La diplomacia argentina vuelve a quedar bajo la lupa internacional. Cables confidenciales de la Cancillería revelan denuncias de ciudadanos chinos contra consulados argentinos en el país asiático por la supuesta manipulación de turnos de visa. Según las quejas, quienes pagan un “extra” logran adelantar sus entrevistas, mientras que los que no lo hacen quedan relegados a fechas tan absurdas como 2026, 2027 e incluso 2028.
El escándalo es particularmente sensible en los casos de reunificación familiar y matrimonios mixtos con hijos, donde los retrasos burocráticos tienen un impacto humano insoslayable. En la Cancillería argentina no tardaron en surgir reproches contra el embajador Marcelo Suárez Salvia, aunque jurídicamente los consulados dependen del canciller, lo que desdibuja las responsabilidades directas.
Los cables que se dieron a conocer a través de la publicación del diario digital “La Política Online” muestran una cadena de reclamos formales, cartas documento y hasta intervenciones de organismos legislativos argentinos presionando para acelerar citas. La situación se tornó aún más grave cuando la Cancillería china tomó nota del caso, interpretándolo como un destrato político después de haber otorgado a la Argentina el beneficio de ingresar a su territorio sin visa por 30 días.
El contraste no podría ser más elocuente: mientras Beijing abre las puertas, Argentina responde con trabas burocráticas que, según diplomáticos consultados, se prestan a prácticas de recaudación ilegal en sus consulados. El resultado es un golpe directo a la confianza bilateral y un boomerang económico. Los turistas chinos son los que más gastan por día en el mundo y, en un país con escasez crónica de divisas, ponerles barreras resulta poco menos que suicida.
La sombra del escándalo amenaza con empañar la visita de Karina Milei a Shanghai en noviembre, cuando participe de la CIIE, la mayor feria de comercio internacional. Una misión que se presentaba como oportunidad de recomponer la relación con China ahora puede convertirse en escenario de reclamos y reproches.
El trasfondo es claro: el Gobierno de Javier Milei suma frentes de conflicto con una potencia que resulta clave para sostener la economía argentina, desde la renovación del swap hasta la llegada de inversiones. La torpeza en la gestión consular se convierte así en síntoma de un problema mayor: una política exterior errática, que oscila entre gestos de acercamiento forzado y desplantes gratuitos.
Si el Ejecutivo no reacciona con rapidez y transparencia, el costo no será solo diplomático, sino también económico y político. Porque cuando un país utiliza su propia burocracia como caja chica y descuida el vínculo con sus principales socios estratégicos, la factura llega inevitablemente… y suele ser mucho más cara de lo que se imagina en la Casa Rosada.