Por orden de la Secretaría de Energía, el Estado abonará un 65% más que lo pactado en el Plan Gas para asegurar el abastecimiento de las termoeléctricas. La medida busca presionar a las empresas productoras a ofertar nuevamente, tras un silencio que encendió alarmas por posibles nuevas interrupciones.
(Data Clave).- El gobierno de Javier Milei decidió abrir la billetera estatal para frenar un problema que viene creciendo al ritmo del termómetro: el gas escasea y los cortes ya se sienten. Para evitar que la historia reciente de Mar del Plata (con barrios enteros, estaciones de GNC e industrias sin servicio) se repita, la Secretaría de Energía activó una operatoria a contramano de sus propios principios de ajuste.
Con la instrucción directa a Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el Estado pagará entre 7 y 7,5 dólares por millón de BTU a las productoras de gas, un valor 65% más caro que el pactado en el Plan Gas, que había sido diseñado para ofrecer precios competitivos y asegurar abastecimiento con previsibilidad.
La decisión fue tomada tras comprobar que ninguna empresa estaba dispuesta a ofertar al valor vigente de ese programa, lanzado en 2020 para estimular la producción nacional. Ante la falta de propuestas y con el recuerdo fresco de los apagones por falta de gas en los días más crudos de junio, la Secretaría que conduce María Tettamanti autorizó la compra a valores significativamente más altos. Eso sí: será exclusivamente para alimentar a las centrales termoeléctricas, un sector que representa más de un tercio del consumo total de gas del país.
Según reveló el sitio especializado EconoJournal, hasta ahora Cammesa ofrecía abonar el 90% del precio estipulado por el Plan Gas en subastas semanales organizadas por MEGSA. Pero la ola polar y el desinterés de las productoras forzaron una jugada más agresiva: pagar mucho más, con la expectativa de que las empresas vuelvan a vender el fluido.
La jugada, sin embargo, tiene doble filo. Por un lado, se busca evitar nuevos cortes y sincerar precios para no seguir dependiendo del humor de los productores. Pero, por el otro, se rompe la lógica del propio Estado: gastar más para sostener un sistema que fue recortado con motosierra y que ahora muestra su vulnerabilidad.
