El proyecto presentado en la Legislatura busca integrar en una única plataforma datos territoriales, ambientales, económicos, presupuestarios y de infraestructura. La herramienta podría mejorar la planificación y anticipar emergencias, pero también abre interrogantes sobre ciberseguridad, privacidad, soberanía de los datos, dependencia tecnológica y uso político de la información.
Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone crear un Sistema Provincial de Gemelo Digital para la Gestión Integral del Territorio, una plataforma tecnológica que concentraría información proveniente de organismos públicos, catastros, sistemas geográficos, imágenes satelitales, sensores y bases de datos oficiales.
La iniciativa es impulsada por el legislador Juan Martín (PRO-Unión Republicana) y cuenta con el acompañamiento de Juan Murillo Ongaro, Ofelia Stupenengo y María Laura Frei.
El objetivo declarado es transformar información actualmente dispersa entre distintas dependencias estatales en una representación virtual y dinámica de la provincia, capaz de monitorear el territorio, analizar problemas, simular escenarios y proyectar los posibles efectos de las políticas públicas.
Pero la magnitud de la propuesta también plantea una discusión que excede la cuestión tecnológica: cuanto más información estratégica se concentra en una plataforma, mayores son las consecuencias de una eventual filtración, manipulación, utilización indebida o ataque contra ese sistema.
Mucho más que un mapa tridimensional
Un gemelo digital es una representación virtual de un territorio, infraestructura o sistema físico que se actualiza a partir de datos reales.
En el caso de Río Negro, el modelo podría incorporar información ambiental, social, económica, tributaria, presupuestaria y de infraestructura.
La plataforma podría, por ejemplo, simular una inundación antes de que ocurra, determinar qué sectores podrían resultar afectados por un incendio forestal, evaluar el impacto de una obra pública o analizar las consecuencias territoriales de un proyecto minero o energético.
La idea central consiste en simular antes de ejecutar, utilizando información disponible para anticipar riesgos y consecuencias.
Sin embargo, la misma capacidad que permitiría mejorar la planificación estatal podría generar nuevos riesgos si no existen controles institucionales, tecnológicos y legales suficientemente robustos.
Hospitales, escuelas, rutas, energía y recursos naturales
El proyecto contempla integrar una enorme variedad de información pública.
Entre los componentes previstos aparecen el Catastro Provincial, recursos hídricos, infraestructura vial, hospitales, escuelas y redes eléctricas.
También podrían incorporarse datos sobre gasoductos, poliductos y acueductos; puertos y aeropuertos; minería e hidrocarburos; ordenamiento territorial; Defensa Civil; condiciones climáticas; población y estadísticas provinciales.
La plataforma tendría además vinculación con el Centro de Monitoreo de Emergencias 911.
En materia económica, incluiría información sobre el Producto Bruto Geográfico y datos tributarios clasificados por impuesto, localidad y actividad económica.
La amplitud de esta integración constituye precisamente una de las principales fortalezas del proyecto, pero también uno de sus mayores desafíos: un sistema que conoce cómo funciona buena parte del territorio provincial puede convertirse en un activo estratégico de enorme valor para un Estado, pero también en un objetivo igualmente estratégico para quienes pretendan vulnerarlo.
El presupuesto bajo una lupa digital
Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa es la incorporación de información presupuestaria detallada.
El gemelo digital mostraría los recursos presupuestados y efectivamente ejecutados por organismo, programa y meta, tanto en unidades monetarias como físicas.
De esta manera, la ciudadanía podría conocer no solamente cuánto dinero fue asignado a una determinada política pública, sino también qué resultados concretos se obtuvieron.
El sistema buscaría además aportar información para anticipar el comportamiento de la economía provincial, ordenar las cuentas públicas y reprogramar objetivos financieros o de desarrollo.
En este punto, el proyecto podría convertirse en una herramienta de transparencia particularmente importante, siempre que los datos sean accesibles, comprensibles y efectivamente auditables por la sociedad.
El lado oscuro de la centralización de datos
La implementación de un gemelo digital estatal presenta una diferencia fundamental respecto de su utilización en una empresa privada: en este caso están involucrados la soberanía sobre los datos públicos, los derechos ciudadanos y, potencialmente, aspectos de seguridad nacional.
Centralizar información estratégica puede generar una nueva superficie de vulnerabilidad.
Un objetivo para el ciberdelito y la guerra digital
Un ataque informático contra una plataforma de estas características podría tener consecuencias mucho mayores que el robo convencional de una base de datos.
Si el sistema contiene información sobre redes eléctricas, agua, transporte, hospitales, comunicaciones, infraestructura energética, rutas, gasoductos, poliductos o sistemas de emergencia, una intrusión podría permitir conocer con precisión el funcionamiento de infraestructura crítica.
El riesgo no se limita entonces a la pérdida de información: la manipulación o indisponibilidad de los datos podría afectar la capacidad del Estado para responder ante una emergencia.
La plataforma podría convertirse, por esa razón, en un objetivo atractivo para ciberdelincuentes, organizaciones criminales o incluso actores estatales extranjeros.
Soberanía tecnológica bajo la lupa
Otro punto crítico es la dependencia tecnológica.
Si el desarrollo, almacenamiento, procesamiento o mantenimiento de la plataforma queda en manos de empresas extranjeras, el Estado podría perder capacidad de control sobre información considerada estratégica.
La cuestión no pasa únicamente por quién posee físicamente los servidores. También importa quién desarrolla el software, quién tiene acceso al código, quién administra las actualizaciones, quién puede acceder a los datos y qué condiciones establecen los contratos con los proveedores.
La soberanía digital, en ese sentido, debería formar parte central de cualquier discusión sobre un sistema que aspire a convertirse en infraestructura permanente del Estado provincial.
Cuando la herramienta de planificación puede convertirse en herramienta de vigilancia
La capacidad de monitorear en tiempo real flujos de personas, vehículos, servicios e infraestructura abre otra discusión sensible: la privacidad.
Aunque el proyecto establece que deberá respetar las normas sobre protección de datos personales y aclara que no busca incorporar información privada de los ciudadanos, la acumulación y combinación de múltiples bases de datos puede generar riesgos que deben ser considerados desde el diseño mismo del sistema.
Información que originalmente fue recopilada para mejorar el transporte, gestionar una emergencia o planificar servicios públicos podría, en determinadas circunstancias, terminar utilizándose con finalidades diferentes.
El denominado “uso dual” de los datos constituye uno de los principales riesgos de las grandes plataformas estatales: información diseñada para mejorar la gestión puede terminar siendo utilizada para vigilancia, control excesivo de la población o seguimiento de determinadas actividades sociales y políticas.
Por eso, no alcanza con establecer que los datos serán utilizados con fines legítimos. También resulta necesario definir quién puede acceder a ellos, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo y con qué mecanismos de auditoría.
El algoritmo tampoco es neutral
Otro riesgo se encuentra en los modelos predictivos y en la incorporación de inteligencia artificial que contempla el proyecto.
Un sistema de IA aprende a partir de datos. Si esos datos históricos contienen sesgos, desigualdades o errores, el algoritmo puede reproducirlos e incluso amplificarlos.
Por ejemplo, una herramienta predictiva podría recomendar una mayor presencia policial en determinados barrios basándose en registros históricos que ya reflejan una vigilancia desigual. Del mismo modo, podría priorizar determinadas obras o recursos utilizando indicadores que no contemplen adecuadamente las necesidades sociales de una comunidad.
Existe así un riesgo de automatización de la discriminación.
La tecnología puede aportar información para tomar decisiones, pero no debería convertirse en una autoridad política en sí misma.
El riesgo de una administración gobernada por el simulador
Un gemelo digital puede calcular variables, proyectar escenarios y establecer probabilidades.
Pero no puede cuantificar completamente cuestiones como el impacto social de una decisión, las prioridades de una comunidad, las desigualdades históricas o los derechos que pueden verse afectados por una determinada política.
Existe por ello el riesgo de una gobernanza excesivamente tecnocrática, donde las decisiones políticas terminen justificándose exclusivamente porque “lo dice el modelo”.
La tecnología debería ser una herramienta para la decisión democrática y no un sustituto de ella.
Dependencia y costos: el otro desafío
Mantener un gemelo digital actualizado exige recursos constantes.
Un modelo que representa un territorio real pierde rápidamente utilidad si sus datos quedan desactualizados. Por eso, el costo no se limita a la creación inicial de la plataforma: implica servidores, sensores, conectividad, software, especialistas, mantenimiento, actualización de bases y medidas permanentes de ciberseguridad.
También aparece el riesgo de generar una dependencia prolongada respecto de determinados proveedores tecnológicos.
Los contratos públicos deberían contemplar, entre otras cuestiones, interoperabilidad, estándares abiertos, portabilidad de los datos, acceso estatal al conocimiento técnico y mecanismos que eviten quedar atados indefinidamente a una empresa determinada.
De lo contrario, una iniciativa concebida para modernizar el Estado podría terminar creando un nuevo monopolio tecnológico.
Un portal abierto para la ciudadanía
El proyecto propone que la información que no sea confidencial se publique mediante un Portal Provincial de Datos Abiertos.
La ciudadanía podría acceder a visualizaciones tridimensionales, indicadores ambientales, avances de proyectos estratégicos y niveles de ejecución presupuestaria.
También se prevé que determinados proyectos de infraestructura, minería, energía o desarrollo territorial incorporen simulaciones digitales abiertas.
Esta dimensión podría fortalecer la transparencia y la participación ciudadana, siempre que la apertura de información sea real y que las herramientas permitan comprender los datos y no simplemente visualizarlos de manera técnicamente sofisticada.
Protección de los datos y controles independientes
El texto establece que la implementación deberá respetar las normas nacionales y provinciales sobre protección de datos personales, acceso a la información pública, transparencia y seguridad informática.
También señala que la información integrada solamente podrá utilizarse con fines de planificación, administración, fiscalización, monitoreo, evaluación y transparencia.
Sin embargo, dada la magnitud del sistema proyectado, el debate legislativo podría resultar una oportunidad para discutir mecanismos específicos de control y auditoría, protocolos de respuesta ante incidentes, límites de acceso, trazabilidad de las consultas realizadas por funcionarios y garantías frente a usos indebidos.
El principio debería ser sencillo: cuanto mayor sea la capacidad de información del Estado, mayores deben ser también los controles sobre el Estado.
Un laboratorio para la inteligencia artificial
El proyecto propone crear, dentro del Ministerio de Modernización, un Laboratorio Provincial de Innovación Territorial.
El organismo tendría a su cargo el desarrollo de modelos predictivos, la incorporación de inteligencia artificial, la interoperabilidad entre organismos y la coordinación de experiencias piloto.
El Poder Ejecutivo podría celebrar convenios con universidades públicas y privadas, municipios, empresas estatales, organismos internacionales y entidades nacionales como CONICET, INVAP, INTA y SEGEMAR.
La participación de instituciones científicas y tecnológicas podría aportar capacidades técnicas relevantes, aunque también debería quedar claramente establecido quién controla los datos, quién audita los algoritmos y bajo qué condiciones se comparten los resultados.
Cómo se financiaría
El sistema podría financiarse mediante partidas del presupuesto provincial, aportes no reintegrables del Gobierno nacional, programas internacionales, convenios con organismos públicos, donaciones y cooperación técnica.
Los municipios rionegrinos serían invitados a adherir a la eventual ley e incorporar sus propias bases de datos.
Si la iniciativa es aprobada y promulgada, el Poder Ejecutivo tendría 180 días para reglamentarla.
Una oportunidad tecnológica que exige controles políticos
Entre los antecedentes mencionados por los autores aparecen Virtual Singapore, que integra información territorial y edilicia en una representación tridimensional actualizada, y el uso de gemelos digitales por parte de YPF en la región de Vaca Muerta para mejorar procesos vinculados con la construcción, el mantenimiento y la seguridad de instalaciones.
La propuesta rionegrina abre, por lo tanto, una posibilidad concreta de modernización del Estado: disponer de una representación digital del territorio para anticipar emergencias, mejorar obras, administrar recursos, transparentar presupuestos y evaluar políticas antes de ejecutarlas.
Pero la misma herramienta puede concentrar una cantidad extraordinaria de información estratégica.
El desafío no será únicamente crear el gemelo digital, sino establecer quién lo controla, quién puede acceder a sus datos, cómo se protege frente a ataques, qué límites tendrá la inteligencia artificial, cómo se evita la vigilancia indebida y cómo se garantiza que la tecnología permanezca subordinada a las decisiones democráticas.
Porque en la era de los Estados digitalizados, tener más datos puede significar tener un Estado más eficiente, pero también un Estado con una capacidad de vigilancia y control mucho mayor.
Por eso, si Río Negro avanza hacia su propio gemelo digital, la discusión legislativa deberá contemplar no solamente sus beneficios tecnológicos, sino también las garantías necesarias para evitar que una herramienta concebida para conocer mejor el territorio termine otorgándole al poder público una capacidad de conocer, controlar y predecir demasiado sobre quienes viven en él.
Con Información de Quorum
