La política de apertura comercial del gobierno de Javier Milei disparó el ingreso de prendas descartadas desde el exterior. El 84% proviene del basural textil del desierto de Atacama y ya advierten riesgos sanitarios, ambientales y un golpe directo a la industria nacional y a la economía circular.
La decisión política del gobierno de Javier Milei de flexibilizar las importaciones está generando una nueva amenaza para la industria nacional y el ambiente: el ingreso masivo de ropa usada que, en muchos casos, proviene directamente de circuitos internacionales de descarte textil. En apenas un año, el volumen importado pasó de 24 mil kilos en 2024 a 4,6 millones de kilos en 2025, según datos de la Fundación Pro Tejer.
El fenómeno ya encendió alarmas en el sector productivo y ambiental. “Si sigue entrando ropa usada, es posible que Argentina se convierta en el nuevo basural textil del mundo”, advirtió Priscila Mukari, economista de la Fundación Pro Tejer, organización que junto a Change.org impulsó una petición para que la Secretaría de Industria y Comercio prohíba estas importaciones y restablezca criterios sanitarios y ambientales en la política comercial.
Actualmente, cerca del 12% de la indumentaria que ingresa al país corresponde a ropa usada, una cifra impensada hasta hace poco tiempo. El crecimiento explosivo se explica por la combinación de apertura comercial y la fuerte caída del poder adquisitivo, que empuja a muchos consumidores a buscar alternativas más baratas sin conocer el origen de esas prendas, según publicó “El Diarioar” con la firma del periodista León Nicanoff.
Del fast fashion al descarte global
Gran parte de esta ropa forma parte del circuito internacional del ultra fast fashion, un modelo de producción masiva y acelerada que fabrica prendas baratas y de vida útil extremadamente corta. Estas prendas, producidas mayormente en Asia y vendidas en mercados desarrollados, terminan rápidamente convertidas en residuos textiles.
“Los países que consumen fast fashion generan excedentes que no saben cómo gestionar. Entonces exportan ese descarte hacia otros territorios”, explicó Mukari.
Durante años, Chile permitió el ingreso de esos cargamentos, lo que derivó en la acumulación de millones de prendas en el desierto de Atacama, considerado hoy el mayor basural textil de América Latina. Desde allí proviene entre el 81% y el 84% de la ropa usada que llega a la Argentina, principalmente a través de la aduana de Jujuy.
Muchas de esas prendas permanecieron años expuestas al sol, la arena y la humedad antes de ser reempaquetadas y enviadas a otros mercados.
Fardos de ropa… y de basura
La ropa ingresa al país en fardos de entre 20 y 70 kilos, que luego se distribuyen a ferias y circuitos informales de venta. Sin embargo, especialistas señalan que una parte significativa ni siquiera puede comercializarse.
“Una proporción importante directamente se descarta porque está rota, manchada o deteriorada”, explicó Mukari.
Un importador mayorista reconoció que los reclamos de compradores son cada vez más frecuentes: “Muchos clientes dicen que están trayendo basura al país”.
Los fardos se comercializan entre 100 y 500 dólares, dependiendo de la supuesta calidad del contenido.
Riesgos sanitarios invisibles
Además del impacto económico, especialistas advierten sobre posibles riesgos para la salud.
Carlos del Santo, integrante de la Cámara Argentina de Representantes de Colorantes, explicó que muchos textiles pueden contener formaldehídos, ftalatos o metales pesados, sustancias químicas utilizadas en procesos industriales.
“Aunque las prendas tengan certificados de desinfección, esos químicos no se eliminan con un lavado porque muchas veces están incorporados en la fibra o en los estampados”, señaló.
Aunque todavía no existen registros sistemáticos de afecciones vinculadas a estas prendas, el fenómeno es reciente y su trazabilidad resulta compleja.
Una bomba ambiental en gestación
El problema también es ambiental. Muchas de estas prendas están confeccionadas con fibras sintéticas como el poliéster, materiales que pueden tardar décadas en degradarse.
Si terminan en basurales, contaminan suelos y cursos de agua; si se queman, liberan gases tóxicos y compuestos altamente contaminantes.
En Chile, el impacto ya obligó a la intervención judicial: el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenó al Estado elaborar un plan de reparación ambiental de diez años para retirar los residuos textiles acumulados en Atacama.
Organizaciones científicas como la Scientific Plastic Pollution Alliance of Chile (SPLACH) alertaron que la quema de prendas sintéticas combinadas con plásticos genera compuestos altamente peligrosos.
Golpe a la industria y a la economía circular
La industria textil argentina también denuncia competencia desleal. Las prendas usadas ingresan a valores cercanos a 1,2 dólares por kilo, muy por debajo de los costos de producción local, donde las empresas deben cumplir normas laborales, fiscales y ambientales.
Pero el impacto no se limita a la industria tradicional. También golpea a los emprendimientos que promueven moda circular genuina, basada en reutilizar ropa generada dentro del propio país.
“Como marca circular real, esto nos está destrozando”, lamentó María, dueña del emprendimiento María Moda Circular.
Durante cinco años su familia construyó un negocio basado en recuperar prendas locales, pero la avalancha de fardos importados está poniendo en riesgo la continuidad del proyecto.
“Hay galpones llenos de estos fardos en todo el país. No hay mercado para la cantidad de ropa que entró”, relató.
Según explicó, gran parte de las prendas presentan telas sintéticas, manchas o estampas deterioradas, lo que vuelve casi imposible su reutilización.
“Estamos pagando a otros países lo que es su basura”, resumió.
Apertura comercial o entrega ambiental
Mientras el gobierno nacional insiste en profundizar la apertura de importaciones como eje de su política económica, cada vez más sectores advierten que la Argentina corre el riesgo de convertirse no en un mercado competitivo, sino en el destino final de los descartes del mundo.
Y en ese camino, la industria nacional, el trabajo local y el ambiente parecen quedar —una vez más— en el último lugar de las prioridades.
