El testimonio de Luis Mendoza en el juicio “La Escuelita” reabre heridas y reafirma verdades: la comisaría 9 funcionó como centro clandestino y hubo responsables concretos. Frente a los discursos que aún intentan relativizar el horror, la memoria local insiste en no callar.
La historia no se borra, aunque algunos insistan en diluirla entre frases hechas, desinformación o negacionismo. Catriel, como cada rincón del país, también carga con las marcas del terrorismo de Estado instaurado por la dictadura cívico-militar que tomó el poder por la fuerza en 1976. Y una vez más, la memoria vuelve a abrirse paso, esta vez en el marco del juicio conocido como “La Escuelita”.
El reciente testimonio de Luis Mendoza no dejó lugar a dudas ni a medias tintas. Con precisión y sin titubeos, identificó a quienes lo detuvieron ilegalmente apenas días después del golpe. Apuntó directamente contra Miguel Ángel Ferrari y Carlos Carretto, a quienes señaló como partícipes activos de su secuestro y de los interrogatorios a punta de pistola. No fueron excesos ni errores: fueron decisiones, nombres y responsabilidades concretas.
Mendoza reconstruyó aquellos días con una claridad que incomoda a quienes aún repiten el gastado “si no hacías nada, no pasaba nada”. Tenía 22 años, había comenzado su primer trabajo un lunes, el miércoles se produjo el golpe y el sábado ya estaba encerrado en un calabozo, interrogado por su filiación política y gremial. Esa es la verdadera dimensión del terrorismo de Estado: un aparato que no perseguía delitos, sino personas.
El relato también dejó al descubierto el funcionamiento clandestino de la represión en Catriel. La comisaría 9, que debía garantizar seguridad, se convirtió el 27 de marzo de 1976 en un centro ilegal de detención, manchando su institucionalidad y exponiendo el rol activo de sectores locales en el engranaje represivo.
En ese contexto, Mendoza recordó cómo Ferrari —quien nunca vistió uniforme— operaba encubierto en la ciudad, presentándose como vendedor de libros mientras desarrollaba tareas de inteligencia. Una fachada que se desmoronó incluso en aquel momento, cuando el propio Mendoza le hizo saber que todo el pueblo conocía su verdadera función.
Junto a él fue detenido Félix “Pincho” Oga, una de las voces más firmes en la lucha por la memoria en Catriel. Oga fue trasladado, torturado en Neuquén y luego enviado a distintas cárceles del sistema represivo. Años más tarde, tanto él como Mendoza transformaron el dolor en militancia, sosteniendo durante décadas el reclamo de verdad y justicia, participando en actos, medios y logrando instalar un símbolo de memoria en plena avenida San Martín.
Sus voces —hoy una en presente y otra recuperada a través de registros— vuelven a ocupar el centro de la escena judicial. El próximo 7 de abril se escucharán los testimonios grabados de Oga y de la histórica dirigente de la APDH, Noemí Labrune, ambos ya fallecidos, pero imprescindibles en la reconstrucción de lo ocurrido.
El juicio tiene ocho imputados, entre ellos miembros del Ejército, Gendarmería y policías provinciales. Las audiencias, muchas de ellas virtuales, contrastan con la crudeza de los hechos que se investigan, pero no logran atenuar el peso de las acusaciones.
En tiempos donde resurgen discursos que intentan justificar o minimizar el terrorismo de Estado, estos testimonios no solo aportan pruebas judiciales: son también una respuesta política y social. Porque frente al “algo habrán hecho”, la memoria organizada de pueblos como Catriel sigue diciendo, con nombres, fechas y hechos, que el horror existió, que fue sistemático y que tuvo responsables.
Y sobre todo, que no será olvidado.
