Las audiencias arrancaron con fuertes tensiones, acusaciones de vínculos con mineras, cuestionamientos al acceso de participantes y advertencias de que el proceso podría terminar en la Justicia. La legisladora rionegrina Magdalena Odarda enfatizó que la audiencia “está contaminada”.
El inicio de las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados estuvo marcado este miércoles por un clima de alta conflictividad, con denuncias de irregularidades, cruces entre expositores y críticas generalizadas al mecanismo de participación impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza.
Uno de los episodios más tensos se produjo cuando el abogado ambientalista Enrique Viale denunció que al menos 15 ciudadanos inscriptos no pudieron ingresar pese a estar confirmados. “Ahora dicen que no están en la lista”, cuestionó, en medio de reclamos por restricciones en el acceso al Congreso. En paralelo, se registró un fuerte cruce entre el dirigente libertario Sebastián Pareja y el diputado sindical Mario “Paco” Manrique, en un contexto ya cargado.
La polémica escaló cuando Viale apuntó contra la senadora Flavia Royón, a quien acusó de tener vínculos con empresas mineras. “No representa a Salta, representa a las mineras”, afirmó, y anunció que presentará una denuncia penal por presunta incompatibilidad de la función pública y cohecho. Además, advirtió que la reforma “está hecha a medida de grandes transnacionales” como BHP, Barrick Gold y Glencore, y sostuvo que “les están entregando el agua”.
Las exposiciones también dejaron un fuerte rechazo técnico y político al proyecto. La exdiputada Marta Maffei, autora de la Ley 26.639, calificó la iniciativa como “absolutamente regresiva” y denunció una “profunda ilegitimidad” en el proceso. “Es una fachada de federalismo”, afirmó, al cuestionar la modalidad de las audiencias y advertir que la reforma “pretende romper la autonomía científico-técnica”.
Durante su intervención, Maffei protagonizó un cruce con el diputado oficialista Alejandro Fargosi, quien la interrumpió acusándola de mentir. “Lea, instrúyase porque va a votar cualquier cosa”, respondió la exlegisladora. También anticipó posibles acciones legales y cuestionó que más del 99% de los inscriptos no podrá exponer.
En la misma línea, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda sostuvo que la audiencia “está contaminada” y denunció que el proceso viola el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y el Convenio 169 de la OIT por la falta de consulta a pueblos indígenas. Además, advirtió sobre un “retroceso ambiental” y un “desmoronamiento del sistema federal”, al sostener que la ley habría sido parte de “una negociación oscura” entre Nación, provincias y empresas mineras.
Las irregularidades también se registraron fuera del recinto. Personal de seguridad privada impidió el ingreso de expositores y asistentes, lo que motivó la intervención de legisladores opositores como Paula Penacca, Teresa García, Lucía Cámpora y el propio Manrique. “Pretenden silenciar y acallar las voces para regalar nuestros bienes naturales”, denunció Penacca. La situación generó desconcierto incluso porque la sala se encontraba prácticamente vacía al inicio.
El conflicto por los ingresos se suma a las críticas por la limitación de oradores: de más de 85 mil inscriptos, solo 360 podrán participar en las dos jornadas previstas. Esto derivó en una impugnación formal de bloques opositores, que advirtieron que las irregularidades podrían derivar en la judicialización del proceso.
En ese frente, el juez Enrique Regueira ya rechazó una medida cautelar que buscaba suspender las audiencias, mientras que otro planteo similar, impulsado por organizaciones ambientalistas como FARN, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas, aún espera resolución en el juzgado de Enrique Lavié Pico.
La jornada también tuvo impacto en la zona del Congreso, con cortes de tránsito en varios accesos clave y un operativo de seguridad reforzado. Para la tarde, además, está prevista una movilización de organizaciones ambientalistas que reclaman ampliar las audiencias, en un escenario donde el debate por la reforma de glaciares suma tensión política, social y judicial desde su primer día.
