La Agrupación Protectora de Animales de Catriel (APAC) repudió con dureza el accionar del municipio, que decidió sedar y retirar perros comunitarios sin dueño de la vía pública sin consultar ni consensuar previamente con las organizaciones proteccionistas. La entidad advirtió que se trató de un procedimiento improvisado, poco ético y contrario al espíritu de las normas vigentes, y recordó que en Argentina los animales son sujetos de derechos y que la vulneración de esos derechos está penada por la ley.
APAC, una de las organizaciones más antiguas de la ciudad, con décadas de trabajo sostenido “a pulmón” en defensa del bienestar animal, expresó su posición a través de un extenso comunicado publicado en su página de Facebook. Allí cuestionó que el lunes 2 de febrero el municipio retirara al menos tres perros de la avenida San Martín sin convocar a la agrupación ni consultar si existían adoptantes disponibles. Según denunciaron, los animales fueron sedados y trasladados a un puesto alejado de la ciudad, sin información clara sobre su destino.
La situación derivó en una reunión convocada recién al día siguiente, que se extendió por más de tres horas y dejó, según APAC, una fuerte sensación de desorganización y falta de claridad por parte de las autoridades. “¿Dónde están los perros?” fue la pregunta que se repitió insistentemente durante el encuentro, sin obtener respuestas precisas sobre la ubicación ni sobre las familias adoptantes. Más tarde, el municipio envió fotografías y se comprometió a realizar un seguimiento y a castrarlos, aunque los animales ya habían sido entregados sin cumplir previamente con ese procedimiento básico.
Desde la agrupación sostienen que el conflicto podría haberse evitado si el Juzgado de Faltas hubiera cumplido su rol. APAC recordó que, en reiteradas oportunidades, las organizaciones proteccionistas solicitaron sanciones para los vecinos irresponsables que abandonan a sus animales, generando luego situaciones que terminan pagando los perros en situación de calle. “Nunca asistieron ni la jueza ni representantes del juzgado a las reuniones”, remarcaron.
En ese marco, y ante la presencia de un abogado municipal en el encuentro, APAC señaló que se expuso la ordenanza local y la ley nacional de sanidad animal, subrayando que el marco normativo existe pero no se aplica de manera coherente. La entidad aclaró que empatiza con la familia del vecino que sufrió un accidente —hecho que habría precipitado la decisión municipal—, pero insistió en que el procedimiento fue inadecuado, intuitivo y carente de ética.
APAC también recordó que la calle es un ámbito cruel para los animales y que su objetivo histórico es retirarlos de allí mediante adopciones responsables, castraciones y asistencia básica. “No están en la calle por elección, sino porque un humano los abandonó”, señalaron, enumerando las condiciones extremas de frío, calor, hambre y sed que padecen. En ese sentido, enfatizaron que la solución no puede ser la remoción apresurada y sin control, sino políticas públicas sostenidas, articuladas con quienes llevan años haciendo el trabajo que el Estado no hizo.
La agrupación destacó además su independencia del poder político: APAC no recibe alimento ni financiamiento del municipio y se sostiene exclusivamente con donaciones de vecinos. Finalmente, pidió a quienes cuidan perros comunitarios que los resguarden y estén atentos ante posibles nuevas intervenciones, y difundió imágenes de los animales retirados ante el temor de que se escapen y se pierdan.
El episodio reabre un debate de fondo que las autoridades no pueden seguir esquivando: los animales no son objetos descartables ni problemas a ocultar, sino sujetos de derechos protegidos por la legislación argentina. Cualquier transgresión a esos derechos no solo es moralmente reprochable, sino también legalmente sancionable. Ignorar a las organizaciones que históricamente han defendido “a quienes no tienen voz ni voto” no es solo una falta de diálogo; es una muestra preocupante de desidia institucional.
