La castración es gratuita en el quirófano municipal y obligatoria para perros y gatos. El incumplimiento puede derivar en multas que se duplican en caso de reincidencia.
El Municipio de 25 de Mayo instó a la población a cumplir con la castración obligatoria de perros y gatos y advirtió que quienes no lo hagan podrán ser sancionados con multas de hasta 500 Unidades Fijas (UF), equivalentes a aproximadamente 500 mil pesos. La advertencia fue difundida a través de un comunicado oficial.
En el mensaje, el Ejecutivo municipal recordó que la castración es obligatoria y gratuita en el quirófano municipal, y que también puede realizarse en veterinarias privadas, en este caso con costos a cargo del propietario. Además, se aclaró que el incumplimiento de la normativa conlleva sanciones económicas que se duplican en caso de reincidencia.
Desde el Municipio destacaron que la castración aporta múltiples beneficios: ayuda a prevenir enfermedades, evita camadas no deseadas y contribuye al control de la población de animales abandonados. La iniciativa apunta a frenar el crecimiento descontrolado de la población canina y felina, una problemática que se profundizó tras décadas de políticas laxas y que ha sido un reclamo sostenido de la comunidad.
En ese marco, se recordó que hace un año se sancionó una ordenanza con sanciones severas para los transgresores, que incluía la obligatoriedad de circular con las mascotas acompañadas por su responsable, con correa y, en el caso de animales de carácter fuerte, con bozal. Sin embargo, la norma nunca fue aplicada de manera efectiva, lo que quedó evidenciado por la persistencia de perros sueltos en distintos sectores de la ciudad y por episodios de mordeduras registrados en algunos barrios.
El nuevo anuncio, no obstante, abre interrogantes. Por un lado, la obligatoriedad de la castración plantea dudas sobre el derecho de los propietarios a permitir la reproducción de sus animales, en un contexto donde no existe una norma que limite la cantidad de mascotas por hogar. Por otro, el antecedente de una ordenanza vigente pero sin aplicación concreta genera escepticismo respecto de si, esta vez, las sanciones serán efectivamente ejecutadas. Mientras tanto, el problema persiste y continúa la incertidumbre sobre una decisión firme para ponerle fin.
