El mileísmo cambió las condiciones de compra y entrega de pañales para adultos a través de PAMI, un organismo que políticamente está bajo la órbita de Karina Milei. Una licitación amañada, una empresa que nunca se dedicó al rubro, sobreprecios escandalosos y entregas que no se hacen. Nuevos documentos demuestran, además, que reglaron también hasta las coimas: pidieron anticipadamente el 3% y lo dejaron asentado en papeles oficiales.
(Mauro Federico e Ivi Cángaro para Data Clave).- Con las prestaciones médicas y la asistencia social para los jubilados y pensionados, todos los gobiernos hicieron negocios. El volumen de compra de productos y servicios que demanda una población tan importante (alrededor de cuatro millones y medio de beneficiarios), combinado con la cantidad de necesidades que manifiestan los adultos mayores, transforman la administración de los recursos del PAMI en una enorme caja política.
A pesar de su discurso “anti-casta” basado en la eliminación de “los curros” y la defensa a ultranza de la “transparencia”, el gobierno de Javier Milei no fue la excepción. Desde que asumió en diciembre de 2023, comenzó la distribución de los espacios de recaudación dentro de la principal obra social de la Argentina: reparto de delegaciones, designación de cargos estratégicos y la contratación de prestadores y proveedores, fueron los principales cotos de caza para los depredadores libertarios.
Dentro de las compras, una de las más codiciadas es la de los pañales para adultos, ya que se trata de millones de unidades que se requieren de manera constante. En mayo de este año, comenzaron las primeras denuncias mediáticas acerca de lo que ya entonces podía preverse como un futuro escándalo de corrupción.
Como otras cuestiones, pasó inadvertida en la agenda de los grandes holdings y sus mediadores; pero ya entonces algunos periodistas como Andrés Lerner en Ámbito Financiero, Jairo Straccia en Radio con Vos o Giselle Leclercq para Perfil daban cuenta de una serie de irregularidades que rodeaban a la venta y distribución de apósitos para adultos.
Lo que en exclusiva detallamos ahora en Data Clave es que nuevos documentos que se hicieron públicos demuestran que el PAMI -que depende directamente de Karina Milei y puso allí a todos sus alfiles para manejar el botín más grande de recursos públicos- dejó explicitado en el convenio el pago de un adelanto, antes de la compra y distribución, de un tres por ciento del total facturado, que asciende a 450 millones de dólares.
La acusación -que ya originó una denuncia judicial y un pedido de informes del diputado Esteban Paulón– sostiene que la licitación realizada a medida de la empresa de logística Urbano Express para distribuir pañales por debajo del estándar de calidad pero por el doble de su valor de mercado minorista, demuestra que en el mismo contrato licitatorio se exige el desembolso por adelantado del porcentaje.
Esto es, lisa y llanamente, la confirmación de que ese 3% no es solo un retorno que se recauda en la ANDIS, sino que se trata de un porcentaje establecido como un mecanismo aplicable a otras dependencias estatales, cuyo destino bien podría ser la Secretaría General de la Presidencia.
La historia del curro
Los pañales para adultos comprenden el 40% del mercado de apósitos para incontinencia y su precio suele ser superior al de los infantes por una cuestión de tamaño, la cantidad de gel requerido y hasta por las tiritas de sujeción de mayor ancho y extensión.
El PAMI es el organismo del Estado que se encarga de la compra y distribución de los pañales para sus afiliados. Hasta la llegada de Javier Milei y de su hermana al gobierno, cada afiliado o su familiar responsable iba a la farmacia y retiraba los que les correspondía: en general unos 90 pañales por mes. El sistema, más allá de algunas cuestiones puntuales, funcionaba, pero el nuevo gobierno, con el argumento de “desbaratar curros”, modificó el método y la compra.
El PAMI asiste a doscientos mil afiliados con esa necesidad básica que requieren de 17 millones de pañales mensuales. Desde 2024 los nuevos funcionarios decidieron que los requirentes, sus familiares o tutores dejasen de retirar los pañales de la farmacia o la droguería y que estos serían entregados a domicilio. Lo que parece en principio un beneficio para el afiliado, se transformó en un calvario: miles de personas reclaman cada mes en las oficinas del organismo pero también en redes sociales o medios de comunicación que nunca recibieron nada.
Pero veamos como lo anunciaba el vocero presidencial Manuel Adorni, primero en su cuenta de X y luego en conferencia de prensa, en la que durante varios minutos se dedicó a hablar de “curros” ajenos y “ahorros” propios.
“Durante años, algunos vivos hicieron negocios con los pañales del PAMI, obligando a los jubilados a usar productos de baja calidad”, escribió.
El portavoz apuntó también contra la gestión anterior y afirmó que “se robaban hasta los pañales de los abuelos”. “Le hemos puesto fin a todo esto: implementamos una licitación pública, con entrega directa y un ahorro de $5.000 millones. Sí, se robaban hasta los pañales de los abuelos. Un verdadero escándalo. Mañana en conferencia de prensa, más detalles”.
Según dijo después en la conferencia, con la llegada de sus soldados de Milei y su incorruptibilidad lograrían desarmar esas “mafias internas” y terminar con los “privilegios” de aquellos que durante años utilizaron el instituto para fines ajenos a su misión. “El objetivo es ordenar el Instituto, cuidar cada peso de los afiliados y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan”.
Uno de los aspectos centrales de esta reforma es la revisión del uso de las “vías de excepción”, un recurso previsto únicamente para situaciones extraordinarias en la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos. Sin embargo, desde la agencia advirtieron que este instrumento fue empleado de manera indebida para evitar licitaciones y otros procedimientos administrativos, “abriendo la puerta a manejos poco transparentes y posibles desvíos de fondos públicos”.
Eso que señalaban de la administración anterior como “un escándalo”, fue precisamente lo que lejos de anular, lo corrigieron, mejoraron y aumentaron. No fue en el único caso ni en una sola repartición de las cientos en todo el país en donde señalaron corrupción, pusieron a sus delfines mileístas y empezaron a arreciar nuevas denuncias por coimas, retenciones de haberes, fraudes y estafas esta vez contra los nuevos funcionarios; estos delitos en muchos casos fueron expuestos por la tropa propia de la administración y que escalaron hasta que los medios no pudieron ocultarlo.
Tanto fue así que el 30 de abril PAMI publicó en sus redes oficiales un comunicado en el que afirmaba que “las delegaciones no serán una caja negra de la política” poniendo el foco en casos supuestamente excepcionales y en oficinas territoriales. Sin embargo, los ex funcionarios arrepentidos no dudaron en decir que las decisiones se tomaron siempre desde la sede central y bajo las órdenes de Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, el uno y dos del organismo y que reportan directamente a “El Jefe”.
En la cuestión de los pañales, por caso, hicieron lo que en apariencia fue correcto: llamar a licitación. Pero lejos estuvo la decisión de corrección alguna, veamos por qué.
La licitación para los pañales
El llamado a licitación para la provisión de pañales y apósitos para adultos se hizo el 14 de abril de 2025 y se publicó en el Boletín Oficial. El texto dice:
“Llámese a concurso público Nro1/25 para la provisión, almacenamiento, preparación, transporte, distribución y entrega de higiénicos absorbentes descartables para atender la demanda de los afiliados del instituto en todo el país por el término de treinta y seis meses con opción a prórroga por hasta doce meses”. El primer detalle curioso es el de la fecha de apertura de sobres de oferentes: el 25 de abril a mediodía.
Entre el llamado a licitación y la apertura de sobres solo pasaron seis días hábiles, porque además en medio estuvieron los feriados de Semana Santa; algo muy fuera de lo común pues el tiempo establecido por norma es de dos a tres meses, plazo para que las empresas busquen adecuarse a los requisitos que, como si fuera poco, en este llamado eran muy específicos y difíciles de allanar.
Quien se presentase para hacer acopio y distribuir los pañales debían tener naves de almacenamiento de superficies de miles de metros cuadrados y “estanterías de varios metros de altura para almacenar pallets en vertical”. La mayoría de las droguerías, farmacias y distribuidoras no tienen, claro está, semejante estructura. Parecía una licitación hecha a medida de un solo oferente que tenía esas condiciones, y en desmedro de otras que sin cumplirlas, tampoco tendrían tiempo para adaptarse.
Con ese cambio de condiciones normales, tres de las cuatro empresas que siempre participaban no pudieron cotizar y se eligió a la única que las cumplía: URBANO S.A., cuyo treinta por ciento de capital accionario pertenece al Grupo Clarín y el resto a la familia Román, empresarios del rubro portuario.
Urbano tiene dirección en Ascasubi 3282 CABA, la misma dirección donde figura registrada Medcore S.A. como importador de productos Higiénicos Descartables de uso externo, una medida que parecía anticipatoria a la licitación a la que luego se presentaron y ganaron. Esta empresa fue creada en octubre de 2024 y se registró en ARCA en diciembre y en febrero de 2025 en la calle México 2976 de la Ciudad de Buenos Aires. Es dable concluír que Urbano importaría con Medcore e acopiaría y distribuiría con su propio sello.
Pero no es la única medida anticipatoria de Urbano. En marzo de 2025, a pocos días del llamado a licitación, pidió una serie de presupuestos a diferentes empresas pañaleras por los insumos que luego requeriría PAMI. Dieron con dos empresas, Liberty y Noccissimo, que ya habían sido proveedoras del organismo que debe velar por el bienestar de los jubilados y habían sido dadas de baja en 2017 por no cumplir los requisitos mínimos de calidad. Ellos hacen pañales mas livianos, con mucho menos gel y con cintas de ajuste que no pegan, con el consecuente daño a la salud física y emocional de quien deba tener esa asistencia.
Sin embargo y a pesar de contar con esos proveedores, Urbano arregló con ellos para las compras y ganó la licitación. Una vez presentadas las ofertas, pudo constatarse que si bien la empresa de logística compraba a esas dos proveedoras por debajo del estándar de calidad, el precio estaba muy por encima de los de mejor calidad y que pueden comprarse de modo minorista en cualquier farmacia de barrio.
Como ejemplo de sobreprecios puede verse en la misma acta de apertura, donde en el segundo ítem aparecen los apósitos a precio unitario de 546.09 pesos en abril de 2025 y de los que deben comprarse 142 millones. El sobreprecio es tal que seis meses después, esos mismos insumos se encuentran a 290 pesos en cualquier supermercado, farmacia o droguería y en costo minorista. La diferencia entre lo que PAMI compró a Urbano, y lo que podría haber comprado a cualquier distribuidor solo googleando, significa un costo por encima de treinta mil millones de pesos, que es fácil prever en qué bolsillos se perdieron.
Ese monto responden a un solo ítem de una sola compra. Hay que multiplicar y sumar a todo eso, además, el tres por ciento de cobro anticipado del monto total de 450 millones de dólares, que son trece millones y medio de dólares. Detrás del 3 y en la cima de la pirámide, siempre parece estar “El Jefe”.
Los documentos aquí publicados forman parte del pedido de informes que el diputado Paulón presentó esta semana en el que solicitó al poder Ejecutivo que brinde información detallada sobre la licitación que favoreció a Urbano en la compra de pañales y apósitos para adultos mayores afiliados al Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados.
En la iniciativa, el legislador señala que “esta empresa ya poseía conocimiento de la licitación que iba a realizar el Instituto y la información solicitada 3 semanas antes era justamente el objeto de la licitación lanzada el 11/4. Es decir, la apertura de la licitación los agarró con parte de la tarea hecha”.
De acuerdo a la presentación, “otro de los puntos que llama la atención es que el adelanto económico novedosamente incorporado en el artículo 27º, donde se detalla la facturación”. Allí se incluye por primera vez la figura de “adelanto financiero”, con un contrato total equivalente a 460 millones de dólares estadounidenses por el plazo de 3 años, y que, “previo a la presentación de las facturas -número 10408482 por $13.996.622.885,29- que la misma licitación exige, el Instituto adelanta el equivalente a 14 millones de dólares (el 3% del monto total del contrato)”.
El texto cierra afirmando que “no se explica de manera clara en el proceso licitatorio por qué el Estado se asocia o financia al sector privado en la realización de un contrato que, además, incorpora un sistema de actualización de precios y valores. Ergo, por qué va a adelantar algo si el pago está estipulado”.
