El secretario de Gestión Social del municipio, Diego Martínez, salió al cruce de las acusaciones realizadas este lunes por una vecina durante la última sesión del Concejo Deliberante, donde la mujer denunció que su hijo estuvo en riesgo de muerte y cuestionó duramente la labor del área. Dijo que llevarán el tema a la justicia-
En declaraciones a la radio municipal, Martínez defendió la tarea que se viene desarrollando desde hace dos años con un equipo interdisciplinario de profesionales, subrayando que la distribución de ayudas sociales “se hace de manera justa, transparente y controlada”, en base a relevamientos socioeconómicos realizados por asistentes sociales.
Programas y alcances
El funcionario explicó que la secretaría implementa programas como el Plan Nutrir (viandas), módulos alimentarios, garrafa social, Plan Calorcito (leña), además de acciones vinculadas a discapacidad, género, niñez, juventud, deporte y vivienda.
“En un contexto económico muy difícil para el municipio, es clave priorizar la equidad y el uso responsable de los recursos públicos, que provienen de regalías, coparticipación y la recaudación local”, señaló.
Reclamos y límites
Martínez reconoció que existen quejas por la negativa a pedidos que consideró “inviables”, como viviendas o vehículos, pero aclaró que las decisiones se toman con criterios técnicos y de justicia social. “La ayuda debe ser un acompañamiento temporal, no una dependencia permanente”, enfatizó, al tiempo que cuestionó “el uso político de casos individuales para atacar la gestión”.
Tarjetas sociales y responsabilidades
Respecto al manejo de las tarjetas sociales provinciales, aclaró que el municipio no controla su destino final, aunque sí verifica la situación socioeconómica de los beneficiarios. En ese sentido, denunció que “existe una falta de control por parte de la provincia en cuanto al uso de estas tarjetas para compras que no son de alimentos”.
Trabajo territorial y nuevos anuncios
Martínez destacó el trabajo cotidiano del equipo de Gestión Social mediante visitas domiciliarias y la articulación con hospitales, escuelas y distintas instituciones. También mencionó el programa que promueve la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad.
Finalmente, anunció que el municipio tomará acciones legales contra las acusaciones personales y difamatorias vertidas en la sesión, con el asesoramiento de la abogada municipal. “Es necesario defender el honor de los funcionarios y sentar un precedente sobre el respeto en la crítica pública”, remarcó.
El secretario reiteró que las puertas de su área están abiertas para recibir denuncias o sugerencias y llamó a la responsabilidad colectiva:
“Los recursos son de todos los vecinos y debemos administrarlos con transparencia, control y justicia”.
