Nueve relatores especiales de Naciones Unidas expresaron en una carta remitida al gobierno argentino su “seria preocupación” ante “el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023”.
(La Vaca).- La carta fue enviada el 12 de mayo, pero los representantes de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la difundieron recién el viernes 11 de julio, tras dos meses de indiferencia por parte del Gobierno nacional. Recién entonces, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, se solicitó “una prórroga con el fin de dar respuesta”.
Los expertos han requerido al gobierno argentino información sobre once puntos, entre ellos:
El foto reportero Pablo Grillo, tras el ataque policial sufrido el 12 de marzo.
- “Explicar la racionalidad de los operativos policiales” y “especialmente en relación a la proporcionalidad”, es decir, la relación entre la fuerza policial desplegada y la cantidad de participantes de la manifestación.
- También solicitan “el detalle de la cantidad del armamento usado” y el número de personas afectadas por su uso, discriminando número de mujeres, niños y niñas afectadas”.
- Otro requerimiento: “información detallada sobre las acciones implementadas para prevenir y sancionar los actos de intimidación y estigmatización contra manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo: a) las investigaciones iniciadas sobre estos actos; b) las medidas de protección ofrecidas a las víctimas y, c) las sanciones impuestas a los responsables, si las hubiera.”
- Piden, además, información sobre “ la situación de los jueces que han sido objeto de agresiones verbales por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo” y” las medidas adoptadas para garantizar que todos los jueces de Argentina puedan ejercer sus funciones profesionales sin temor a represalias, intimidación o interferencias indebidas, de conformidad con los estándares internacionales y regionales”. Este punto está especialmente motivado por las situaciones denunciadas ante la CIDH en relación a los agravios y persecuciones que sufrieron los jueces que no convalidaron las detenciones arbitrarias ni los operativos policiales, como el caso de la jueza Karina Andrade y el juez Roberto Gallardo.
La carta suscritpa por los nueve relatores especiales tiene 25 carillas. Las primeras 16 resumen los informes recibidos sobre criminalización de manifestaciones pacíficas, ataques a la prensa, uso desmedido y desproporcional de la fuerza policial, ataques a jueces y denuncias sobre personas heridas –como el caso del fotógrafo Pablo Grillo- o detenidas arbitrariamente. Luego de puntualizar la información requerida en once puntos, le adjunta al gobierno argentino el marco legal que está obligado a cumplir, entre ellos el derecho a libertad de reunión, de opinión y expresión, a la libertad y seguridad personal y a la independencia del Poder Judicial. Ese marco legal desarrollado en extenso tiene la siguiente frase introductoria: “En relación con las alegaciones anteriormente expuestas y, sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales aplicables”.
Aquí el texto completo de la carta.
