La investigación por la presunta estafa millonaria con paquetes turísticos en el Alto Valle sumó este fin de semana un capítulo clave, tras los allanamientos realizados en Catriel y Roca. El procedimiento encendió una luz de esperanza entre las víctimas, en su mayoría de la región, que aún esperan que se haga justicia después de haber quedado varadas en Escocia y otros puntos de Europa.
El abogado querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, confirmó que pedirá la prisión preventiva de los acusados en la audiencia prevista para el 29 de septiembre en Cipolletti. Señaló que existen pruebas contundentes de la maniobra fraudulenta y que el perjuicio económico asciende a cifras millonarias.
Los operativos autorizados por la Justicia de Río Negro permitieron el secuestro de teléfonos, computadoras y folletería vinculada a la actividad de los acusados, quienes, según la investigación, operaban bajo la fachada de un instituto de idiomas sin estar habilitados como agencia de turismo. “Los allanamientos fueron muy positivos, encontramos toda la folletería y dispositivos electrónicos que demuestran que estaban operando como agencia de turismo sin serlo”, explicó el abogado en declaraciones al medio roquense RÍO NEGRO RADIO.
El caso salió a la luz en 2024, cuando familias de Villa Regina y otras localidades viajaron a Europa y descubrieron que no tenían reservas de hotel ni pasajes de regreso. Los denunciados entregaban a los clientes capturas de pantalla de supuestos boletos aéreos que, en realidad, no eran válidos. Como consecuencia, 58 viajeros quedaron varados y debieron costear de urgencia alojamiento, alimentación y vuelos de retorno en plena temporada alta, con precios desorbitados.
Hertzriken Velasco subrayó que se trató de una maniobra planificada: “Aquí hubo engaño, hubo ardid. Un grupo familiar se convirtió en millonario de un día para otro sobre la base del perjuicio patrimonial grave de 58 viajeros”. Según sus cálculos, los acusados habrían percibido entre 300 mil y 500 mil dólares, además de libras y euros.
Incluso, mientras los damnificados quedaban a la deriva en Escocia, la principal acusada habría viajado con su familia a Portugal para vacacionar. “Si hubiera sido un problema genuino, se habría quedado coordinando el regreso. En cambio, los dejó varados y se fue de vacaciones”, denunció.
El abogado también cuestionó la falta de controles provinciales. Explicó que los acusados nunca estuvieron registrados como operadores turísticos y, sin embargo, continuaban vendiendo viajes desde un instituto de idiomas en Catriel. “La provincia tiene que asumir una postura activa y clausurar esta operatoria comercial”, advirtió.
La audiencia de formulación de cargos será el 29 de septiembre en Cipolletti, donde la querella pedirá la prisión preventiva por peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación.
Más allá de las responsabilidades penales que determinará la Justicia, el caso expone con crudeza la vulnerabilidad de los consumidores frente a prácticas irregulares y la ausencia de controles efectivos por parte del Estado. Las víctimas de esta estafa no solo perdieron dinero, sino también la confianza en un sistema que debería resguardar sus derechos. Si algo deja en claro este proceso, es que resulta urgente establecer mecanismos de control más estrictos en la actividad turística y sanciones ejemplares para quienes, amparados en la impunidad, juegan con el esfuerzo y los sueños de las familias trabajadoras de la región.
CON INFORMACIÓN Y AUDIO DE RÍO NEGRO RADIO
