El ministro de Defensa argentino, Luis Petri , realizó a finales de junio un viaje oficial a Dinamarca para cerrar un acuerdo clave para la renovación del parque aéreo de la Fuerza Aérea Argentina: la compra de 24 aviones F-16 , de los cuales seis llegarían antes de que termine este año.
Durante el anuncio, Petri destacó que el acuerdo incluye mejoras significativas en tecnología de defensa, gracias a la empresa danesa Terma Global , que se encargará de modernizar los sistemas de guerra electrónica, actualizar software y hardware, así como proveer herramientas de planificación de misiones, equipos de apoyo en tierra y asistencia técnica.
“Con el presidente Javier Milei, la Argentina vuelve a invertir en defensa en serio. Estamos construyendo una Fuerza Aérea moderna, equipada y lista para proteger el cielo y la soberanía de todos los argentinos”, afirmó el funcionario en ese momento.
Sin embargo, detrás de las palabras oficiales se esconden detalles críticos que ponen en duda el alcance real de esta renovación militar, especialmente en relación con el histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
Según reveló una fuente militar de alto rango en diálogo con La Política Online (LPO) , el acuerdo no es completamente libre de condiciones. En virtud de presiones diplomáticas británicas ejercidas sobre sus aliados de la OTAN, entre ellos Dinamarca y Estados Unidos, se establecieron límites técnicos en los aviones destinados a Argentina.
Una de las principales restricciones afecta al radar de tiro , cuyo alcance estaría limitado a 60 millas náuticas (aproximadamente 111 kilómetros) . Esto impediría que los aviones puedan operar de manera efectiva desde distancias seguras y estratégicas frente a posibles amenazas en el Atlántico sur, especialmente en relación con la base militar británica en las Islas Malvinas.
El experto explicó que “los británicos le piden a sus socios de la OTAN proveedores de estos aviones que se aseguren de limitarlos por software, para que estos aparatos no sean un motivo de preocupación” para su seguridad en la región.
Además, detalló que “si vos te tenés que acercar a 60 millas de Puerto Argentino para eventualmente poder hacer un ataque efectivo, a esas 60 millas los británicos ya te detectaron y te tiraron abajo. Sus equipos antiaéreos tienen un rango de acción de entre 200 y 300 millas”.
Este tipo de limitaciones, aunque técnicamente implementadas mediante software, son definidas por la fuente como “compromisos políticos” , más que meras restricciones técnicas. Y, según fuentes consultadas, forman parte de acuerdos reservados firmados por el Ministerio de Defensa argentino.
Cabe destacar que los F-16 que adquirirá Argentina no contienen componentes británicos , lo que en teoría les impediría a Londres vetar directamente la venta. No obstante, como miembro clave de la OTAN, Reino Unido ejerce influencia política sobre otros países que comercializan armamento con terceros estados.
Este escenario contrasta con situaciones como el caso del Pampa III, donde Argentina sí fue vetada por Gran Bretaña para venderlo a Bolivia debido a que contiene componentes provenientes de empresas israelíes e iraníes.
La incorporación de los F-16 con estas limitaciones ha generado críticas entre veteranos de guerra y sectores del cuerpo diplomático que llevan décadas trabajando en la causa Malvinas. Para muchos, estos hechos representan una nueva señal de desdibujamiento del reclamo argentino.
La polémica se profundiza si se tiene en cuenta que días atrás, Petri fue duramente cuestionado internamente por su respuesta ante la incursión ilegal de un avión militar británico cerca de las Malvinas, sin que se emitiera protesta formal alguna por parte del gobierno argentino.
“Afirmamos que el avión estaba en espacio aéreo internacional, a 150 km de nuestro territorio. Si hubiera estado en espacio aéreo argentino, se lo habríamos advertido”, fue la escueta declaración oficial.
Este nuevo capítulo en la historia de la defensa nacional y el reclamo por la soberanía malvinense deja en evidencia las tensiones entre la necesidad de modernizar las fuerzas armadas y el precio político que se paga por hacerlo bajo los términos impuestos por potencias extranjeras.
