A 50 años del golpe, Plaza de Mayo y las principales ciudades del país fueron escenario de una movilización histórica con fuerte tono opositor. El rechazo al Gobierno, el crecimiento de la izquierda y las tensiones dentro de la oposición marcaron una jornada que dejó mucho más que memoria: una advertencia política.
La Argentina volvió a hablar desde la calle. Y lo hizo con una contundencia imposible de disimular. A 50 años del golpe de Estado de 1976, una multitud desbordó Plaza de Mayo y replicó escenas similares en Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y otras ciudades, en una jornada que combinó memoria histórica con un mensaje político directo al presente: el rechazo al gobierno de Javier Milei.
Las imágenes recorrieron el mundo. No fue una marcha más. Fue una marea transversal, transgeneracional y transclasista que, bajo las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, expresó algo más profundo que la condena al terrorismo de Estado: puso en evidencia un creciente malestar social frente a un gobierno que reivindica aspectos de la dictadura, banaliza sus crímenes y despliega una política económica de ajuste que golpea a las mayorías.
En Plaza de Mayo, directamente no se podía caminar. A más de cuatro décadas de la recuperación democrática, el 24 de marzo volvió a consolidarse como una de las convocatorias más potentes del calendario político argentino. Pero esta vez, el contexto lo resignificó todo. Con Milei en la Casa Rosada y Victoria Villarruel en la vicepresidencia, la movilización adquirió un carácter abiertamente opositor.
Lejos de la solemnidad, el clima fue en muchos tramos festivo. No por liviandad, sino por reconocimiento colectivo: cientos de miles se encontraron en la calle como parte de un mismo “nosotros” enfrentado al poder de turno. En un escenario de crisis económica persistente, la movilización funcionó como un paréntesis frente al desgaste cotidiano y como una reafirmación de la potencia política de la acción colectiva.
Sin embargo, la unidad tuvo límites evidentes. La jornada estuvo atravesada por tensiones políticas que se expresaron en dos documentos diferenciados. Por un lado, el de los organismos históricos de derechos humanos; por otro, el impulsado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde confluyen organizaciones de izquierda que cuestionaron no solo al gobierno libertario, sino también a sus “cómplices”.
En ese marco, el PTS-FITU se destacó por encabezar una de las columnas más numerosas, con Myriam Bregman y Nicolás del Caño al frente. Desde ese espacio se apuntó contra la CGT y sectores del peronismo por su rol en la aprobación de medidas clave del oficialismo, como la reforma laboral y la Ley Bases. La crítica no fue menor: denunciar el ajuste sin señalar a quienes lo viabilizan es, para estos sectores, quedarse a mitad de camino.
La presencia de figuras del peronismo, como Sergio Massa, también dejó expuestas las contradicciones de una dirigencia que busca reposicionarse sin haber ejercido una oposición sostenida. Para amplios sectores movilizados, esa ambigüedad ya no alcanza.
El mensaje hacia el poder fue claro. La movilización no esperaba respuestas de Milei, pero sí funcionó como una advertencia para el entramado político y económico que lo sostiene. La masividad del rechazo desmiente cualquier intento de minimizar el descontento social y empieza a delinear un escenario de mayor confrontación.
En paralelo, emergió otro dato relevante: una nueva generación que se incorpora a la militancia en abierta oposición a la extrema derecha. Frente a la precarización y la falta de horizonte, el 24 mostró que el recambio político también se está gestando desde abajo.
La jornada dejó, en definitiva, una certeza incómoda para el oficialismo y para buena parte del sistema político: la calle volvió a convertirse en el principal escenario de disputa. Y cuando eso ocurre en la Argentina, los equilibrios empiezan a cambiar.
