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La CGT asegura que el Gobierno no tiene los votos para la reforma laboral y apuesta a desarmarla en el Senado

La conducción de la CGT sostiene que el Gobierno nacional no cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en los términos que públicamente defiende la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Desde el histórico edificio de Azopardo, la central obrera activó en los últimos días una estrategia parlamentaria orientada a bloquear al menos los artículos que consideran “inaceptables”, mientras dejaría intactos otros puntos que, según advierten, difícilmente superen el control de constitucionalidad en el fuero laboral.

Uno de los principales dirigentes cegetistas confirmó al diario digital La Política Online (LPO) que el objetivo inmediato es reunir al menos 37 votos en el Senado para frenar los núcleos más sensibles del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. La maniobra se maneja con bajo perfil, pero requirió una coordinación directa de los triunviros Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Jorge Sola con gobernadores y senadores de distintos espacios políticos. “Estamos trabajando, pero vamos a desflecarle la reforma a Milei”, confió uno de los encargados de las negociaciones.

En ese marco, fuentes al tanto de la rosca parlamentaria señalaron que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se comunicó telefónicamente con la CGT luego de la multitudinaria marcha de trabajadores realizada este jueves en esa provincia. El cordobés, que días atrás había cancelado una reunión con los cosecretarios generales, habría buscado recomponer el vínculo. “¿Qué artículos no pueden salir? Háganme una lista”, habría dicho tras disculparse con los dirigentes sindicales.

La vía legislativa aparece como el principal atajo para un movimiento obrero que reconoce dificultades para motorizar medidas de fuerza de alto impacto. “No hay clima para hacer un paro, es preferible ir escalando por pasos hasta juntar la fuerza necesaria”, admitió un sindicalista de peso. Esa evaluación quedó expuesta en la reunión del Consejo Directivo de este viernes, donde no prosperó la propuesta de avanzar hacia una huelga general. “¿Sabés lo que cuesta sacar un paro? Los pibes en mi gremio me dicen que no paran ni en pedo, que les sacan 200 mil pesos”, relató uno de los dirigentes.

Mientras tanto, el oficialismo insiste en que cuenta con los números para garantizar el quórum y aprobar en general el proyecto de “modernización laboral” en la sesión prevista para el próximo miércoles en el Senado. Sin embargo, desde la CGT advierten que varios gobernadores terminarán alineándose con la central obrera. “No confían en las promesas de Luis ‘Toto’ Caputo para compensarles lo que les quita con el capítulo de Ganancias”, deslizan en Azopardo. Esa percepción fue ratificada por un senador peronista: “Hay un fuerte rumor de que eso se cae”.

Además, tampoco reúnen adhesiones suficientes los artículos que afectan al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y al Estatuto del Periodista. Legisladores radicales y monobloques provinciales habrían comprometido su apoyo para preservar los derechos de trabajadores de prensa y de la cultura, lo que acercaría a la oposición a una mayoría simple.

Tal como anticipó LPO, la CGT concentra sus mayores esfuerzos en defender las cuotas sindicales, mantener las negociaciones colectivas por rama o sector productivo —y no por empresa, como propone el Gobierno— y bloquear la derogación de la ultraactividad, el principio que garantiza la vigencia de los convenios colectivos hasta la firma de uno nuevo. En esta pulseada, la central obrera cuenta incluso con el respaldo de cámaras empresarias como CAME y Adimra, que advierten que la caducidad de los convenios generaría serios problemas operativos.

Más allá de la ingeniería parlamentaria, los asesores legales de la CGT observan con atención los pasajes más polémicos del proyecto. “Si se aprueba la ley con algunos de los artículos más burdos, se la declaran inconstitucional en dos minutos”, aseguran.

En paralelo, dentro del Consejo Directivo sindical también asoma una expectativa política: que el Gobierno no logre completar la sanción en Diputados durante las sesiones extraordinarias. “Si la reforma pasa para marzo, en marzo empieza la temporada de caza y ya vamos a estar en otra Argentina, con un montón de quilombos que vaya a saber cómo los maneja el gobierno”, graficó un dirigente, dejando entrever que el desgaste político podría jugar a favor de la estrategia cegetista.

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