Este fin de semana, el periodista Hugo Alconada Mon reveló un documento producido por la agencia que detalla actividades políticas, gremiales y hasta culturales. Entre los espiados aparecen opositores, jubilados y gremios como la CTA, pero ningún libertario ni aliados.
Canal Abierto | Este fin de semana, en La Nación, el periodista Hugo Alconada Mon -que en mayo ya había dado a conocer el peligroso “Plan de Inteligencia Nacional”– reveló un nuevo documento producido por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que preside Sergio Neiffert y conduce en las sombras Santiago Caputo.
Con fecha del 8 de julio, el informe titulado “Hechos previstos 09JUL25” detalla actividades de alto peso político, ya que el Día de la Independencia, además de los diversos actos conmemorativos, coincidió con el cierre de listas en suelo bonaerense. Así, da cuenta de lo que harían ese día “peronistas, radicales, dirigentes de la izquierda y de La Cámpora, como Máximo Kirchner, entre otros”.
Así, por ejemplo, el informe difundido el sábado por Alconada detalla, textualmente, que “los dirigentes opositores Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner volvieron a reunirse en la ciudad de La Plata, con el objetivo de avanzar en una estrategia común y consolidar la unidad de cara a los comicios del 7SEP25”. A continuación, da cuenta de las actividades de otros opositores: “El jefe político del espacio ‘Para Adelante’, Facundo Manes, mantuvo un encuentro en su domicilio con el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti”, indica el parte de inteligencia.
El documento de 9 carillas también detalla –con horarios, recorridos y lugares de concentración- distintas actividades públicas que llevarían adelante el mismo 9 y en días posteriores de un conjunto de organizaciones sociales y políticas; desde las habituales protestas de los miércoles de los jubilados, hasta actividades del sector de Discapacidad y otras de tipo cultural.
Asimismo, registra la actividad prevista en el Congreso en relación a proyectos de alto interés para Milei, como el de la moratoria previsional, el aumento jubilatorio y la Emergencia en Discapacidad, proyectos que fueron aprobados y el Presidente vetó este lunes. Al respecto, consigna Alconada, “los analistas o agentes que redactaron el reporte”, señalan que “esos y otros temas permitían anticipar ‘un escenario de alta conflictividad tanto en el plano parlamentario como en el social’”.
Los especialistas y exfuncionarios de Inteligencia consultados por el periodista ponen el ojo en dos aspectos centrales. Primero, que entre los dirigentes nombrados no figura ninguno de La Libertad Avanza, ni de Las Fuerzas del Cielo, ni de los sectores del PRO y la UCR aliados. Esto, advierten, daría cuenta de que no se trata de un mero parte de prensa como sugieren quienes subrayan que la mayoría de la información sistematizada era pública, algo que además correspondería al área de Comunicación de Manuel Adorni.
Alconada, en tanto, destaca que todas las actividades registradas son “lícitas” y que el informe no consigna “si implicaban amenazas a la seguridad de los argentinos o del Estado nacional”. “Tampoco exponía una orden judicial que justificara esa vigilancia”, apunta.
“El informe reflejó, sí, una orientación operativa. Es decir, buscó anticipar y mapear el accionar de actores políticos y sociales, y evidenció el seguimiento de estrategias electorales y construcción política de espacios opositores y sindicales”, agrega el periodista en la nota publicada este sábado. Y apunta que eso, de acuerdo a distintos especialistas consultados, “podría configurar una violación de la legislación vigente”.
Así, en su artículo 4, la ley 25.520 de Inteligencia Nacional, es taxativa respecto a que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Sobre los peligros de la orientación que el Gobierno libertario le estaba dando a la SIDE ya había advertido Alconada meses atrás, pero también, organismos de Derechos Humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales. Al conocerse el mencionado Plan de Inteligencia Nacional, el CELS previno -sin demasiada repercusión- que el mismo facultaba “al sistema de inteligencia a producir información de lo que denominamos inteligencia política, algo que es ilegal en la Argentina”. Con ese planteo, realizaron una presentación ante la Justicia Federal, que quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuán.
En paralelo, los datos recabados por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) que lidera el comisario general retirado, Alejandro Cecati, contradicen ostensiblemente las funciones del área. Así, esta tiene como objetivo declarado “la producción de inteligencia referida a las amenazas susceptibles de afectar los derechos y garantías de los habitantes de la República Argentina y la plena vigencia y funcionamiento de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”. Entre los peligros que puede abordar figuran “fenómenos de criminalidad organizada nacional y trasnacional como el narcotráfico, la proliferación armamentística, así como toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos”.
