El gobernador de Río Negro enfrenta fuertes cuestionamientos por la presencia de exfuncionarios de su espacio político en cargos estratégicos del Superior Tribunal de Justicia y la Justicia Electoral. Las denuncias del exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, y de legisladores opositores reabren el debate sobre la independencia judicial, mientras crece la posibilidad de llevar algunos conflictos ante la Corte Suprema de la Nación.
La independencia de la Justicia rionegrina quedó nuevamente bajo la lupa. El gobernador Alberto Weretilneck enfrenta acusaciones de haber consolidado una red de influencia política sobre organismos judiciales que deberían actuar con autonomía del poder político y de utilizar esa estructura para debilitar a sus adversarios. Los cuestionamientos fueron expuestos por el periodista Luciano Barroso en una nota publicada por el portal La Política Online (LPO), que repasa los vínculos entre funcionarios del oficialismo y cargos clave del sistema judicial provincial.
Las denuncias no se limitan a una disputa partidaria. Involucran al Superior Tribunal de Justicia (STJ), a la Procuración General y al Juzgado Electoral Provincial, instituciones con atribuciones decisivas tanto en la interpretación de la ley como en la resolución de conflictos políticos y electorales.
En el centro de la controversia aparecen dos episodios: la situación judicial del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso, quien denuncia una persecución política, y el reclamo de legisladores de Cambia Río Negro, vinculados al espacio del diputado nacional de La Libertad Avanza Aníbal Tortoriello, por el reconocimiento de sus derechos parlamentarios.
Aunque las acusaciones deberán evaluarse a la luz de los hechos y las decisiones judiciales correspondientes, la acumulación de cuestionamientos plantea una pregunta incómoda para el Gobierno provincial: ¿qué garantías existen de que la Justicia puede controlar al poder político cuando algunos de sus integrantes provienen de las propias filas del oficialismo?
Gennuso denuncia una persecución política
La acusación más contundente proviene de Gustavo Gennuso, exintendente de Bariloche y actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), quien sostiene que la estructura judicial provincial está siendo utilizada para apartarlo de la competencia electoral.
“La persecución de la Justicia de Río Negro sobre los líderes políticos de la oposición ya no se puede ocultar”, afirmó Gennuso en declaraciones a LPO.
El exjefe comunal asegura que los problemas judiciales se intensificaron cuando terminó su mandato y rechazó los ofrecimientos para continuar dentro del oficialismo. En su denuncia, responsabiliza al procurador general Jorge Crespo y al presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura, Facundo López, a quien atribuye un papel central en las presiones sobre el sistema judicial.
“Me conocen, saben quién soy y me tienen miedo, por eso me quieren borrar de la competencia electoral”, sostuvo.
Se trata de acusaciones graves que apuntan directamente al funcionamiento de las instituciones provinciales. Su dimensión política se vuelve todavía más relevante ante la proximidad del escenario electoral de 2027 y la posibilidad de que una eventual condena penal tenga consecuencias sobre la participación de dirigentes opositores.
La causa Techo Digno y la disputa por la calificación penal
El trasfondo de la denuncia es la causa Techo Digno, vinculada con el manejo de fondos destinados a la construcción de viviendas.
Gennuso fue absuelto del delito de peculado en noviembre de 2025 y esa decisión fue confirmada por el Tribunal de Impugnación en marzo de 2026. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia ordenó que otro tribunal examine si los movimientos de dinero investigados pueden encuadrarse en la figura de malversación de caudales públicos.
De esta manera, el STJ mantuvo la conclusión favorable al exintendente respecto del peculado, pero dejó abierta la posibilidad de que se analice otra calificación penal por los mismos hechos.
Gennuso sostiene que trasladó fondos entre cuentas municipales y los colocó en plazos fijos para preservar su valor mientras se resolvía la continuidad de las obras con el Gobierno nacional. “El dinero nunca salió de la órbita municipal”, remarcó.
La Fiscalía, por su parte, cuestionó que esos recursos fueran apartados del régimen de control establecido en los convenios correspondientes.
La controversia jurídica gira, entre otros aspectos, en torno a si los hechos debatidos pueden recibir una calificación penal diferente sin vulnerar las garantías de la defensa. El STJ sostiene que los jueces pueden revisar la calificación jurídica siempre que se mantengan los hechos sometidos a discusión.
Para Gennuso, en cambio, el procedimiento abre la puerta a una condena que podría dejarlo fuera de la competencia electoral mediante la aplicación de las restricciones previstas en la normativa de Ficha Limpia.
“Están acusándome de un delito del que no me voy a poder defender”, cuestionó.
También generaron suspicacias los tiempos de la resolución. Según el relato publicado por LPO, después de una audiencia realizada el 23 de septiembre se había anunciado que la sentencia se conocería el 5 de noviembre. Sin embargo, el fallo quedó fechado el 6 de octubre y fue difundido el día 8.
Gennuso interpreta ese adelanto como una señal de urgencia para avanzar antes de la prescripción reclamada por su defensa. Esa interpretación forma parte de su denuncia y no constituye, por sí misma, una demostración de parcialidad judicial.
De la Legislatura al máximo tribunal: los nombres que alimentan las sospechas
Uno de los principales argumentos de quienes cuestionan la independencia judicial es la trayectoria de algunos funcionarios que pasaron de ocupar responsabilidades políticas dentro del oficialismo a desempeñarse en puestos estratégicos de la Justicia.
El caso de Sergio Ceci es uno de los más citados. Antes de incorporarse al Superior Tribunal de Justicia en 2021, se desempeñaba en la Secretaría Legislativa del bloque de Juntos Somos Río Negro, donde había trabajado junto a Facundo López.
Su designación fue aprobada por el Consejo de la Magistratura durante la gestión de Arabela Carreras, integrante del mismo espacio político de Weretilneck, aunque posteriormente ambos dirigentes se distanciaron.
La relación previa entre Ceci y la conducción legislativa oficialista adquirió notoriedad durante su despedida de la Legislatura. En aquella ocasión, López le expresó: “Espero que vos cambies a la Justicia y que la Justicia no te cambie a vos”.
La frase, pronunciada cuando Ceci dejaba la estructura legislativa para incorporarse al máximo tribunal provincial, vuelve hoy al centro del debate. No demuestra por sí misma una subordinación política del magistrado, pero ilustra los vínculos institucionales que la oposición considera necesario examinar.
Otro nombre cuestionado es el de Nicolás Land, quien reemplazó a Ceci en la Secretaría Legislativa de Juntos Somos Río Negro y posteriormente fue designado secretario del Juzgado Electoral Provincial. Antes había ocupado el Ministerio de Desarrollo Social durante una gestión de Weretilneck.
El 31 de agosto, Land fue designado por mayoría del Consejo de la Magistratura para ocupar ese cargo. Según los cuestionamientos difundidos, su selección generó polémica porque habría obtenido un puntaje inferior al de otros postulantes.
La controversia no es menor: el Juzgado Electoral interviene en cuestiones relacionadas con el reconocimiento de partidos políticos y la oficialización de candidaturas. Es decir, participa en decisiones especialmente sensibles cuando se aproximan elecciones y las fuerzas políticas disputan condiciones de participación.
La presencia de dirigentes con antecedentes en el oficialismo en posiciones de esa naturaleza alimenta las dudas sobre la distancia efectiva entre el Gobierno y las instituciones encargadas de garantizar la competencia democrática.
Cambia Río Negro también apunta contra el STJ
El conflicto con la oposición se extiende a la Legislatura provincial.
El legislador de Cambia Río Negro Santiago Ibarrolaza cuestionó públicamente el desempeño del Superior Tribunal de Justicia y reclamó que se examine la conducta de sus integrantes.
“Desde la oposición venimos denunciando la gravedad institucional de tener un Superior Tribunal de Justicia que, en lugar de garantizar independencia, parece responder al gobernador y a su círculo de poder”, afirmó.
Ibarrolaza sostuvo además que los legisladores no pueden permanecer al margen de la controversia y reclamó que sus pares evalúen los pasos institucionales que correspondan.
La disputa se originó en el reclamo presentado por los cinco integrantes de Cambia Río Negro —Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti— para que se reconociera formalmente el funcionamiento de su bloque, incluida su participación en comisiones y en Labor Parlamentaria.
El Superior Tribunal rechazó la presentación al considerar que esa no era la vía adecuada y que el conflicto debía resolverse dentro de la propia Legislatura.
En términos políticos, la decisión favoreció la posición de la conducción parlamentaria oficialista encabezada por Facundo López, mientras los legisladores opositores no consiguieron por esa vía el reconocimiento que reclamaban.
El procurador Crespo había recomendado rechazar el planteo. Ahora, los opositores evalúan llevar la controversia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La eventual intervención del máximo tribunal nacional trasladaría el conflicto fuera de Río Negro y expondría, una vez más, la dificultad de resolver disputas institucionales dentro de los propios organismos provinciales.
El antecedente de 2019 y la mirada puesta en la Corte Suprema
La posibilidad de acudir a la Justicia nacional tiene un antecedente políticamente incómodo para Weretilneck.
En 2019, la Justicia provincial habilitó su candidatura para competir por otro mandato consecutivo como gobernador. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación frenó esa posibilidad al considerar que resultaba incompatible con la Constitución de Río Negro.
Aquel episodio dejó expuesta una diferencia de criterios entre los tribunales provinciales y el máximo órgano judicial del país sobre los límites constitucionales al ejercicio del poder.
Hoy, la oposición vuelve a mirar hacia la Corte Suprema como una instancia capaz de revisar decisiones que no logra revertir dentro de la provincia.
La situación, sin embargo, no es idéntica: los conflictos actuales involucran controversias penales y parlamentarias con vías procesales propias, y cualquier intervención nacional dependerá de los requisitos legales aplicables a cada caso.
Una cuestión que excede la pelea partidaria
La discusión sobre la independencia judicial no puede reducirse a un enfrentamiento entre Weretilneck y sus adversarios políticos. Tampoco alcanza con señalar que un funcionario judicial tuvo antecedentes partidarios para concluir automáticamente que actúa bajo órdenes del Gobierno.
Pero cuando se acumulan denuncias de persecución, cuestionamientos por designaciones, conflictos sobre la representación parlamentaria y reclamos que amenazan con llegar a la Corte Suprema, la respuesta institucional no puede limitarse a desestimar las críticas como una maniobra opositora.
La legitimidad de la Justicia depende no solo de la legalidad de sus decisiones, sino también de la confianza pública en que los jueces actúan sin presiones ni compromisos políticos que condicionen sus resoluciones.
En ese contexto, el Gobierno de Weretilneck tiene una responsabilidad política ineludible: explicar los criterios de selección de los funcionarios judiciales, garantizar la transparencia de los procedimientos y demostrar que los organismos de control conservan independencia real frente al poder.
La oposición, por su parte, deberá respaldar sus acusaciones con pruebas y utilizar las vías institucionales correspondientes para que las denuncias sean investigadas.
Río Negro no puede permitirse que la sospecha de una Justicia alineada con el poder se convierta en una característica permanente de su vida democrática. Porque cuando quienes deben controlar al Gobierno son percibidos como parte de su estructura política, lo que queda en discusión no es solamente el destino de un dirigente o de un bloque legislativo: es la credibilidad de las instituciones que deben garantizar la igualdad ante la ley.
Reformular el título para evitar una afirmación categórica
