Presentaron en la Legislatura de Río Negro un proyecto para impedir que empresas procesadas o condenadas por delitos de corrupción, fraude o lavado de dinero reciban asistencia económica estatal.
La impulsora de la iniciativa, Gabriela Picotti (Pro Unión Republicana), explicó que actualmente en Río Negro no existe una regulación que impida que personas jurídicas procesadas o condenadas por delitos de corrupción puedan recibir asistencia económica por parte del Estado. Este “vacío normativo” permite a empresas inhabilitadas para contratar con el Estado percibir millonarios subsidios.
El proyecto busca subsanar esta falencia. Propone prohibir subsidios y beneficios a empresas con procesamientos firmes o condenas por delitos contra la administración pública, o a aquellas dirigidas por personas con antecedentes de corrupción.
Para garantizar la integridad, la iniciativa exige una declaración jurada de integridad a toda persona jurídica que solicite o reciba beneficios. Además, se crearía un Registro Provincial de Integridad Empresarial para verificar antecedentes judiciales, y se establecerá la obligación de publicar toda ayuda otorgada en el sitio web oficial del Poder Ejecutivo, detallando beneficiario, monto y fundamentos.
La propuesta se alinea con un “mandato legal y constitucional” y normativas nacionales e internacionales como las Convenciones de la ONU y OEA contra la Corrupción. Como sostuvo la Corte Suprema, “el Estado debe manejar sus recursos con previsión y responsabilidad”.
Para la autora, el proyecto es una “herramienta preventiva y razonable”, busca “resguardar el interés público, fortaleciendo la integridad del sistema provincial de subsidios”, y asegurando que los fondos públicos no terminen en manos de quienes han defraudado al Estado.
Fuente: Quorum
