En un episodio que quedará grabado como una de las páginas más oscuras de la historia institucional argentina, el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia han consumado la ruptura efectiva de la división de poderes. Lejos de ser un acto de justicia, la repentina “marcha atrás” del máximo tribunal sobre la extranjerización de tierras no es más que una maniobra cínica y calculada para descomprimir el estallido social, lavar su propia imagen y allanar el camino a los decretos inconstitucionales del Ejecutivo.
La investigación revela una verdad incómoda: la Corte Suprema se ha convertido, en los hechos, en una oficina adjunta de facto del gobierno de Javier Milei, subordinando la Constitución Nacional a los caprichos del Poder Ejecutivo y los intereses de los fondos de inversión.
La farsa del “giro” judicial
El martes pasado, la movilización de los Ex Combatientes de Malvinas (CECIM-La Plata) junto a organizaciones sociales y gremiales puso en evidencia la vergüenza institucional. Apenas días antes, el 29 de septiembre, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían cerrado la puerta a la justicia, rechazando por un formalismo la cautelar que impedía la derogación de la Ley de Tierras. Como denunció el ingeniero Fernando Magno del CECIM: “El mayor órgano de justicia produce una injusticia al tratar un procedimiento formal sin tratar el tema real de fondo, y nos anula la posibilidad de acceder a la justicia”.
Ante el rechazo unánime de la sociedad, los juristas y la calle, la Corte reaccionó con una velocidad inusual para sus propios estándares. Este viernes, en una sesión apresurada y con la incorporación de dos conjueces (Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci) para forzar una mayoría, anuló los efectos de su propia decisión con un voto de 4 a 1. El objetivo no fue defender la Constitución, sino salvar el mobiliario institucional antes de la marcha convocada para el jueves 15 de octubre, y quitarle un tema conflictivo de la mesa al Gobierno para facilitar sus negociaciones con los gobernadores (incluida la eliminación de las PASO).
Rosenkrantz y la máscara caída
El único voto en contra, el del juez Carlos Rosenkrantz, terminó de desnudar la maniobra. Con una arrogancia que ignora deliberadamente las leyes y principios ambientales, Rosenkrantz argumentó que “la mera referencia genérica al medio ambiente no puede convertirse en una coartada” y que “el descontento de la sociedad no justifica adoptar decisiones que la Constitución no permite”.
La ironía es demoledora: este mismo juez, históricamente asociado a corporaciones y fondos de inversión, y esta misma Corte, guardaron un silencio cómplice durante casi tres años sobre la inconstitucionalidad del DNU 70/23. Su indignación repentina por el “descontento social” no es más que la confesión de parte de un Poder Judicial domesticado, que solo se mueve cuando la presión de la calle amenaza con desbordar el plan económico y político del Ejecutivo.
El saqueo y la Constitución en la mira
Lo que está en juego no es solo el límite del 15% a la compra de tierras por parte de extranjeros. Lo que se debate es la supervivencia misma del Estado de Derecho. Mientras el Poder Legislativo es reducido a una escribanía que debe convalidar una “reforma constitucional masiva y regresiva” por decreto, el Gobierno avanza con otras operaciones de saqueo soberano.
Paralelamente, se promociona la venta de la ciudadanía argentina a través del llamado “pasaporte gold” por 350.000 dólares, un trámite que el propio Gobierno ha dejado en manos de una empresa británica. Un mecanismo que permite que magnates extranjeros esquiven nuestras leyes y se conviertan en “compatriotas” a precio de remate, burlando cualquier intento de regulación nacional.
La calle, el último dique de contención
El encadenamiento de papelones institucionales no debe ocultar lo esencial: la división de poderes ha sido fracturada. La “corrección” de la Corte es un parche temporal que puede volverse atrás en cualquier momento, según las nuevas conveniencias y negocios que el Poder Ejecutivo y el poder económico dicten.
Por eso, la convocatoria a la marcha del 15 de octubre no solo se mantiene vigente, sino que se vuelve más urgente que nunca. Ese día, mientras Diputados discute si deja sin efecto el DNU 70/23, se debate la Emergencia en Discapacidad, la Ley de Financiamiento Universitario y la morosidad masiva de las familias, las calles volverán a ser el único contrapeso real frente a un Gobierno y un Poder Judicial que han decidido avanzar juntos contra la Constitución Nacional.
La República no se negocia: se defiende. Y la historia ya ha tomado nota de quiénes fueron los que le pusieron el cartel de “venta” al país.
Nota: Esta crónica se basa en la investigación y análisis publicados por el periodista Sergio Ciancaglini en el portal periodístico La Vaca (lavaca.org), quien ha documentado con precisión los entretelones de esta crisis institucional.
