En medio de una fuerte polémica que atraviesa a la opinión pública y a los organismos de derechos humanos, el Senado emitió su dictamen sobre el paquete legislativo impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. La llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, ya bautizada por críticos, especialistas y movimientos sociales como la “Ley de Extranjerización”, modifica los engranajes centrales de cinco normativas clave que regulan el acceso a la tierra, la vivienda y los recursos naturales.
Lejos de ser una mera actualización burocrática, el proyecto —según advierten desde la oposición y organizaciones territoriales— impone una hegemonía absoluta del capital por sobre el derecho público, reduciendo drásticamente las herramientas del Estado y comprometiendo la soberanía nacional sobre sus recursos más estratégicos.
A continuación, un análisis de las aristas más críticas del proyecto y las correcciones que introdujo el Senado en su dictamen.
Tierras y Agua: el fin de los límites y los “estados dentro del Estado”
El corazón de la controversia reside en la modificación de la Ley de Tierras (26.737). El texto original de Sturzenegger eliminaba el límite del 15% del territorio nacional, provincial y municipal que podían adquirir extranjeros, y derogaba las trabas en las Zonas de Seguridad de Fronteras. Además, habilitaba la compra de tierras que encierran cursos y espejos de agua, un recurso que hasta ahora estaba protegido por razones de soberanía y derecho público de acceso.
Si bien el Senado introdujo un freno al otorgar a las provincias la facultad de autorizar, regular o vetar estas ventas dentro de su jurisdicción, el proyecto mantiene una peligrosa puerta giratoria: aunque prohíbe la compra por parte de Estados extranjeros, admite que el Ejecutivo nacional pueda levantar esta prohibición si determina que la operación no representa un “riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”.
Críticos del proyecto señalan que esta flexibilización consolida un mapa geopolítico alarmante. Hoy, los casos de mayor concentración de propiedad extranjera —que ya exceden los límites legales vigentes— se observan en los humedales mesopotámicos, las costas del Río Paraná, los departamentos mineros de Salta y el Noroeste, y la cordillera patagónica. En estas regiones, denuncian organismos ambientalistas, “reinan enclaves extranjerizados con virtuales ejércitos privados y control político determinante sobre los municipios circundantes, funcionando como verdaderos estados dentro del Estado”.
Manejo del Fuego: la especulación sobre las cenzas
La Ley de Manejo del Fuego (26.815) fue otro blanco central. La normativa vigente, sancionada en 2020, establecía una veda de 60 años para cambiar el uso del suelo en bosques incendiados y de 30 años en zonas rurales, una barrera fundamental para evitar que el fuego sea utilizado como herramienta de especulación inmobiliaria y desmonte ilegal.
El proyecto original de Sturzenegger buscaba desaparecer todo condicionamiento. Tras el debate en comisiones, el Senado logró mantener la veda de 60 años para los bosques nativos. Sin embargo, se eliminó el plazo de 30 años de veda para la venta o cambio de uso en tierras rurales agrícolo-ganaderas. Históricamente, en regiones como la Cordillera, los incendios forestales han sido utilizados para liberar territorio y llevar adelante grandes negociados inmobiliarios y agroindustriales sobre las cenizas.
Expropiaciones: el Estado atado de manos
Enemigo acérrimo de la intervención estatal, el proyecto modifica la Ley de Expropiaciones (21.499) para llevarla a su mínima expresión. Se impone una definición restrictiva de “utilidad pública” y se erigen barreras económicas y burocráticas que convierten la expropiación en un “interminable y costoso vía crucis” para cualquier gobierno que quiera iniciar una obra de infraestructura o beneficio social.
El cambio más controversial es la incorporación del lucro cesante (la ganancia que el propietario deja de percibir) a la indemnización, sumado a la actualización por inflación más una “tasa de interés comercial razonable”. Además, el bien no pasará a manos del Estado hasta que no se pague íntegramente la indemnización, paralizando de facto la capacidad del Estado para planificar el territorio urbano, suburbano y rural.
Desalojos y Barrios Populares: la vulneración habitacional
En materia de desalojos, el proyecto original planteaba ejecuciones en un plazo mínimo de 72 horas, por sola denuncia y sin audiencia de defensa. El Senado extendió el plazo de intimación previa de 3 a 10 días, pero el núcleo de la reforma permanece: se convierte el proceso en un trámite sumarísimo y se elimina la caución real (garantía patrimonial), reemplazándola por una simple declaración jurada del propietario.
Opositores y referentes de derechos humanos apuntan directamente contra las políticas de ejecución urbana, tomando como ejemplo brutal al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuyos desalojos con suma violencia policial y sin órdenes judiciales fundadas son, según denuncian, la antesala de lo que esta ley habilita a nivel nacional.
En cuanto a la Ley de Integración Sociourbana y el RENABAP, el Gobierno original buscaba terminar con la suspensión de desalojos en barrios populares y bloquear la declaración de utilidad pública de sus tierras. El Senado dio marcha atrás con este capítulo: se mantiene la suspensión total de desalojos hasta octubre de 2032 y la potestad estatal para expropiar y regularizar estos terrenos.
Sin embargo, críticos advierten que esta “cáscara vacía” no cambia la realidad material de los barrios. El Gobierno nacional ya había eliminado en 2024 el Fondo de Integración Sociourbana (Fisu), que financiaba obras y mejoras. “Ahora avanzan para darle el tiro de gracia a una iniciativa exitosa”, sostienen desde las organizaciones de villas y asentamientos, que ven cómo se les quita el derecho a la ciudad mientras se blinda la propiedad privada especulativa.
Una encrucijada soberana
El dictamen del Senado deja en evidencia la puja interna y la presión de los sectores económicos que impulsan la desregulación total. Con la mirada puesta en la soberanía sobre el agua, los bosques y el territorio, el proyecto de Sturzenegger deja al descubierto un modelo de país donde el capital privado, nacional o extranjero, dicta las reglas de juego, mientras el Estado renuncia a su rol de garante de los derechos sociales y protector de los recursos estratégicos de la nación.
