El partido vecinal que gobernó Catriel durante 12 años criticó con dureza las declaraciones de la intendenta sobre presuntas prácticas anticatrielenses de una petrolera, al sostener que no hubo despidos confirmados ni irregularidades legales. Las posturas en la comunidad comienzan a dividirse.
Las expresiones de la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, en torno a supuestas actitudes anticatrielenses vinculadas a la decisión de la empresa Petróleo Sudamericano de reemplazar a una firma de servicios local por otra foránea, continúan generando reacciones en el ámbito político y social. En las últimas horas, las críticas provinieron del partido vecinal MOVIC, fuerza que gobernó la ciudad durante 12 años.
El MOVIC, que llegó al poder en 2011 con Carlos Johnston como intendente —reelecto cuatro años más tarde— y que luego continuó su gestión con Viviana Germanier, esposa de Johnston, difundió un extenso pronunciamiento cuestionando las acciones y el discurso del actual gobierno municipal. De esta manera, sumó una nueva objeción a las ya formuladas por el presidente del Tribunal de Cuentas, publicadas previamente por este medio, aunque desde un enfoque distinto.
En su comunicado, el espacio político sostuvo que el Municipio denunció una “situación grave” sin respaldo documental suficiente. Según el MOVIC, no existen despidos confirmados, ya que no se registraron telegramas, denuncias formales ni comunicados sindicales que avalen esa versión. Reconocieron la preocupación de los trabajadores, pero advirtieron que “miedo no es lo mismo que despido” y señalaron como riesgoso gobernar en base a suposiciones.
Otro de los puntos centrales del planteo fue el proceso contractual. Desde el partido vecinal remarcaron que el contrato con la empresa local finaliza el 1 de marzo y que no fue interrumpido de manera intempestiva, sino que se trató de una licitación en la que resultó adjudicada otra firma, una práctica habitual —aunque incómoda— dentro de la industria petrolera y, según indicaron, legal.
Asimismo, el MOVIC cuestionó las referencias del Ejecutivo municipal a supuestas trabas para realizar inspecciones. Aclararon que el Municipio no tiene competencia para inspeccionar yacimientos petroleros, una atribución que corresponde a la Provincia, por lo que —según su interpretación— la negativa de la empresa no implicaría una irregularidad.
En ese marco, el espacio político expresó preocupación por lo que consideró una escalada discursiva sin herramientas legales concretas. Advirtieron que un eventual agravamiento del conflicto podría debilitar la posición de Catriel y criticaron lo que definieron como una “sensación de improvisación”, con discursos encendidos pero escasas certezas.
Finalmente, el MOVIC afirmó que defender el trabajo local y a las pymes es legítimo, pero cuestionó la generación de alarma social anticipada y la presentación de procedimientos habituales como hechos ilegales. Cerraron su postura planteando un interrogante sobre la eficacia real de las acciones emprendidas y sugiriendo que, hasta el momento, el conflicto habría generado más ruido que soluciones.
En este contexto, las opiniones en la comunidad catrielense comienzan a dividirse. Mientras muchos vecinos acompañan de manera natural cualquier iniciativa que apunte a la defensa del interés local, la aparición de nuevos argumentos y miradas sobre el conflicto amplía el debate público y marca un escenario más complejo, con adhesiones que toman distintos rumbos.
