivir, uniformes que deben pagar los propios agentes y una negativa autoritaria a reconocer el derecho humano a la sindicalización. Más de 70 uniformados rechazaron de plano la propuesta oficial —un bono no remunerativo de $250.000 en dos cuotas, un 6% escalonado en cuatro meses y ajustes bimestrales atados al IPC— porque, lejos de revertir la caída del poder adquisitivo, consolida la pobreza de quienes garantizan la seguridad ciudadana.
Este sábado 7 de marzo, la movilización tendrá un nuevo capítulo: los policías asistirán con su reclamo a la Corrida de Cipolletti. La salida desde General Roca está prevista para las 17:30 desde el acampe, mientras que el punto de encuentro en Cipolletti será la terminal a las 19:00 para quienes deseen sumarse directamente. En Viedma, los acampantes definirán en los próximos días su participación en la carrera de TC, llevando el mensaje de dignidad a otro escenario de visibilidad pública.
Detrás de esta organización hay una historia que desnuda la represión al disenso interno. La movilización es liderada simbólicamente por un policía que fue separado de la fuerza —según denuncian sus compañeros— por atreverse a plantearle el reclamo salarial a un ministro cuando aún estaba en actividad. “Ya no es policía, pero fue el único que, estando de servicio y con uniforme puesto, se bajó de la moto y se le plantó al ministro. Eso le costó sumarios, traslados, persecución, expulsión e incluso cárcel por sedicioso, porque ese personaje molestaba al poder político”, expresó en redes un efectivo retirado. Hoy, fuera de la repartición, ese agente sigue luchando por sus camaradas. “Puede estar trabajando en un partido opuesto al gobierno y eso molesta, pero no molesta un gobierno que incumple las leyes y los derechos de los trabajadores. Él nos está representando, y eso es lo que importa”.
La raíz del conflicto trasciende lo salarial. El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro, con Rubén Muñoz a la cabeza, denuncia que el Estado provincial viola obligaciones internacionales al negar el derecho a sindicalizarse. La Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara: los agentes de fuerzas de seguridad de carácter civil —como policías y penitenciarios— gozan del derecho a organizarse gremialmente, y los Estados están obligados a adecuar su normativa. Mientras La Pampa, Chubut y Neuquén avanzan en reconocimientos gremiales, Río Negro persiste en una postura que criminaliza el reclamo pacífico y castiga con represalias administrativas a quienes alzan la voz. “No negociaremos nuestra dignidad por migajas contables”, advirtió Muñoz.
La ironía es tan perversa como reveladora: el propio gobierno reconoce, en los hechos, su incapacidad para proveer insumos básicos. Los policías denuncian que el magro incremento apenas alcanza para cubrir los gastos de indumentaria que, por ley, debería entregar el Estado. Así, el uniforme —símbolo de autoridad— se convierte en una carga financiera que hipoteca el bolsillo de quienes ganan menos que un albañil no calificado. ¿Qué legitimidad tiene un sistema que exige sacrificio a quienes custodian el orden, pero les paga salarios de pobreza?
El silencio cómplice del gobierno provincial frente a esta crisis no es solo una falla de gestión: es una traición ética. Cuando el Estado paga miseria a quienes deben proteger a la ciudadanía, no solo abandona a sus agentes; socava los cimientos mismos de la democracia. Y peor aún: ignora una sentencia internacional que no es sugerencia, sino obligación jurídica vinculante. En democracia, los uniformes deben proteger a la sociedad; pero ningún uniforme debería servir para ocultar la miseria que el poder decide infligir a quienes lo visten. La pregunta que queda flotando sobre los acampes es tan simple como incómoda: ¿hasta cuándo se podrá gobernar dando la espalda a la dignidad?
