Mientras Nación mira para otro lado, Catriel intervino con recursos propios en un tramo crítico que ya se cobró vidas; pese a existir un impuesto específico a los combustibles para infraestructura vial, no hay respuestas ni denuncias por su presunta malversación.
Un operativo de bacheo y acondicionamiento se llevó adelante en un sector crítico de la Ruta Nacional 151, a la altura del Puente Dique del río Colorado, tras reiterados reclamos por el deterioro del asfalto y el riesgo permanente para quienes circulan por uno de los corredores más importantes entre Río Negro y La Pampa. La intervención, que debería haber sido ejecutada por organismos nacionales, fue finalmente asumida por el municipio de Catriel con recursos propios.
Los trabajos se concretaron luego de un pedido de la Policía Caminera de Río Negro, que alertó sobre la presencia de profundos baches en inmediaciones del puente, un punto neurálgico para el tránsito de cargas, pasajeros y vehículos particulares. Frente a esta situación, la intendenta Daniela Salzotto dispuso un operativo urgente para reparar y acondicionar la zona.
Participaron equipos de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil, que realizaron tareas de bacheo, limpieza y mejoras en el sector del destacamento policial y áreas aledañas. Desde el municipio destacaron que el objetivo fue garantizar condiciones mínimas de seguridad vial en un tramo estratégico, aun cuando no corresponde a su jurisdicción.
Pero el dato de fondo es otro: la Ruta 151 se ha convertido en un símbolo del abandono del Estado nacional. No se trata de un problema nuevo ni aislado. Es una traza que, en su estado actual, ha costado numerosas vidas, producto de la desidia, la falta de mantenimiento y la ausencia de políticas sostenidas de infraestructura.
La paradoja resulta difícil de justificar: existe en Argentina un impuesto a los combustibles que tiene asignación específica para el mantenimiento y desarrollo de la red vial. Sin embargo, las rutas nacionales como la 151 evidencian un deterioro alarmante. Los recursos están, pero no se traducen en obras. Y lo más grave: no hay denuncias firmes ni investigaciones que avancen sobre lo que, a todas luces, configura un posible caso de malversación de fondos públicos.
En este contexto, a comienzos de 2026 el diputado nacional Marcelo Mango presentó un proyecto para declarar la emergencia vial en la red nacional del Alto Valle rionegrino. La iniciativa propone un plazo de 365 días para implementar medidas urgentes sobre las rutas 151 y 22, incluyendo la creación de una Comisión Especial de Emergencia Vial en el ámbito del Congreso.
El proyecto pone en relieve el carácter estratégico de estas rutas para la producción, el turismo y la conectividad regional, además del impacto directo que su deterioro tiene en la seguridad de miles de usuarios. Sin embargo, mientras las soluciones estructurales se dilatan en el plano legislativo, la realidad en el territorio es otra: municipios que no tienen competencia terminan haciendo lo que Nación no hace.
La intervención en Catriel no es un hecho para celebrar, sino una evidencia más de un esquema invertido, donde los gobiernos locales intentan tapar —literalmente— los baches de una política nacional ausente. Mientras tanto, la Ruta 151 sigue siendo una trampa mortal evitable.
