El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio registró 102 ataques contra personas LGTBQI+ en el primer semestre del 2025. El informe advierte que el Estado es responsable en casi dos tercios de los casos, mientras Milei mantiene un discurso hostil hacia la diversidad.
(Data Clave).- En medio del recorte de políticas de género impulsado por la administración nacional, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTBQI+ reportó un aumento del 70% en los delitos contra la comunidad en lo que va del 2025. El relevamiento indica que entre enero y junio se registraron 102 ataques, frente a los 60 del mismo período de 2024.
En la mayoría de los hechos, la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas por los agresores como excusa para ejercer violencia. Las mujeres trans resultaron las más afectadas, concentrando el 70,6% de los casos. Les siguieron los varones cis gay (16,7%), las lesbianas (6,9%), varones trans (4,9%) y personas no binarias (1%).
Del total, un 16,7% corresponde a lesiones al derecho a la vida, incluyendo asesinatos, suicidios y muertes vinculadas a violencia estructural, que el organismo define como “decesos en los que la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes”. El 83,3% restante son ataques que afectaron la integridad física sin un desenlace fatal.
En cuanto a los perpetradores, el 35,3% de los casos fue cometido por particulares, mientras que el 64,7% tuvo como responsable al propio Estado, a través de acciones directas de fuerzas de seguridad o personal estatal. “Lejos de brindar protección, el Estado se configura como uno de los principales agentes reproductores de violencia hacia la diversidad sexual”, advirtió el Observatorio.
El aumento de estos ataques se da en un contexto en el que el presidente Javier Milei ha impulsado una fuerte agenda “anti woke”, eliminando el INADI, el cupo laboral trans, el DNI no binario y programas de acceso a tratamientos de salud previstos por la Ley de Identidad de Género. Voceros cercanos al Gobierno, como Agustín Laje o el diputado bonaerense Agustín Romo, han calificado la ideología woke como “un cáncer que hay que extirpar”.
Desde Amnistía Internacional alertaron que “las violencias que sufren las personas LGBTI+ se profundizaron en un contexto de retroceso de políticas de género y diversidad, en el que proliferan discursos que promueven el odio y la discriminación, incluso desde las máximas autoridades”. La ONG subrayó que la cruzada contra la llamada “ideología de género” se transformó en una estrategia política de sectores de derecha y grupos religiosos para revertir conquistas en derechos humanos.
