La disputa por la desregulación del servicio de practicaje y pilotaje escaló hasta paralizar parte de la actividad portuaria. Los profesionales rechazan el proyecto impulsado por el Gobierno para flexibilizar su actividad y permitir que determinados buques extranjeros naveguen sin asistencia de prácticos. La Prefectura Naval Argentina los intimó a retomar de inmediato el servicio y advirtió que podrían iniciarse denuncias penales y sumarios administrativos.
La pulseada entre el Gobierno y los prácticos navales entró en una fase crítica y amenaza con impactar directamente sobre el comercio exterior argentino. Los profesionales decidieron paralizar sus actividades en rechazo al proceso de desregulación impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mientras la Prefectura Naval Argentina los intimó a reanudar inmediatamente la prestación del servicio bajo advertencia de posibles consecuencias penales.
De acuerdo con la información difundida por el portal La Política Online (LPO), la medida de fuerza afecta el movimiento de buques cerealeros y de embarcaciones que transportan insumos y equipamiento destinados a Vaca Muerta. La interrupción no alcanzaría, en principio, a los buques regasificadores ni a los petroleros, debido al riesgo que implica mantener detenidas en puerto embarcaciones cargadas con combustibles.
El conflicto se origina en el proyecto de decreto que impulsa Sturzenegger para modificar el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, una actividad considerada estratégica para la navegación en puertos y vías fluviales. La iniciativa oficial busca reducir los costos logísticos del comercio exterior mediante una mayor apertura y una menor intervención estatal en la regulación tarifaria.
Sin embargo, el proyecto generó fuertes cuestionamientos entre los trabajadores y empresarios del sector y despertó preocupación en ámbitos vinculados a la seguridad marítima y la defensa nacional. Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de ampliar las condiciones bajo las cuales determinados buques pueden navegar sin la asistencia obligatoria de un práctico argentino.
El perito naval Fernando Morales cuestionó duramente la iniciativa en declaraciones a LPO y sostuvo que la desregulación no apunta únicamente a reducir costos, sino que también flexibiliza aspectos vinculados con la seguridad de la navegación.
Según explicó, el proyecto permitiría aumentar la eslora de los buques que pueden circular por aguas argentinas sin tomar prácticos y flexibilizaría la obligatoriedad de que el profesional que cumple esa función sea ciudadano argentino. De acuerdo con su interpretación, capitanes extranjeros podrían quedar exceptuados del servicio si acreditan mediante declaración jurada haber transitado determinadas zonas en reiteradas oportunidades durante los últimos tres años.
Para Morales, esta modificación introduce un criterio arbitrario respecto de qué embarcaciones quedan bajo supervisión directa de un representante del Estado y cuáles pueden prescindir de ella. El especialista recordó que el práctico, además de asistir técnicamente al capitán, actúa como delegado de la autoridad pública cuando se encuentra a bordo de un buque extranjero.
EL ARGUMENTO DEL COSTO
Uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno para avanzar con la reforma es el elevado costo que, según Sturzenegger, representa el servicio de los prácticos para la producción argentina.
Morales rechazó esa explicación y aseguró que el planteo oficial parte de una premisa equivocada. Según sostuvo, el productor agropecuario no es quien paga directamente los honorarios del práctico, sino que ese costo corresponde a la empresa naviera encargada del transporte de la carga.
“El honorario del práctico no lo paga el productor, lo paga la naviera que hace el flete”, explicó el especialista, quien remarcó que se trata, en muchos casos, de empresas extranjeras que ingresan divisas al país para contratar el servicio.
Desde su perspectiva, eliminar o flexibilizar la obligatoriedad del practicaje tampoco garantiza una reducción del precio final del transporte marítimo. Morales argumentó que las tarifas de los fletes internacionales están determinadas principalmente por factores como la oferta y demanda de bodega y las distancias recorridas, por lo que el ahorro eventual en el costo del practicaje no necesariamente se trasladaría al productor o al consumidor.
El presidente de la Liga Naval también cuestionó el supuesto impacto que tendría la medida sobre el precio del transporte. Planteó, como ejemplo, que un buque podría ser programado para ingresar a Buenos Aires con un capitán que conoce la zona y prescindir del práctico, pero que una eventual sustitución de ese capitán por otro que desconozca las aguas locales no modificaría automáticamente la tarifa pactada para el flete.
PUERTOS PARALIZADOS Y TENSIÓN CON PREFECTURA
Mientras la discusión política y técnica continúa, la medida de fuerza ya comenzó a generar consecuencias concretas en la actividad portuaria.
“Hoy tenemos todo parado y lo vamos a seguir teniendo”, advirtió Morales. Según su descripción, se encuentran demorados buques cerealeros y embarcaciones que transportan elementos necesarios para las operaciones vinculadas con Vaca Muerta.
La situación llevó a la Prefectura Naval Argentina a emitir una intimación formal dirigida a los prácticos para que retomen “de inmediato” la prestación del servicio de practicaje y pilotaje.
El organismo sostuvo que la falta de profesionales disponibles está impidiendo la asistencia a los buques y afecta la continuidad de una actividad considerada servicio público. En ese sentido, recordó que el artículo 99 de la Ley de Navegación N.º 20.094 establece que el practicaje en aguas jurisdiccionales argentinas constituye un servicio público regulado y controlado por la autoridad marítima.
La Prefectura también señaló que, en su carácter de autoridad de aplicación operativa del Decreto N.º 690/2026 y responsable del control disciplinario del servicio, promoverá de oficio las denuncias penales correspondientes e iniciará los sumarios administrativos previstos por el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) ante eventuales incumplimientos.
La intimación exige además que los profesionales pongan sus servicios a disposición “sin condicionamiento alguno” y asegura que están garantizadas las condiciones de seguridad necesarias para el traslado, embarque y desembarque de los prácticos.
La advertencia más severa aparece en el tramo final del documento: la Prefectura sostiene que cualquier acción u omisión dolosa destinada a adherir o facilitar una medida de fuerza que interrumpa el servicio podría quedar comprendida en los delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte contemplados en el Código Penal.
En particular, menciona el artículo 190, que establece penas de entre dos y ocho años de prisión para quien, a sabiendas, ejecute actos que pongan en peligro la seguridad de una nave o construcción flotante.
La disputa, así, dejó de ser una discusión sectorial sobre tarifas y costos logísticos. El enfrentamiento pone en el centro del debate el modelo de desregulación impulsado por el Gobierno, el rol del Estado en el control de las vías navegables y la seguridad de una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior.
Mientras el Ejecutivo sostiene que la apertura del mercado permitirá abaratar costos y mejorar la competitividad, los prácticos y sectores vinculados a la actividad naval advierten que la flexibilización podría debilitar los controles sobre la navegación. En el medio, la paralización amenaza con afectar el movimiento de cargas agrícolas y el abastecimiento de insumos para Vaca Muerta, mientras la Prefectura endurece su posición y pone sobre la mesa la posibilidad de avanzar con sanciones administrativas y acciones penales.
