La investigadora del INTA y el Conicet podría ser exonerada luego de participar en un proyecto internacional que estudió la presencia de plaguicidas en el ambiente y en muestras humanas. El mismo organismo que acompañó inicialmente el proyecto terminó ordenando su salida. La científica sostiene que detrás del sumario hay un intento de disciplinamiento y advierte sobre el riesgo de autocensura en la investigación pública.
Hay episodios que permiten observar con particular nitidez qué lugar ocupa la ciencia en las prioridades de un gobierno. El caso de Virginia Carolina Aparicio, investigadora del Conicet y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), vuelve a poner esa discusión sobre la mesa.
Aparicio, especialista en suelos, producción agropecuaria y plaguicidas, enfrenta un proceso administrativo que podría terminar con su exoneración de la Administración Pública Nacional. Según publicó Página/12, la investigadora fue informada de manera extraoficial sobre esa posibilidad y sostiene que las acusaciones que pesan sobre ella no justifican semejante medida. (Página|12)
“Me quieren quitar mi identidad científica”, afirmó Aparicio al diario. También planteó que el objetivo podría exceder su caso particular: generar temor entre otros investigadores para que determinados temas considerados sensibles dejen de ser estudiados.
El conflicto tiene como telón de fondo una investigación que incomoda a determinados intereses económicos: conocer qué ocurre con los plaguicidas una vez que son aplicados sobre los campos y cómo pueden afectar al suelo, el agua, los ecosistemas y la salud.
Del orgullo institucional al sumario
Uno de los elementos más llamativos del caso es la historia del proyecto SPRINT, acrónimo de Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach.
El programa comenzó formalmente en 2020 con financiamiento de la Unión Europea y reunió a instituciones científicas de diez países europeos, junto con investigadores argentinos del INTA y la FAO. El objetivo era desarrollar herramientas para evaluar los riesgos derivados de los plaguicidas y avanzar hacia formas más sostenibles de protección vegetal.
El propio INTA difundió en su momento el proyecto. En una publicación institucional aparece Virginia Aparicio como una de las responsables vinculadas a la investigación argentina y se explica que SPRINT buscaba evaluar el impacto de los plaguicidas sobre la salud humana y ambiental. (Repositorio INTA)
La contradicción resulta difícil de ignorar: aquello que en 2020 podía presentarse como una oportunidad para que la ciencia argentina participara de un consorcio internacional de investigación, años después terminó convirtiéndose en el eje de un expediente administrativo contra una de sus investigadoras.
Aparicio sostiene que el proyecto permitió conseguir recursos internacionales en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias para el sistema científico y tecnológico argentino. Según su testimonio, el programa recibió unos 14 millones de euros en total y una parte correspondió al INTA.
La investigadora afirma además que los fondos destinados al organismo ingresaron por los canales institucionales correspondientes y que tanto la rendición realizada en Argentina como la presentada posteriormente en Europa fueron auditadas favorablemente. Cuando el Gobierno decidió en 2024 que el INTA debía abandonar el proyecto, sostiene Aparicio, incluso se devolvió el dinero que no había sido utilizado. (Página|12)
¿Qué investigaba Aparicio?
El objeto de estudio no era precisamente menor.
El trabajo buscaba determinar la presencia y distribución de plaguicidas en diferentes componentes del ambiente y analizar la denominada “ruta del plaguicida”: cómo esos productos pueden desplazarse por los suelos, el agua, los alimentos y otros organismos.
En Argentina, el equipo analizó más de 200 plaguicidas en distintas muestras ambientales, animales y humanas, según el relato publicado por Página/12. La investigación también examinó la presencia simultánea de diferentes sustancias, un aspecto relevante porque la exposición real de las personas y los ecosistemas no necesariamente ocurre frente a un único compuesto aislado. (Página|12)
La producción científica vinculada a Aparicio tampoco surgió de un episodio aislado. El repositorio institucional del INTA registra, por ejemplo, trabajos suyos sobre el destino ambiental de los plaguicidas y sobre contaminación de aguas destinadas al consumo humano. Un estudio publicado en Environmental Challenges analizó 53 plaguicidas y productos de degradación en agua potable argentina y señaló la necesidad de actualizar los sistemas de monitoreo. (Repositorio INTA)
Es decir: no se trata de una investigadora que apareció ayer con una denuncia circunstancial. Existe detrás una trayectoria de investigación sostenida durante años.
El punto de quiebre
El conflicto habría comenzado a profundizarse cuando los resultados del proyecto SPRINT empezaron a acumular información sobre la presencia de plaguicidas.
Según Aparicio, en 2023 las autoridades del INTA impidieron una reunión prevista con productores para presentar los resultados obtenidos. Al año siguiente, el organismo decidió retirarse del consorcio internacional y posteriormente se inició una investigación sumarial contra la científica. (Página|12)
Ahora, el proceso podría desembocar en la máxima sanción administrativa: la exoneración.
El abogado de Aparicio, Mario Bolla, explicó que el sumario podría derivar en su expulsión del empleo público e incluso impedir su reingreso a la Administración Pública Nacional. (Página|12)
Las acusaciones, según la investigadora, permanecen bajo secreto de sumario. Ella sostiene que no existe un perjuicio económico para el Estado y que cuenta con documentación para demostrarlo.
Aquí aparece una pregunta que excede ampliamente el expediente individual: ¿qué ocurre cuando una institución pública que financió y promovió una investigación termina considerando problemática la información producida por esa misma investigación?
Investigar aquello que incomoda
El conflicto adquiere una dimensión política porque el estudio de los agroquímicos atraviesa uno de los principales sectores económicos del país.
Argentina posee una estructura productiva fuertemente vinculada a la agricultura extensiva y al complejo agroexportador. Investigar los efectos ambientales y sanitarios de los productos utilizados en ese modelo no implica, por sí mismo, adoptar una posición contra la producción agropecuaria. Significa generar evidencia para conocer sus consecuencias y permitir que las políticas públicas se apoyen en información científica.
El propio material institucional del INTA sobre SPRINT señalaba que el uso de plaguicidas representa un riesgo para la salud humana y ambiental y presentaba al proyecto como una iniciativa orientada a evaluar esos impactos. (Repositorio INTA)
Por eso, el caso de Aparicio plantea una contradicción particularmente incómoda para la política científica del Gobierno de Javier Milei: si investigar los efectos de los plaguicidas era una tarea científica legítima cuando el proyecto recibía financiamiento internacional y contaba con respaldo institucional, ¿qué cambió para que esa misma investigación terminara convirtiéndose en fundamento de un sumario?
La respuesta definitiva deberá surgir del expediente y del debido proceso. Pero la pregunta ya está instalada.
La ciencia pública como blanco
En septiembre de 2026, Página/12 informó que Aparicio se encuentra al borde de la expulsión y presentó el caso como parte de un escenario de tensión entre investigación científica y decisiones institucionales dentro del INTA. (Página|12)
Frente a esta situación comenzó a circular una carta de respaldo a la investigadora en la que organizaciones, instituciones y personas expresan preocupación por una eventual exoneración y reivindican el derecho a investigar, producir conocimiento y comunicar resultados con libertad, responsabilidad y transparencia.
La discusión, entonces, ya no se limita a Virginia Aparicio.
Se trata de determinar si en la Argentina de hoy una investigadora puede estudiar durante años los efectos de los plaguicidas, obtener financiamiento internacional, publicar resultados y desarrollar una trayectoria científica reconocida y, sin embargo, terminar enfrentando la posibilidad de ser expulsada del Estado precisamente por el proyecto que alguna vez fue presentado como una experiencia valiosa para la ciencia argentina.
El mensaje que transmite un episodio de estas características puede exceder ampliamente a quien está sentada frente a un expediente. Si investigar determinados temas puede terminar poniendo en riesgo la carrera de quien los estudia, la amenaza de la sanción puede convertirse, aun sin una orden explícita, en una forma de disciplinamiento.
Y allí aparece el problema de fondo: la ciencia pública pierde sentido si solamente puede investigar aquello que no incomoda a quienes gobiernan o a los sectores con capacidad de presión.
La investigación científica no debería funcionar como una oficina de propaganda de ningún gobierno ni como una herramienta al servicio automático de ningún interés económico. Su función es precisamente producir conocimiento, incluso cuando ese conocimiento obliga a revisar prácticas consolidadas.
El caso Aparicio expone una paradoja difícil de pasar por alto. Mientras el Gobierno nacional reivindica recurrentemente la libertad como uno de sus principios políticos, una investigadora denuncia que podría perder su carrera pública por desarrollar investigaciones sobre un problema ambiental y sanitario de relevancia.
La última palabra deberá estar en el expediente y, eventualmente, en la Justicia. Pero mientras tanto queda una pregunta que debería interpelar a toda la sociedad: ¿qué clase de país pretende construirse cuando investigar aquello que afecta al ambiente y a la salud puede terminar siendo considerado una falta?
Porque una cosa es discutir los resultados de una investigación. Otra, muy diferente, es castigar a quien se atreve a hacer las preguntas.
